Las clínicas y hospitales, y por
supuesto los pacientes de estas, podrían quedarse
sin los servicios de cirugía electiva si no se resuelve
un problema entre estos especialistas y las EPS, partes
que no han logrado concertar frente al incremento de los
honorarios.
Si bien la Ley 6 de 1991 faculta a los anestesiólogos
para que fijen las tarifas de sus servicios, tradicionalmente
esto se venía haciendo de manera concertada con las
EPS y las empresas de medicina prepagada, buscando un punto
medio que no afectara ninguna de las partes en el contexto
de nacimiento y consolidación de las Empresas Promotoras
de Salud dentro del marco de la Ley 100 de 1993.
"Al principio fuimos supremamente flexibles pues las
empresas estaban empezando y arrojaban pérdidas,
por eso, normalmente estábamos por debajo de los
niveles de inflación en los incrementos; sin embargo,
este año fue supremamente complicado intercambiar
ideas y llegar a un acuerdo, pues las EPS no aceptaron nuestra
propuesta de un incremento del 6%, la cual está por
debajo del IPC al 31 de diciembre del 2001, el cual fue
del 8.04%", explica el doctor Carlos Mejía,
miembro de la Sociedad Antioqueña de Anestesiología.
Decisión unilateral
Lo anterior llevó en el Departamento de Antioquia
a que los anestesiólogos fijaran en forma unilateral
sus tarifas a partir del pasado 15 de febrero, lo que obliga
a las EPS a res-ponder.
Para el doctor Carlos Mejía, la consecuencia de esta
decisión podría estar en el rechazo por parte
de las EPS de las cuentas de cobro de los anestesiólogos,
lo que significaría rechazar en su totalidad las
facturas de las IPS, pues los honorarios de estos profesionales
están contenidos dentro de una cuenta totalizada.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Antioqueña
de Anestesiología, Francisco Javier Gómez,
indicó que "teóricamente ellos tendrían
que glosar las cuentas por la parte de anestesia, sin embargo,
las EPS en ocasiones involucran a los demás actores
y procesos que tienen que ver en una intervención
quirúrgica, afectando al sector, lo que podría
ser sancionado por la Superintendencia de Salud".
De otro lado, este especialista agregó que con esta
decisión, se recurre a un mecanismo muy socorrido
por este tipo de empresas, cual es el de dejar de pagar
las cuentas o retardar los pagos.
"Las EPS están pretendiendo negociar directamente
con las clínicas todo el paquete, pero nosotros no
aceptamos eso, porque la legislación nos permite
que seamos los anestesiólogos los que acordemos las
tarifas con las EPS", reiteró Gómez.
El Presidente de la Sociedad Antioqueña aclaró
que en el fondo de este problema está el argumento
de las EPS, de que el Gobierno sólo les reconocerá
este año un aumento del 4% en la UVR, y que por lo
mismo, ellas ajustarán todo a esto.
Sin embargo, el directivo señaló que detrás
de esta afirmación, lo que el Gobierno Nacional hizo
fue ponerle un tope al enriquecimiento que están
teniendo estas empresas, muchas veces a costa de los usuarios,
los profesionales y el sistema de salud como tal
