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El pasado 29 de marzo, Salud Total S.A. Entidad Promotora
de Salud - Administradora del Régimen Subsidiado informó
en carta abierta su decisión de cerrar la operación
del régimen subsidiado a nivel nacional a partir de
1° de abril, marcando así la desaparición
de la única ARS privada con cubrimiento en todo el
país, calificada como la primera ARS a nivel nacional
por la Supersalud en el cumplimiento de los estándares
de habilitación de 2006 y por la Defensoría
del Pueblo como la mejor ARS en el Distrito Capital.
La secretaria general y jurídica de la entidad, doctora
Claudia Sterling, explicó que dicha decisión
“obedece en general a la falta de garantías legales
y contractuales para continuar brindando nuestros servicios,
lo que se ha traducido en descuentos de dineros, efectuados
por los entes territoriales de forma ilegal por sumas exorbitantes
y con carácter retroactivo (después de prestado
el servicio a nuestros usuarios), argumentando, entre otras,
inconsistencias en los documentos de identidad de las bases
de datos suministradas por ellos mismos, y a presuntas situaciones
de multi-afiliaciones de usuarios que estaban al mismo tiempo
en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado
(situación ignorada por las ARS que sólo cuentan
con su propia base de datos de afiliados), así como
a la selección adversa ejercida por parte de los entes
territoriales, al afiliar casi que exclusivamente, población
con enfermedades de alto costo, y a la corrupción flagrante
en dicho régimen, la cual se tradujo en traslado forzado
por parte de algunas alcaldías y secretarías
de salud, de nuestros afiliados hacia ARS en las que definitivamente
no han logrado la misma satisfacción que lograron cuando
fueron nuestros afiliados. Lo anterior, en violación
del derecho a la libre elección y a los mínimos
principios de calidad y transparencia del Sistema General
de Seguridad Social, situaciones que ya han sido puestas en
conocimiento de los entes de control y vigilancia”.
La carta agrega: “Finalmente, el gobierno nacional, en
mas de 12 años de vigencia de la Ley 100/93 no sólo
no logró estructurar la Base de Datos Única
del régimen subsidiado, sino que, ahora, con la reciente
expedición de la resolución 812 de 2007 del
Ministerio de la Protección Social, pretende que la
identificación de la población más pobre
y vulnerable de este país, afiliada al régimen
subsidiado, se haga con los mismos parámetros de la
población que si tiene capacidad de pago e identificación,
sin tener en cuenta que la población indígena,
indigente, niños, desplazados, en fin, gran parte de
la población del régimen subsidiado, ni siquiera
cuenta con documentos de identificación, supeditando
así su derecho a la salud y a la vida, al mal funcionamiento
que ha demostrado tener dicha Base de Datos centralizada que
hoy maneja el Ministerio a través del Fosyga”.
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