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El país terminó por aprenderse los discursos
donde altos funcionarios declaran que la red pública
hospitalaria está en crisis debido a la mala calidad
de sus servicios, exorbitantes salarios de sus empleados,
falta de gestión y un sinnúmero de fallas protuberantes,
todas atribuibles a los hospitales, que generan en la opinión
pública sensación de desidia de sus responsables.
Lo que poco se escucha de esas mismas voces, es que a la red
pública hospitalaria le adeudan entre aseguradoras,
Fosyga y el Estado, más de $1,7 billones.
La cifra del Ministerio de la Protección Social es
de: $1.763.311´309.930, que reporta la Dirección
General de Calidad de Servicios y recopilada de IPS públicas
en cumplimiento del decreto 2193/04. El acumulado de la deuda
a diciembre de 2008 muestra una tendencia de los distintos
actores a no pagar en forma oportuna a los prestadores de
salud públicos, que terminan así financiando
el funcionamiento de la salud en Colombia.
El 70% de la cartera es deuda de las EPS del régimen
subsidiado más departamentos y municipios, y el 45%
es mayor de 360 días, lo que la hace prácticamente
irrecuperable; el 40% es del subsidiado, 9% del contributivo,
7% SOAT-ECAT, 21% los departamentos, 8% municipios y distritos,
y 15% otros deudores. Olga Lucia Zuluaga, directora de Acesi,
considera que el alto volumen de la deuda obedece a la actitud
de los pagadores de “pasarse por la faja las normas relacionadas
con el flujo de recursos, lo que se refleja en el funcionamiento
de la red pública”; adicionalmente, la deuda muestra
que los hospitales públicos aún dependen en
gran proporción de la facturación a entes territoriales,
lo que agrava la situación: “Los entes territoriales
dicen abiertamente que no tienen capacidad para pagar todos
los eventos generados después de las sentencias C-463
y T-760”.
Para Acesi, las soluciones al problema chocan contra una compleja
realidad: “Necesitamos que haya inspección, vigilancia
y control, que las normas frente al flujo de recursos se cumplan;
otro punto fundamental que mencionamos al Ministerio, es reglamentar
la integralidad en la prestación, porque los hospitales
públicos están siendo sujetos de la extracción
de los servicios que generan equilibrio, y nos dejan las urgencias
y hospitalización, que ni siquiera a la tarifa SOAT
a costos dejan equilibrio. Y mientras los hospitales públicos
tenemos que garantizar atención 24 horas, las instituciones
privadas cierran cuando ven que el servicio no es rentable”,
aseguró la doctora Zuluaga..
Ronda nacional por la deuda
La situación en departamentos como Cauca evidencian
que el problema tiene raíces estructurales desde la
esfera nacional: el 29 de diciembre de 2006, el boletín
de prensa 124 del Ministerio de la Protección Social
anunciaba: “Un convenio por $49.720 millones para la
reorganización, rediseño y modernización
de la red hospitalaria pública del departamento de
Cauca firmaron hoy el Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt, y el Gobernador de ese departamento,
Juan José Chaux Mosquera”. Y más adelante
agrega: “De esta suma, $44.942 millones proceden del
presupuesto de la Nación”. Dos años después,
a diciembre de 2008, la deuda con los hospitales de Cauca
asciende a $49.855'870.352, superando lo invertido para “reorganizar”
la red.
Quizás la explicación subyace en el mismo boletín,
que afirma: “Dichos recursos se invertirán en
el pago de indemnizaciones y liquidaciones de las personas
a quienes se le suprima el cargo por efectos del ajuste institucional…”.
De ahí que la inyección de dinero desde la esfera
central, no buscaba revitalizar la red caucana. “A pesar
de que la mayoría de los hospitales del primer nivel
en Cauca solo llevan 2 años como ESE, la cartera nos
ha afectado grandemente; en el primer nivel se tiene una cartera
que supera los $35.000 millones, y aunque hay normas que tratan
de regular el flujo de recursos, en la práctica eso
no se traduce en nada. Este problema se le va a salir de las
manos al gobierno nacional y creemos que los políticos
tienen que intervenir lo más pronto posible, porque
esto traerá consecuencias funestas para la comunidad”,
asegura el doctor Germán Ardila, director de la Asociación
de ESE y Hospitales Públicos del Cauca.
