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Una “PILA”
de
problemas para la salud
Hernando
Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co
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El bloqueo de la
calle 26 en Bogotá por miles de personas a principios
de julio para protestar contra la Planilla Integrada de Liquidación
de Aportes (PILA), la inconformidad general de los usuarios,
las fallas señaladas por Procuraduría, una sentencia
de la Corte Suprema, el alud de tutelas y el sentido común,
dicen a las claras que pese a las buenas intenciones, los problemas
de la PILA no son sólo logísticos, sino debilidades
estructurales del sistema de salud.
Pese a todo, el Consejo de Estado decidió mantener la
PILA, ante la demanda de nulidad instaurada por el ciudadano
Ferney Salinas, quien cuestionó su constitucionalidad
por violar los derechos a la vida, la igualdad y la salud.
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Dos magistrados
del Consejo de Estado conceptuaron a favor del demandante y
dos en contra, ante lo cual un conjuez dirimió el empate,
el gobierno ganó por penaltis y la salud perdió
con buen fútbol.
A punto de vencer el término legal de un mes para saber
la suerte final del proceso, que ahora estudia el presidente
de la Sección Primera del Consejo de Estado, Marco Antonio
Velilla, el demandante mantiene su postura según la cual
la decisión es más política que jurídica,
pese a la larga sustentación del conjuez. Dictaminó
éste que la carga adicional de cotizar a pensiones no
la impuso la norma demandada (resolución 364/06) sino
el decreto 3667/04, negó que hubiese violación
flagrante de la Constitución, extralimitación
de funciones del Ministerio de la Protección Social e
imposición de cargas adicionales, e invocó la
existencia de tributos con fuente legal, la obligatoriedad de
afiliación a pensiones y el vínculo de éstas
con la salud en materia de seguridad social, entre otros argumentos.
Al tiempo, el tribunal rechazó la solicitud de aplazar
la norma de la Procuraduría General de la Nación,
un día antes de la decisión del conjuez. El Ministerio
Público sostiene su criterio según el cual “resulta
contrario a la ley el gravamen que pretende imponer un costo
al usuario, cuando estos en virtud de la ley de seguridad social
no pueden tener otra carga económica diferente a la cotización
o aporte en la cobertura de cada riesgo”.
Del fallo definitivo penden la salud y la vida de 650.000 trabajadores
independientes. El gobierno le sigue apostando al control de
la evasión y elusión de aportes, al engorde de
bases de datos y a la liquidez del Sistema por incremento del
recaudo general. Premisas justas sin duda, en un sistema equilibrado
que garantice el acceso universal a la salud y la operatividad
de la norma, sin detrimento de la satisfacción del derecho.
Pero aquí vienen los problemas: la puesta en vigencia
intempestiva, sin logística articulada ni suficiente,
y sin prever los efectos en el acceso a la salud de más
de medio millón de colombianos, puso al desnudo las inconsistencias
de la medida y las fallas estructurales de un sistema de seguridad
social alejado de un enfoque humanista.
El Plan de Choque
Con el espaldarazo del Consejo de Estado, el ministro
de la Protección Social, Diego Palacio, y otros funcionarios,
no cesan de cantar victoria y de señalar los problemas
de la PILA como simples fallas logísticas u operativas.
La física incapacidad de tantos compatriotas para pagar
salud y pensión a la vez, es para el Ministro algo normal
en un proceso de transición y confió en que agosto
tendrá menos traumatismos.
Como en otras coyunturas, el gobierno respondió a un
mal de fondo con el consabido “plan de choque”, que
es más un operativo contra-incendios que un remedio sustancial.
Sus medidas: habilitación de sedes del Sena y Bienestar
Familiar como puestos de ayuda a los usuarios, línea
telefónica nacional que no sale de su infarto, red de
operadores que dispondrán 50 puntos adicionales en el
país con personal en 'call center', y revisión
con la Asobancaria del valor que cobran los operadores por diligenciar
la planilla. A propósito, la presidenta de la entidad,
María Mercedes Cuéllar, desmintió denuncias
de que muchos bancos exigen entre $2.500 y $6.000 pesos por
el trámite, pero persisten las quejas.
El ministro Palacio admitió como mayor preocupación
la poca información dada al país sobre el nuevo
sistema, pero las soluciones oficiales aún no muestran
congruencia con el tamaño del desorden introducido. A
principios de julio decía que aún era muy reducido
el número de personas comunicadas con los operadores
para recibir asesoría, pues la mitad de las llamadas
buscaban respuesta a preguntas básicas sobre el sistema
de seguridad social. Claro: el sistema no funciona en su conjunto,
verdad insoslayable que elude el Ministro, hablando de detalles
técnicos, como que el porcentaje de llamadas que terminó
en liquidación de PILA bajó de 80% a 20% entre
la primera y la segunda semana de julio y que el tiempo promedio
de comunicación subió de 6 a 12 minutos.
