Muchos afirman que los excesos de las EPS ya rebosaron la copa, como demuestran investigaciones y sanciones por negar servicios de mutuo acuerdo, por capitar por muertos o dobles afiliados, por abuso de posición dominante e integración vertical, por desviar dineros de UPC, por irregularidades en recobros con sobreprecios desmesurados, causales suficientes para sacar del sistema de salud a agentes privados que abusaron de la confianza pública y utilizaron dineros del Estado, o sea, del pueblo, en provecho propio.
Pero el gobierno parece seguir de agache. La actitud del Ministerio de la Protección Social es ambigua, su diagnóstico no coincide con la realidad de la crisis del sector, porque un desfalco sin precedentes en las finanzas de la salud mal podría valorarse como un simple problema regulatorio, “casos aislados” de corrupción que se resuelven enjuiciando a los culpables. Menos objetivo es el argumento según el cual la esencia de la crisis es la insolvencia de un alto número de EPS, síntoma de la crisis pero no la enfermedad misma. El Estado tiene que hacer cumplir las normas vigentes sobre patrimonio, margen de solvencia y demás requisitos económicos para la habilitación de esas empresas; ahí, hay poco que inventar, ni siquiera se necesitaban leyes, decretos o resoluciones nuevos.
Y lo definitivamente inaceptable es que el gobierno eche mano de estas situaciones financieras para acuñar una falsa teoría: que se necesita un número menor de aseguradoras para que el mercado funcione bien. Todo lo contrario: es principio elemental de la democracia económica la libre y sana concurrencia de agentes del mercado, como forma natural de regular los precios, sin detrimento de las sanciones que se debe de imponer a empresas que incumplan la ley, sean una, dos, 20 o todas: pero esto es un asunto de inspección, vigilancia y control que si se asume con carácter preventivo, puede evitarle al país escándalos como el actual. La prueba del sofisma está en que los mayores excesos de posición dominante, desviación de recursos y recobros, ocurrieron cuando un solo grupo de EPS concentró un considerable volumen del mercado del aseguramiento.
Y los pasos dados hasta el momento por el Ministerio y las superintendencias apuntan exactamente a eso: a fortalecer el monopolio. Si el gobierno es consciente, y lo ha dicho, de la ineficiencia de las EPS en el manejo de recursos y de su falta de transparencia, ¿por qué insiste en confiarle a esos entes privados la administración de los dineros?
No faltan quienes piden cambiar el modelo estatal, el modelo económico y el sistema de salud. Se reclama un aseguramiento público universal y transparente, donde no caben las EPS, y que éstas se dediquen a administrar el riesgo y la remisión de usuarios a las instancias de atención, pero sin manejar un peso; que sean operadores de información, un soporte técnico, si el Estado no dispone de otra forma de operación del sistema. O que participen como prestadores, utilizando la infraestructura consolidada en tantos años.