El mayor deudor en Cauca es el Estado: “Hasta ahora no
se ha reconocido al Cauca ninguno de los excedentes de facturación
en los niveles 1 y 2; del régimen subsidiado tenemos
contratos sin liquidar de 2005 y 2006, y en los programas
de prevención y promoción desde el nivel nacional
se envían programaciones con indicadores que desconocen
lo local, y este tema reventará a muchas instituciones”,
asegura el doctor Ardila, para quien otro agravante son los
fallos de la Corte Constitucional: “Somos los hospitales
públicos los que ejecutamos las órdenes de la
Corte y de los jueces que nos obligan a prestar servicios,
sobre derechos muy constitucionales pero sin recursos; una
cosa es mirar los derechos desde la Constitución y
otra en la realidad de tener que rebuscarnos recursos desde
lo público”.
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Mientras se les exige
calidad y
se cuestiona su funcionamiento,
nadie recuerda que a las ESE
también hay que pagarles.
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Aunque
parezca increíble, la deuda con los hospitales públicos
se convirtió en estrategia de los deudores para conseguir
mejores contratos; Luz Dieby Jiménez, directora de Asohosval
en el Valle, relata: “Presionan a los gerentes para firmar
contratos desventajosos, argumentándoles que les van
a pagar la deuda, y ante la urgencia y las necesidades los hospitales
terminan firmando, pero luego no hay pago. Otro argumento de
las EPS es que están sujetos al ente territorial, pero
verificamos que donde el ente territorial es cumplido, las aseguradoras
tampoco pagan; otro argumento recurrente es que logran contrataciones
desfavorables para los hospitales prometiendo buenos anticipos,
y efectivamente puede haberlos pero luego no hay más
pagos”. Para la doctora Jiménez la situación
es compleja, por cuanto el régimen subsidiado pesa alrededor
del 60% de la contratación, un 30% son recursos de oferta
y el resto es contributivo, pero ad portas del aseguramiento
universal, “¿en manos de quien vamos a quedar?”.
Santander debe a su red de hospitales cartera desde 2007 por
liquidación de contratos, y este año no ha girado
recursos del SGP. Siete hospitales que entraron en reestructuración
con fuertes compromisos ante el Ministerio, viven una grave
crisis porque el flujo de recursos no les permite cumplir las
metas, y en el resto de hospitales la crisis es de tal magnitud,
que están incumpliendo a proveedores y al personal: “Estamos
casi viviendo de caridad y de los servicios que podamos cobrar
directamente”, afirma la doctora Nancy Cañón,
directora de Asehisan. Y agregó: “Una incoherencia
del gobierno nacional es que mientras ellos tienen las cifras
de cartera, nos exigen calidad, pero saben que no tenemos recursos
suficientes; es paradójico que el gobierno nos exija
y por el otro lado no vigile y controle, como es su obligación,
a las EPS que incumplen las normas; hay leyes pero no hay quien
ayude a cumplirlas, y el gobierno encima nos critica y nos pone
en la picota pública como ineficientes, cuando los problemas
no son de ineficiencia sino de inoperancia del Ministerio que
no sanciona las EPS que incumplen”.
Según el doctor Gonzalo Medina, de la Asociación
de Hospitales de Caldas, la regla general es el incumplimiento
de EPS a la Ley 1122/07 y al decreto 4747 en oportunidad en
el pago; pero además, otro factor que afecta las finanzas
de las ESE es la eliminación de copagos al nivel 1 del
Sisbén: “Ese mecanismo era bueno, no como barrera
de contención, sino de sensibilización del usuario
para el uso racional de los servicios”.
El doctor Alfredo Argumedo, de la Asociación de Hospitales
de Córdoba, asegura que el trancón del flujo está
en el intermediario: “Ellos inventan glosas y procesos
administrativos, con tal de demorar los recursos y obtener rendimientos
financieros”. En Córdoba la red pública fue
reestructurada en 2007 con aporte del gobierno de $47.000 millones;
en informe de finales de julio, la Contraloría Departamental
mostró que el régimen subsidiado dejó de
contratar con la red pública $43.000 millones, casi la
misma cifra invertida para modernización: “Los recursos
alcanzan y sobran para tener una red pública excelente;
el problema está en la intermediación, pues recursos
del Estado se van al sector privado, mientras la red pública
asume los servicios que no generan dividendos”.
En Antioquia la deuda afecta principalmente a hospitales de
baja complejidad que tienen alta dependencia del régimen
subsidiado; hay un hospital intervenido por la Supersalud, y
otros suspendieron servicios como medida desesperada para presionar
el pago, asegura el doctor Luis Alberto Martínez, de
Aesa, quien ve un panorama incierto ante el anuncio de Caprecom
de declarar prescrita parte de la deuda: “No entendemos
como el gobierno nacional patrocina esta EPS que ha demostrado
ineficiencia, que es de los principales deudores en el país
y que ahora declara que sus deudas con la red pública
prescribirán” . |
Cartera
por venta de servicios de salud mayor a
60 días de las IPS públicas con corte a 31 de
diciembre de 2008 |
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