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| El sistema
de salud necesita una formula para manejar lo No-POS en Colombia:
la propuesta está por construir, en un ejercicio de todo
el país, dentro del derecho, ajustada a la viabilidad
financiera y dando un vuelco al manejo de los recursos. En estos
criterios generales coinciden los expertos acerca del asunto,
real quebradero de cabeza para el sector salud. |
Problema
de gestión
y control de recursos
“El problema de lo No-POS no es de ahora sino de
hace rato, radica en que se fue muy laxo, faltó mayor
regulación e intervención del Estado en materia
de medicamentos”, expresó el consultor independiente,
Gilberto Barón. “Ese rubro -dijo- implica más
o menos 40% de los faltantes en la cuenta del contributivo.
Muy recientemente se adoptaron medidas, cuando el problema ya
estaba muy complicado (según el saldo actual de la cuenta,
en unos dos meses prácticamente se agotarán los
recursos). Primero: ¿por qué se tardó tanto
tiempo en tomarlas? Segundo: son medidas improvisadas y aparentemente
no bien estudiadas por la fuerza misma de la situación,
no es posible saber su impacto. |
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Para Acoes
(Asociación Colombiana de Economía de la Salud),
el problema actual financiero alrededor de lo No-POS es más
de ordenamiento de caja, no estamos de acuerdo con planteamientos
como los de Acemi y otros grupos, sobre un déficit estructural
de unos $8.2 billones, ni con la misma argumentación
que justificó la emergencia social: un supuesto colapso
financiero del sistema. Los recursos están ahí:
si hay control de gastos en los recobros por medicamentos, con
seguridad se resuelve buena parte del problema, y con unos $3
billones se garantizaría la sostenibilidad del sistema.
Las importaciones paralelas y la libertad regulada pueden servir,
pero en este momento no hay argumentos de peso para saber su
impacto”.
Anotó: “Nuestro gasto en salud es más o menos
de 8%, por encima del promedio de América Latina, pero
no sabemos qué tan eficiente es ese gasto y con absoluta
seguridad no está llegando adonde debe llegar: bastaría
ver ese impacto en términos del estado de salud de la
población para comprobarlo. Hay una contradicción
flagrante: estamos gastando, pero ni la Supersalud ni el Ministerio
ni nadie del sector público habilitan estudios para saber
adónde van esos recursos; y hay todo un ademán
en pro de más recursos para financiar el hueco. Según
cálculos muy tentativos de Fedesarrollo, por corrupción
o desviación, cerca de $1 billón no llega a la
atención en salud de la población; así,
no tendrían ningún sentido todos los esfuerzos
para aumentar impuestos, ni más arbitrios fiscales para
controlar estos recursos que se pierden. Es un problema de gestión,
supervisión, inspección y vigilancia del sistema,
de diseñar y aplicar mecanismos que hagan eficiente los
controles y la revisión de cuentas. Hay otra contradicción
entre insuficiencia de recursos financieros del sistema y gran
cantidad de dinero de alguna manera congelada en el Fosyga,
pero no disponible, producto de decisiones de inversiones en
títulos, muchas de ellos de mediano y corto plazo, sujeta
a un proceso presupuestal con cierta inflexibilidad en su manejo.
Se ha discutido la posibilidad de transferir esos recursos para
atender exigencias de corto plazo, pero hay muchos factores
que no se pueden modificar mientras no haya un cambio en la
reglamentación de los flujos. Se necesita es una reingeniería
del sistema hacia algo más funcional, porque sacar plata
de un bolsillo para otro, es como un llenar un barril sin fondo”.
Por un POS universal y creciente: ACOES
“Lo No-POS no se puede aislar del sueño
consignado en la Ley 100/93 como parte del desarrollo de la
Constitución: toda la población cubierta por el
mismo plan de beneficios”, planteó el vicerrector
de Investigación de la Universidad de Antioquia y presidente
de la Asociación Colombiana de Economía de la
Salud (Acoes), Jairo Humberto Restrepo. Dijo: “Entre todos
debemos garantizar que 100% de la población esté
afiliada y además todos tengamos acceso al mismo POS
y que sea creciente en el tiempo, en la medida en que las condiciones
económicas del país, la tecnología, etc.,
permitan ampliarlo”.
Explicó: “Los hechos que siguieron a la emergencia
social y a la Sentencia T-760/08 de la Corte Constitucional,
en cierto sentido reivindican la Ley 100. El problema es que
la demanda de las prestaciones No-POS, en cierto sentido ha
desafiado la sostenibilidad del sistema. Para Acoes, frente
al conjunto muy abstracto de las prestaciones No-POS que pueden
significar hasta $3 billones este año, nuestros reparos
advierten que la cifra puede ser mucho menor. El primer reparo
es que muchas prestaciones por las cuales se está pagando,
no tienen un criterio claro en materia de evidencia científica,
costo-efectividad, impacto social y económico; aunque
no hay cifras exactas, se habla del abuso que cometen muchas
personas, incluso las más cercanas al sector de la salud,
bien desde las EPS y desde las IPS, que conocedoras del modus
operandi a través de los Comités Técnico-Científicos,
acceden a una serie de prestaciones. No olvidemos que éstas
son asignadas en 80% a población del régimen contributivo
y muy seguramente en este grupo tiene mayor peso la población
de mayores ingresos. Esto significa que el mecanismo del No-POS,
defendido por algunos como un derecho en abstracto, desafía
la sostenibilidad del sistema, profundiza la desigualdad entre
la población y, sin darnos cuenta, termina protegiendo
intereses de la industria farmacéutica o de proveedores
de servicios de salud, los que finalmente reciben los ingresos,
al no garantizar la vida de las personas”.
