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| Cuando se tiene un
diagnóstico crónico o la persona adulta mayor
pierde su capacidad para su auto-cuidado por incapacidad física
o mental, debe realizarse un trabajo integrado e interdisciplinario
con la familia inmediata, donde lo mínimo que se busca,
es su participación dentro del complejo manejo que el
paciente requiera a futuro, tratando de conservar o mejorar
sus estándares de calidad de vida de acuerdo con sus
parámetros culturales y estructura social. |
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En el sector de la
salud, paralelo a las complejas condiciones clínicas
de los pacientes mayores, se evidencian y enfrentan los conflictos
y crisis en las familias vulnerables, que reducen gran parte
de sus problemas a factores de tipo económico. Es así
como una persona es aceptada y apoyada, siempre y cuando cuente
con algún tipo de ingreso económico (pensión,
renta o sea el dueño de la vivienda). De otra parte,
aparecen los sentimientos que el grupo guarde hacia el paciente,
dependiendo del comportamiento que éste haya tenido durante
su vida en común; es como si la situación de salud
del paciente diera oportunidad de tomar retaliaciones que de
otra forma no habrían podido aplicar: afecto, solidaridad,
apoyo, prácticamente desaparecen hacia este tipo de población.
Al asesorarlos sobre las necesidades de cuidado y apoyo requeridos
por el paciente, una de las primeras reacciones es abandonarlo
en la institución prestadora del servicio de salud; lógicamente,
la rutina de vida, dinámica del grupo, roles y gastos,
entre otros, se alterarán en la tarea de apoyo permanente
por discapacidad física o mental, producto de secuelas
que en el adulto mayor suelen ser irreversibles.
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Cuando egresa el paciente,
quedan serias dudas e inquietudes en los equipos de profesionales
a cargo, sobre la calidad de vida que le espera a esta persona
en manos de una familia que lo rechaza y que lo ve como una
carga adicional, no como un miembro importante del grupo.
La situación es crítica cuando el paciente abandonó
a su familia, su cónyuge no legaliza su situación
de pareja y la ley le obliga a asumir la responsabilidad del
cuidado y apoyo del paciente, sin lugar a apelaciones; en este
caso existe poco conocimiento de la comunidad sobre la necesidad
de acudir a instancias legales para aclarar su situación
real. Se limitan de hecho a su acomodo, bajo su óptica
de solucionarla parcialmente, sin medir los efectos que a largo
plazo deban enfrentar; o igual en casos de pacientes afectados
por drogadicción, alcoholismo y delincuencia, por cuya
razón fueron expulsados del grupo; en este último
caso, es difícil manejar los niveles de perdón
que el grupo esté dispuesto a otorgar a la persona afectada.
Lo que se capta recientemente, es que no sólo las familias
no participan, sino que abandonan a sus familiares bajo frases
contundentes: “No lo puedo cuidar, no tengo con qué,
no lo quiero, que el Estado haga con él lo que quiera,
o, tírenlo a la calle“.
Situación incierta y costosa
Frente a semejante panorama, se tiene que recurrir ante
autoridades competentes, como la Personería y Defensoría
del Pueblo, buscando soluciones para este problema. Desde el
Estado, la Secretaría de Solidaridad Municipal sólo
tiene competencia para proporcionar cobertura a la población
Habitante de la Calle, con permanente diligencia y efectividad,
aunque la cantidad de casos suele desbordar su capacidad resolutoria.
Así, es incierta la situación de población
adulta mayor enferma, que sin ser Habitante de la Calle, egresa
de una institución de salud a cargo de una familia a
la cual se obliga a cumplir la responsabilidad de cuidarlos,
por lo general los pacientes regresan al hospital con severos
daños, producto de su situación social, convirtiéndolos
en consultores permanentes dentro de un círculo cerrado:
se le presta el servicio, se le da de alta, no puede cuidarse,
y debe reingresar. |
Se observa más
disposición solidaria en ciudadanos ajenos afectivamente
al paciente, que en los propios miembros de su grupo familiar.
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| A la postre, esta
situación afecta los cálculos de inversión
que un paciente con un diagnóstico determinado debería
requerir en circunstancias normales; podría sería
más racional que el Estado y las aseguradoras privadas
asuman su cuidado, ubicación y apoyo, que invertir constantemente
en atenciones de salud, sin la menor posibilidad de control
y seguimiento. |
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Para graficar en
alguna forma este problema, se señalan las siguientes
situaciones, muy rutinarias en la población de adultos
mayores enfermos: Abandono de los pacientes en los hospitales,
generando estancias prolongadas; sobrecostos para las entidades
prestadoras por pago de trámites; falta de gestión
de la familia para diligenciar autorizaciones para eventos ambulatorios,
afectando la calidad y resultados de los tratamientos; falta
de trámite para adquisición o reclamación
de medicamentos prescritos por el médico tratante; reclamación
de medicamentos prescritos para ser vendidos y suplir el vacío
de ingresos que el paciente no puede proveer; constante cambio
de residencia del adulto mayor (si cuenta con varios hijos,
lo rotan de un lugar a otro); maltrato físico al adulto
mayor, cuando éste no puede salir a “trabajar en
lo que sea”; insultos permanentes hacia el adulto mayor
cuando éste no puede suplir su auto-cuidado y depende
de terceras personas, circunstancia que se refleja en el estado
en el cual llega a revisiones o urgencias, como en el caso de
escaras infectadas.
