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La oportunidad pinta en lastre. Desde hace varios años
a Juan Luis Londoño se le ha visto en las bancas del
sector empresarial, dirigiendo proyectos económicos,
que brindan resultados eminentemente corporativos, y en reciente
oportunidad dirigiendo la revista de negocios Dinero. Como
catedrático e investigador, ha sido autor de numerosas
publicaciones en las universidades de Antioquia y de los Andes.
Recordar cargos públicos como subjefe de Planeación
Nacional y Ministro de Salud en el período presidencial
de César Gaviria, es sólo un trasfondo de la
vida pública de este bien nombrado economista, que
entre otras se dio a la tarea a inicios de los años
noventa, de brindar -con buena voluntad- un cubrimiento mínimo
en salud a los más pobres mediante legislación,
a través de la controvertida Ley 100 de la Seguridad
Social.
Se le cuestiona hoy día por esto último, pues
a causa de ello ese cubrimiento que brindó protección,
terminó descuidando marginalmente la calidad del servicio
que se presta al paciente, convirtiéndolo en cliente.
Esto, aparte de lo que ha significado en términos de
rentabilidad y beneficios económicos a las EPS privadas.
Le ha llegado la hora a Juan Luis Londoño de aplicar
lo mucho que predica, a todo pulmón -desde sus columnas
periódicas en medios escritos-, para el manejo de la
adecuada administración pública, que proclama
algunas veces como insuficiente.
Para iniciar, se le vienen encima las reformas política,
pensional, tributaria y del Estado (ésta última
nunca antes vista en nuestro país), algunas de ellas
intentadas infructuosamente por la actual administración
del presidente Andrés Pastrana para achicar el Estado.
Londoño se denomina a sí mismo como el vocero
de los desempleados y aunque no ha iniciado su período,
ya presenció las protestas del Ministerio de Salud,
reclamando por la planteada fusión con la cartera de
Trabajo, que él coordinará y que generará
un alto número de desocupados.
Una muestra de lo que podrá ser su agitada vida pública
desde el 7 de agosto próximo se observa por estos días,
con el anuncio de varias medidas a las que deberá poner
el pecho; un recorte de unos 80.000 trabajadores del sector
público, del grueso de 796.000 funcionarios de los
grupos de maestros, trabajadores de la salud y miembros de
la fuerza pública. Y como el buen ejemplo comienza
por casa, la fusión de tres Ministerios: Justicia e
Interior, Comercio Exterior y Desarrollo, Trabajo y Salud
(que será llamado de la Seguridad Social), que emplean
una fuerza laboral de unos 2.500 trabajadores, también
serán sujetos a cambios estructurales; igualmente,
cien cargos diplomáticos que serán dados de
baja en 34 de las 176 embajadas de Colombia en el mundo, y
que representarán un ahorro de $60.000 millones.
Se anuncia además, la eliminación de por lo
menos diez Superintendencias para dejar tres o cuatro que
verdaderamente cumplan con unas funciones concretas, como
otra propuesta de la parte programática de recortes
presupuestales de la entrante administración y cuyos
efectos tendrá que paliar el nuevo mi-nistro.
Ante el panorama, sindicatos como Fenaltrase sugieren que
los recortes sean graduales, indagando un poco sobre las personas
próximas a jubilarse para proponer programas de retiro
voluntario, señalando además que el costo de
indemnizaciones sería en una proporción muy
alta, evitando, por tanto, el ahorro que se pretende.
Sin embargo y aparte de toda las consideraciones, lo más
importante de toda esta poda laboral es que se elimine la
corrupción que genera un gasto de 2.000 millones de
dólares anuales al fisco, y cuya promesa de eliminación
fue uno de los puntos fuertes del doctor Uribe Vélez
en su campaña presidencial.
La reforma pensional: resultados de primer debate
Como una exigencia de los organismos multilaterales, el gobierno
actual y saliente se comprometió a sanear las finanzas
por lo menos en 3 o 4 puntos del Producto Interno Bruto, como
aporte a la sostenibilidad del sistema, siendo uno de los
caminos la reducción del déficit pensional.
Por ello, apenas seis horas le bastaron a la VII Comisión
del Congreso para determinar -nuevamente- incrementos en la
edad de pensión, montos de cotizaciones, de mesada
máxima y de requisitos para obtener pensiones, en tanto
que Juan Luis Londoño se encargó de agregar
en un punto, su propuesta de un seguro de desempleo para los
trabajadores, que se distribuiría entre los primeros
cuatro y seis meses de cesación laboral, y se comprometió
a realizar una reforma pensional seria y racional.
