Un dilema y reparo permanente se escucha con gran insistencia en el subsector de la salud, y muy especialmente en el mercado del aseguramiento en el país. No obstante se promulgó la Ley Estatutaria en Salud LES que consagra la salud como un derecho fundamental, definió los contenidos, la condición de la autonomía médica y el establecimiento de un Plan de Beneficios en Salud (anteriormente denominado Plan Obligatorio en Salud), esta modificó los beneficios que establece el POS al migrar de un listado positivo de tecnologías y servicios que deben ser financiados con recursos del sistema de exclusiones.
Pero también no es menos cierto que deben realizarse una serie de ajustes institucionales que permitan asignar las fuentes reales de financiamiento para la materialización del goce efectivo ampliado a los 44 millones de colombianos quienes están asegurados en los régimen contributivo y subsidiado, además de los 2 millones de afiliados en los regímenes especial y de excepción, en una cobertura del 96,7%. El punto es que, de acuerdo con los estudios de proyección de ANIF, en su compendio denominado 'El Déficit Fiscal de la Salud en Colombia, Estimaciones de su Pasivo Actuarial', al respecto existe un déficit de 30 billones de pesos, nada menos que el 3,3% del PIB.
Más allá de las cifras, son evidentes los logros alcanzados en el aseguramiento en salud en país, como quiera que una cobertura que se registra universal unificó los planes de beneficios, estableció una actualización integral del POS, benefició al afiliado con la implementación de la movilidad y portabilidad y mejoró el flujo de los recursos con el mecanismo de giro directo, el control a los precios de los medicamentos y la autonomía médica, gracias al MIPRES.
El reto es que la salud como derecho fundamental y no obstante el envejecimiento de la población, exige ajustes en el perfil epidemiológico, al mismo tiempo que se presenta una fuerte demanda por el uso y aplicación de nuevas tecnologías médicas que presionan el financiamiento del sistema, lo que exige la búsqueda permanente de nuevas fuentes de recursos fiscales y parafiscales.