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Por ejemplo, en el
Hospital Universitario San Vicente de Paúl se manejaron
en 2005, 78 casos de adulto mayor, de los cuales 16 requirieron
ubicación permanente, dada su incapacidad para aplicar
medidas de auto-cuidado; también se ubicaron 16 a cargo
del Estado por intermedio de la Secretaría de Solidaridad
de Medellín. En adultos mayores con familia, se tuvo
que recurrir a medidas de carácter legal para obligar
a las familias a asumir su cuidado y apoyo, circunstancia que
soluciona el problema inicial pero produce efectos inmediatos
de rechazo y evidente maltrato físico y emocional del
paciente.
Normas y acciones de protección
al adulto mayor
La Unidad de la Tercera Edad y Discapacidad de la Secretaría
de Solidaridad Municipal en Medellín, es responsable
de amparar a la población Habitante de la Calle de la
Tercera Edad; sin embargo, el volumen de personas abandonadas
desborda su capacidad ejecutoria. En informe de esta dependencia,
se refiere como en la Constitución Política colombiana
se han hecho infinidad de esfuerzos por resguardar los derechos
de la comunidad habitante del territorio nacional. |
Los familiares
abandonan a los adultos mayores enfermos bajo frases
contundentes: “No lo puedo cuidar, no tengo con
qué, no lo quiero, que el Estado haga con él
lo que quiera, o, tírenlo a la calle“.
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Allí también
se referencia el documento Normas Especificas de Protección
al Anciano, promulgadas en la Ley 29 de 1975, seguida de los
decretos 2011 de 1976 y 77 de 1987, y se aclara que en la legislación
penal se prohíbe el rechazo y la hostilidad hacia los
ancianos, la negación de afecto, las humillaciones permanentes
y amenazas físicas, para evitar incurrir en el delito
de tortura moral (Art. 249, Código Penal).
En el informe también se refieren las acciones y nivel
de competencias a las cuales se podrían acceder, como
“ruta clara para los profesionales que no están
inscritos en el área del derecho, sobre las diferentes
acciones y competencias a las cuales se pueden dirigir”
en caso de maltrato de adulto mayor (veáse el cuadro
siguiente): |
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| En el mismo informe
se refiere la “Tipificación de algunas acciones
negligentes contra el anciano, frente a sus códigos de
protección” (veáse el cuadro siguiente): |
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Los programas de apoyo
de la Secretaría de Solidaridad de Medellín centran
sus esfuerzos en ítems de invaluable importancia: Complemento
alimentario para adultos mayores; Hogares sustitutos; Programa
Protección Social al Adulto Mayor; Atención Integral
al Adulto Mayor Indigente en el modelo de Dormitorio social;
y Red de Protección Social para la asistencia social
del adulto mayor con discapacidad física y/o mental,
adultos mayores con diagnósticos de enfermedad infecto-contagiosas
y/o catastrófica.
Dificultades y logros
Sin embargo, como en nuestro país persiste la
cultura del no-cumpli-miento de los Deberes, las personas afectadas
deben cumplir con una serie de requisitos que los faculte para
el ingreso a estas líneas de apoyo; todavía hay
adultos mayores sin ningún documento de identidad, lo
mínimo con lo cual cualquier ciudadano debería
contar, porque en Colombia para un grueso de la población,
no parece tener importancia el trámite o porte de algún
documento de identidad; de hecho, dado que la capacidad y autogestión
de familias de adultos mayores son prácticamente nulas,
el Hospital Universitario San Vicente de Paúl anualmente
debe tramitar ante Registraduría Especial en promedio
240 certificaciones, para apoyar la cobertura de algún
tipo de aseguramiento dentro del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, comprobación de parentesco, comprobación
de identidad, etc.
Para el Hospital ha sido un éxito la tarea de dinamizar
un sistema de apoyo conjunto bajo la modalidad de redes de servicios,
ya que se ha suplido gran parte de las carencias de la población
adulta mayor abandonada. Funciona con entidades privadas que
cuentan con algunos cupos para población vulnerable,
a tarifas más económicas, las cuales son cubiertas
por un grupo de personas denominadas “Padrinos”: éstas
amparan la solicitud para la persona afectada en forma directa,
con sus propios recursos. Esto permite determinar que se observa
más disposición solidaria en ciudadanos ajenos
afectivamente al paciente, que en los propios miembros de su
grupo familiar.
Si la problemática de la población infantil maltratada
es vista con atención porque se proyecta a futuro, asimismo
se debería tomar en cuenta la situación de los
adultos mayores maltratados y abandonados. Los primeros, empiezan
sus ciclos de vida, y los segundos los están terminando:
ambas son etapas críticas para cualquier ser humano que
se precie de formar parte de una sociedad justa y equitativa
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