Anotó: “La sensación, objeto de un análisis
más profundo, es que la cifra real que el país
podría asignar para cubrir prestaciones No-POS, podría
ser menor. ¿Qué tanto? No sabemos, pero sí
requiere una voluntad grande, un ejercicio con transparencia
que revele el monto, dados criterios de costo-efectividad, de
evidencia científica, de necesidad real de la atención,
etc. Con la emergencia social, el gobierno tomó un camino
equivocado, propuesta simplista: sacar lo No-POS del sistema,
crear un sistema paralelo para lo No-POS, asignando recursos
nuevos, el incremento del IVA a la cerveza, entre otros, y que
durante el año se financie lo que alcance. Por fortuna,
al caer los decretos de emergencia social, el gobierno abandonó
esa opción”.
Restrepo es partidario de reglamentar el mecanismo para aportar
servicios no cubiertos en el POS y que aportan a la calidad
de vida de las personas, con el aporte de la comunidad científica,
asociaciones de usuarios o de pacientes y de “que el gobierno
haga lo que nunca ha hecho”: reglamentar y ser más
estricto al autorizar esas prestaciones y buscar cómo
aceptar, en el marco del derecho, unas limitaciones justas.
Explicó: “La Corte Constitucional dijo qué
se debió hacer hace tiempo y planteó al gobierno
definir un mecanismo para asignar lo No-POS, admite que no hay
derechos absolutos. Hay que realizar una asignación prioritaria:
no garantizar que todos recibirán todo, pero sí
definir dentro del derecho y de la ética médica
y social, cuándo un paciente en ciertas condiciones puede
recibir medicamentos y tratamientos no incluidos en el POS,
cuyo acceso le dará mejor calidad de vida. El nuevo gobierno
puede ser una buena oportunidad para dejar el asunto muy claro.
Una de las propuestas de Acoes dice que es posible en el régimen
contributivo ampliar el POS, pues cada año queda un superávit
de recursos luego del ejercicio de la compensación. El
problema es que ese superávit es completamente absorbido
por las prestaciones No-POS”.
Advirtió el presidente de Acoes: “No soy partidario
de liberar parte considerable de los recursos del Fosyga para
atender lo No-POS: se resuelve el problema de un año,
pero el hueco sigue. Cualquier cosa No-POS que el médico
tratante o el Comité Técnico-Científico
autorice, finalmente entra y ahí empiezan los tratamientos
injustos, al dar prestaciones costosas con poco impacto en la
salud y la calidad de vida de las personas. En la Subcuenta
de compensación es apropiado tener un saldo que permita
cubrir el déficit en ciertos años, como pasa ahora,
pero se necesitan cálculos técnicos del saldo
adecuado. En el régimen subsidiado -donde puede haber
un mayor saldo-, sí se pueden desembolsar más
recursos para ampliar cobertura, previo análisis del
saldo apropiado; siempre debe haber un saldo, la pregunta que
surge es: ¿qué tanto?”.
Por un acuerdo social sobre lo No-POS
“Lo primero que hay que aclarar es que no se ha
llegado a un consenso en el alcance de la Sentencia T-760, sobre
si podría en algún momento permitirse racionar
servicios de salud”, conceptuó la investigadora
Diana Pinto. Agregó: “Pareciera que la Corte dejase
la puerta para que, no importa cuál sea la intervención
que pida una persona, de alguna manera se la tiene que dar.
Hasta que no se pueda implementar por vía judicial un
mecanismo para controlar lo No-POS, nada se puede hacer. Definitivamente,
hay que lograr un consenso sobre el alcance de la sentencia
T-760 y si el gobierno entrante lo estima pertinente, llegar
a una ley estatutaria para modificar todos los aspectos judiciales
que pueden ser impedimento para diseñar una política
de lo No-POS”.
Complementó que luego hay que crear un mecanismo explícito
para manejar lo No-POS, evaluar muchas intervenciones, caso
por caso, con el criterio de qué se financia o no. “Los
recursos nunca serán suficientes, siempre faltará
plata. Si seguimos inyectándole recursos a lo No-POS,
no tiene sentido tener un POS, pues no hay límites; y
si se decide ponerlo, es difícil definir la suma máxima
disponible para ello, realmente sería arbitrario. Habría
alternativas como observar cuál fue la tendencia histórica,
el mínimo y el máximo y sacar un promedio, y decir:
no financiamos más de esto. No hay escapatoria, siempre
habrá algo no cubierto, la tecnología avanza e
independiente de que uno coja el plan más generoso o
el más pequeño, siempre existirá lo No-POS.
Hay que definir unos criterios de cómo manejarlo. Hago
énfasis en que el manejo de lo No-POS, es muy espinoso.
Ni al gobierno, ni a la gente ni a nadie le gusta oír
que se va a hacer un racionamiento de servicios, pero hay que
hacerlo. Ya es hora de hablar a calzón quitao, de ventilar
el asunto y buscar un acuerdo social al respecto, es un punto
que se ha dilatado y para el gobierno electo, definitivamente
debe ser una prioridad que se debe de hablar en forma transparente”,
concluyó Diana Pinto. |
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