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Luego de ser sancionada por la DIAN con el pago de $66.081
millones en impuestos el pasado mes de abril, ahora la Entidad
Promotora de Salud de carácter cooperativo Saludcoop,
se ve nuevamente en el ojo del huracán ante la decisión
de la Superintendencia Nacional de Salud que le ha ordenado
cumplir un plan de desempeño, que incluye devolver
al sistema de salud la suma de $195.000 millones y corregir
todos los descuadres hallados, si quiere volver a recibir
recursos del Fosyga.
Esta decisión de la Supersalud se fundamentó
en un estudio realizado durante 3 meses dentro de la EPS,
el cual encontró múltiples irregularidades,
la mayoría de ellas causa de detrimento económico
para el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La auditoría a las bases de datos fue especialmente
reveladora. Con ellas se supo que Saludcoop no posee datos
actualizados, completos y comprobables de sus afiliados y
beneficiarios, y sin embargo entre enero y octubre de 2003
cobró por muchos de ellos al sistema de salud. Un ejemplo
son los 24.494 afiliados mayores de edad que no cuentan con
cédula de ciudadanía como documento único
de identificación del afiliado: no obstante, la EPS
reportó en las declaraciones de giro y compensación
a 240 afiliados beneficiarios por los cuales cobró
$70'266.266.
Asimismo, se encontró que 21.213 afiliados menores
de edad no acreditan la calidad de afiliados cotizantes, porque
no poseen certificado de sustitución personal o pensión
de sobrevivientes. Otro caso fue el de los 365.626 afiliados
beneficiarios que se hallaron registrados con el primer apellido
diferente al del cotizante padre y no tenían cómo
acreditar su condición de beneficiarios. De ellos,
la EPS reportó 150.944 afiliados beneficiarios y cobró
por ellos $3.526 millones. Similar fue el caso de otros 384.223
afiliados beneficiarios registrados con el segundo apellido
diferente al primer apellido de la cotizante madre, que tampoco
podían acreditar su condición de beneficiarios.
Por 149.893 de ellos, la EPS compensó y se apropió
de $4.096 millones.
Y eso no es todo. Un total de 837 afiliados cotizantes de
sexo femenino entre 15 y 44 años aparecieron con nombres
del sexo masculino, y fueron compensados con UPC correspondiente
a mujeres (por mes $33.409.32), la cual es mayor a la asignada
a los hombres (por mes $16.165.80).
Otros 38.512 afiliados fueron compensados a pesar de no estar
registrados como afiliados activos con plenos derechos, por
los cuales Saludcoop recibió del Fosyga $12.454'132.320,
y 8.880 afiliados más presentaron cedulas calificadas
como “No Vigentes” por la Registraduría Nacional
del Estado Civil, pero aún así la EPS cobró
por 3.713 de ellos el monto de $1'161 millones.
Evadiendo las reglas
La Supersalud encontró también que la EPS no
legalizó ante el Ministerio de la Protección
Social ni registró ante el Consorcio Fiduciario Fisalud,
55 de las 174 cuentas bancarias que posee, las cuales recaudaron
entre el 2002 y octubre del 2003 aportes por $156.000 millones.
Eso según lo observa el plan de desempeño, ”implica
el manejo por fuera de las reglas que el Estado estableció
para permitir que las EPS administraran recursos públicos
de naturaleza parafiscal, pertenecientes al sistema de salud”.
En el análisis de estas cuentas halló además,
que las partidas pendientes por conciliar tenían una
antigüedad superior a 6 meses y que algunas se manejaban
a través de cheques pendientes por cobrar (que entre
los años 2002 y 2003 ascendían a $99.000 millones),
situaciones que no son permitidas por el sistema de salud.
Se encontraron también consignaciones no registradas
en extracto por $115.704 millones, créditos en bancos
no contabilizados por $93.962 millones y débitos en
bancos no contabilizados por $53.805 millones.