La Ley 100 de 1993 contempla que en el año 2014 la
edad para jubilarse debe aumentar de 55 a 58 años para
las mujeres y de 60 a 63 para los hombres. Y sólo si
en el 2020 la cifra de desempleo es de un dígito, la
edad para lograr la pensión pasará a ser entre
58 y 60 años para las mujeres y entre 63 y 65 años
para los hombres. Londoño, quién sostiene que
la reforma debe ir siempre en estímulo del empleo y
no de lo contrario, se opuso al incremento en el punto de
cotización mensual por parte del empleado a los fondos
de pensión, pasando de 13.5 a 14.5% a partir del primero
de enero de 2003 -si quedase sin modificación en las
comisiones del Senado- y otro punto porcentual entre los años
2005 y 2008. Londoño arguye que de aprobarse la medida,
costará entre 150.000 y 200.000 puestos de trabajo
anuales a la sociedad colombiana. En cuanto a la liquidación
de las mesadas, que en el momento se hace sobre los últimos
diez años laborados, la comisión aceptó
hacerlo sobre mil semanas, veinte años de trabajo;
algunos expertos mencionan su inconformidad frente a ello,
puesto que se disminuyen las expectativas de ingreso de los
futuros pensionados. Pero ante lo que se puede venir en pensiones,
el nuevo ministro de Salud y Trabajo ha anticipado que buscará
un proyecto con énfasis en lo social y de entrada pidió
condicionar el aumento de las cotizaciones a la reducción
del desempleo. Como nuevo titular del Ministerio de la Seguridad
Social, deberá centrar su atención en el desmonte
de los regímenes especiales, que sin duda alguna causarán
profundas controversias y fuertes batallas: ISS, Ecopetrol,
congreso, maestros, cortes, Banco de la República y
militares.
El hombre de las finanzas
Juan Luis Londoño de la Cuesta sabe de lo que habla
y sabe que América Latina es la economía más
inestable del mundo: por lo menos así lo hace saber
desde las columnas en las cuales escribe. Reconoce que el
fortalecimiento del Estado se hace con mercados financieros
fuertes, pues las economías pobres son, según
la escuela norteamericana, las más susceptibles de
volatilidad. En las lecturas que hace de autores económicos,
señala que los mercados de capital son pobres en América
Latina por una razón institucional: los derechos de
propiedad son los más frágiles del mundo, la
incertidumbre de las familias latinoamericanas es tres veces
mayor comparada con el resto del mundo, el riesgo de perder
el empleo es dos veces más alto en la región
que en Norteamérica, y la posibilidad de obtener protección,
seguros o financiamiento en épocas de dificultades,
es mucho menor en la región que en cualquier otra latitud.
También es un hombre de contradicciones: en recientes
publicaciones señala que los asesores multilaterales
seguían hablando de liberalizar e institucionalizar
y sueñan con el ALCA para el 2005, recetas un poco
distantes de la crisis. Pero luego, se responde a sí
mismo que no, que el ALCA ya esta aquí, y que es lo
que definirá en las próximas décadas:
"lo que vamos a producir, en qué vamos a invertir
y donde vamos a trabajar". Anota más adelante
que si no se debería adelantar la agenda de negociaciones
y de comienzo del ALCA, porque para qué esperar a que
los acuerdos de Mercosur y el Pacto Andino se desvanezcan
o a que el período de Bush esté en su ocaso
y que se pierda la oportunidad de la expansión americana
en el 2003-2005, y luego entremos en el 2006 con la próxima
recesión. Enmarca Londoño, que contrasta la
importancia de ese acuerdo con el silencio en la opinión
pública y en la prensa especializada, sobre todo este
asunto.
Ley 100 de Seguridad Social
En las pasadas elecciones, dirigiendo el equipo económico
de la campaña de Noemí Sanín, lo único
que Juan Luis Londoño pedía a los cuatro vientos
sobre quienes lo descalificaban por haber sido artífice
de la Ley 100, era que se le permitiera hacerle las reformas
apropiadas, pues al inicio pareció que funcionaría
como una excelente oportunidad para crear un sistema único
de salud, con un esquema de aseguramiento, exitoso en muchos
países. Luego de ocho años de su vigencia se
han detectado problemas en los temas como: calidad, cobertura,
papel del sector privado, ineficiencia de lo público.
La salud en Colombia pasó de ser un servicio solidario
a tener la característica principal de un buen negocio,
privilegiando los intereses de las Entidades Promotoras de
Salud, EPS. En alguna ocasión se le oyó decir
que el Sistema de Seguridad Social no había sido aplicado
en su gran dimensión. En los próximos cuatro
años tendrá entonces, la oportunidad de auscultar
esa arista que tanto se esconde, revisando criterios de línea
de pobreza, para superar que el simple acceso a la atención
suponga capacidad de pago por el servicio, y contribuyendo
así en definitiva a una de los derechos constitucionales:
acceso a la salud sin restricciones.
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