Ante la problemática central de la PILA, la socio-económica,
el Ministro dijo en Medellín que quienes notifiquen esta
insolvencia y el Estado la verifique, quedarían exentos
de su pago. No obstante, uno o dos días después,
en jornada didáctica por televisión, el funcionario
resolvió el problema de modo olímpico: quienes
no tuvieren capacidad de pago para pensiones, podrían
cancelar esta obligación mediante la ayuda de un familiar
o un amigo. Como quien dice, si usted no tiene con qué
pagar, muy fácil: ¡consiga!
Ahora toca esperar que al menos se cumpla la promesa ministerial
de que las EPS no negarán atención en salud, ni
nadie será retirado del sistema de salud por el retraso
temporal en estos pagos. Pero el gobierno fijó inicialmente
el mes de julio para ponerse al día todos los independientes,
y la paquidérmica infraestructura tecnológica
no guarda proporción con la magnitud del problema. Toca
además llenarnos de optimismo, a ver si es cierto que
no se cobrarán intereses de mora por estos retrasos.
¿Si será verdad...?
En el mar de unanimismos y facilismo conceptual que
nos invade, son rescatables la posición enhiesta del
Ministerio Público que frente a la norma alcabalera sigue
invocando las “razones de interés público”,
lo mismo que las opiniones discrepantes de prensa.
Cuando el viceministro Técnico, Carlos Jorge Rodríguez,
anunció como gran cosa que mediante la Planilla, los
aportantes obtendrían su historia laboral actualizada
(vieja obligación del ISS y fondos de pensiones) y pidió
no dejar la diligencia para último día y evitar
así las aglomeraciones, la columnista de El Espectador,
Maria Elvira Bonilla, lo cuestionó por “minimizar
el abuso con la gente” y por “tomar decisiones desde
el podio de la tecnocracia”. Y habló de la inviabilidad
tecnológica en un país donde del millón
400 mil conexiones a internet, 60% están concentradas
en Bogotá y el resto lo tienen otras 4 grandes ciudades
y algunas intermedias.
Por su parte, el redactor de economía y negocios de El
Tiempo, Christian Pardo, aludió a las “5 estaciones
del viacrucis de los independientes”: 1) Infraestructura
insuficiente de atención al público. 2) Falta
de campaña previa de socialización de la PILA.
3) Frustración de pagos por baja confiabilidad de internet
y deficiente manejo. 4) No preparación de los portales
de los bancos para absorber el volumen de operaciones y saturación
de las planillas. 5) Falta de claridad del modelo, donde usuarios
que ganan un salario mínimo o menos tienen clara la obligación
de pagar, pero no con qué.
El Ministerio Público investiga
Ante el desacato a las observaciones hechas al gobierno,
la Procuraduría prosiguió el proceso disciplinario
para determinar qué funcionarios omitieron sus observaciones
sobre los riesgos operativos y de atención al ciudadano
en la adopción de la PILA, y solicitó a las entidades
competentes medidas necesarias y urgentes para evitar la causación
de intereses o pérdida de tiempos de servicios que afecten
el reconocimiento de prestaciones por el pago inoportuno. La
Defensoría del Pueblo pidió regresar al sistema
anterior con recaudo directo en los bancos, en medio de un alud
de tutelas por la insolvencia de muchos colombianos, ahora entre
la espada y la pared.
La Corte, el Congreso y la Supersalud
Al señor Israel Acero, quien convive con el sida
desde 1998, le negaron una tutela, ante la dificultad de cotizar
pensión a la EPS Colmédica. La Corte Suprema de
Justicia mediante sentencia del 19 de junio/2008, ordenó
a la EPS, Ministerio de Protección - Fosyga (o “Banco
de la Seguridad Social”), coordinar las acciones necesarias
para continuar con el servicio de salud “sin exigirle la
carga adicional de cotizar por pensiones”, hasta tener
un mecanismo definitivo con el cual “no sea obligatorio
cotizar para pensiones”.
Para el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales
del Senado, Milton Rodríguez, el Ministerio de Protección
debe responder por las fallas logísticas del sistema,
bien intencionado para evitar el fraude, pero con problemas
como la inoperancia de call center y de las páginas web
de bancos para este propósito. El superintendente de
salud, Mario Mejía, apoyó la PILA por ayudar a
controlar la evasión y elusión de aportes a la
salud, y a la mejoría de las bases de datos del sistema,
pero observó que pese a los retrasos en el pago de aportes,
las EPS sólo pueden suspender los servicios al mes de
mora, previo aviso por correo certificado al cotizante o beneficiario.
No hay PILA que ponga a andar la desgastada maquinaria del sistema
de salud en Colombia, donde el drama del trabajador independiente
es: ¿Cómo cotizar a salud y pensión y no
morir en el intento? . |
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