Antes estas situaciones, la Supersalud ordenó a Saludcoop
legalizar solo 5 cuentas de carácter nacional, cuyos
fondos no podrían ser usados sin el consentimiento
del Fosyga, y presentar un cronograma que aclare todas y cada
una de las partidas pendientes por conciliar.
Inversiones no justificadas
Según el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
la ejecución de inversiones por parte de la EPS solo
puede realizarse con recursos que provengan del aumento de
los aportes de los cooperados o de los excedentes anuales
de las operaciones de acuerdo con la ley, las restricciones
del sector cooperativo y la doctrina de la Corte Constitucional.
Sin embargo, la Supersalud encontró que Saludcoop realizó
inversiones por más de $79.339 millones en Colombia,
sin haber reportado en todos sus años de operación
excedentes que las justificaran, y que además no estaban
directamente relacionadas con el uso y la dinámica
de los recursos parafiscales.
Caso tal son las inversiones en el Gimnasio Los Pinos, Cofuneraria,
Serfunorte, Serfunllanos, Cooperativa de Profesores de la
Universidad Nacional, Audioeps Ltda., Corporación Deportiva
y Social de Baloncesto de Santa Fe de Bogota, Rincón
Grande Country Club, Health online, Work and Fashion Ltda.
S.A. Health Food, Lavandería Impecable Ltda., Pharma
100 S.A. y Biorescate Ltda., las cuales deberán ser
desmontadas según orden de la Supersalud. Si la EPS
desea hacer inversiones de ahora en adelante, deberá
contar con la autorización previa del organismo de
control.
En cuanto las inversiones halladas en países como Ecuador,
Chile, Méjico, República Dominicana y Bolivia,
también deberán ser desmontadas porque no cumplen
con el objeto social de la EPS, que es promover la afiliación
de habitantes en Colombia y remitir al Fosyga la información
relativa a la afiliación. Según la Supersalud,
la EPS no podrá volver a invertir en el exterior con
recursos originados en la UPC o en las cotizaciones de sus
afiliados.
Desembolso para preocuparse
Ante la determinación de la Supersalud, el presidente
de la EPS Saludcoop, Carlos Palacino Antía, aseguró
a través de diversos medios de comunicación
que el plan de desempeño impuesto es arbitrario, y
que no siguió el debido proceso en cuanto a que no
practicaron las pruebas solicitadas para validar las respuestas
que habían dado a la Súper, ni se les permitió
acceder a los expedientes con base en los cuales se soporta
el plan de desempeño. Los abogados de la EPS enfatizaron
que este es un típico caso de cómo una entidad
puede ser víctima del abuso por parte de quien la vigila.
“Reintegrar esas sumas astronómicas generan una
situación complicada no solo a la EPS sino a los proveedores,
a sus 21 mil empleados directos… en fin, a todo el sistema
de salud”, observó Palacino; pero si cuando la
sanción de la DIAN afirmó que “frente a
una empresa que mueve $1.46 billones al año no es preocupante
en caso de tener que pagarse los $66.000 millones de sanción”,
ahora con la devolución de los $195.000 millones es
muy posible que sí empiece a preocuparse.
Por eso, la alternativa que contempla la EPS ahora es cumplir
el plan de desempeño, pero paralelamente acudir a acciones
jurídicas contra la Superintendencia para revertir
sus medidas de control. Bien lo dijo el Superintendente Nacional
de Salud, Cesar Augusto López Botero, durante el segundo
Congreso Sectorial de la Salud organizado por la Andi en marzo
pasado: “Cada vez que uno trata de tomar medidas de control
la sociedad reacciona de forma adversa, cuando lo que estamos
haciendo es mejorar el sistema de salud …Cerramos Cajanal
y me formaron un debate en el Congreso; hago una visita a
Saludcoop, otro problema; sanciono a las loterías,
problema con los gobernadores … entonces digamos que
es una tarea complicada pero eso si, tenemos un compromiso
y es sacar esto adelante”.
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