“El régimen subsidiado parece diseñado por alguien que hizo un PhD en Kafka University… Para administrar el régimen subsidiado hay que tramitar más de 20.000 contratos por año que luego hay que liquidar, y si uno logra tramitarlos están pendientes de liquidación los contratos de las últimas 5 vigencias; hay que hacer una reingeniería profunda del subsidiado”. Así se expresaba recientemente un reconocido directivo gremial del sector salud, en un foro en Medellín sobre el futuro del sistema de salud colombiano.
Y en verdad es tal el grado de intrincamiento del régimen subsidiado, que no es exagerado plantear que debería cursarse una juiciosa Maestría para entenderlo, intentar darle más funcionalidad y eficacia a su operación, aprender a implementar ajustes y modificaciones en dicha operación, e intentar enderezarlo.
En suma: el régimen subsidiado, uno de los componentes más fundamentales del sistema de salud, su manejo y operación, no es un tema fácil para ninguno de los actores involucrados.
Por eso en buena hora, el Ministerio de la Protección Social emprendió en 2008 una tarea de evaluación del régimen subsidiado y este año presentó los resultados técnicos de ese estudio al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud; que estudió las recomendaciones y las consignó y aprobó en su último Acuerdo, en el cual propone unas medidas para modificar y optimizar la operación del subsidiado, mejorar el acceso de la población beneficiaria a los servicios de salud e incrementar la eficacia de los procesos y la oportunidad del flujo de recursos. Con correctivos legales, administrativos, logísticos, se ensayará una reforma a la operatividad del régimen subsidiado en Colombia, entorpecido por diversas fallas que lo vuelven irracional, ineficaz y casi inmanejable.
“En el camino se arreglan las cargas”, pero el gobierno estaba en mora de proponer unos cambios como los establecidos en el Acuerdo, cuando millones de colombianos no tenían acceso al servicio de salud por inconsistencias en bases de datos, por lentitud en el flujo de recursos que lleva a las EPS e IPS a no autorizar o no prestar servicios de salud a los usuarios, por desarticulación en las funciones de los actores del sistema.
Y ante algunas de las medidas, cabe preguntarse: ¿Si se dispone de un sistema integrado de información en el cual se trabaja desde hace varios años y que costó miles de millones de pesos, cómo es posible que todavía no se soluciona el problema de bases de datos de los afiliados y potenciales beneficiarios del régimen subsidiado? ¿Por qué en el sistema financiero por ejemplo, se tiene información en tiempo real de los clientes y de sus transacciones? ¿Acaso no se aprovechan todavía y adecuadamente las herramientas que ofrecen las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) en el sistema de salud?
Debe reconocerse que el Acuerdo establece la centralización de bases de datos, medida que puede ser efectiva si es bien manejada. Hace varios años, desde EL PULSO se insiste en la propuesta de “Identificador único, pagador único” y con el Acuerdo se avanza en lo primero: ahora el caso es hacer bien la tarea. E insistir en el pagador único, como una estrategia sana dentro del sistema, que resolvería muchísimos problemas.
Hay relativo consenso sobre la bondad de las normas propuestas, como la facilitación de movilidad entre regímenes, transformación de subsidios parciales, libertad de elección, reorganización contractual, el permiso a EPS-S para operar en todas las regiones del país, el retiro a entes territoriales de la competencia para manejar el régimen cuando se les demuestre ineficiencias, la introducción en los contratos de indicadores de resultados en salud, la posibilidad de afiliar las personas en las IPS. Sin embargo, falta atender aspectos como el flujo de caja entre Fosyga y los demás actores del sistema.
El Acuerdo definitivo está pendiente de las decisiones del gobierno después de evaluar las observaciones que hizo al borrador de esa iniciativa el Ministerio de Hacienda. Pero ya hecha la tarea de evaluación y diagnóstico, resta entonces que los responsables oficialicen por fin el Acuerdo y que se emprenda su reglamentación e implementación para poner en marcha los cambios propuestos, con cada actor cumpliendo su competencia, con la firme esperanza de reorientar el arrevesado régimen subsidiado.