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| Contrario a su eslogan,
el Instituto de los Seguros Sociales (ISS) ya no será
“para siempre”. A 50 años de su fundación,
el ISS, al menos en lo que a su Empresa Promotora de Salud (EPS)
se refiere, es hoy un paciente de alto costo en estado terminal
al que le queda cuando mucho, seis meses de vida. |
Uno de sus médicos tratantes, la Superintendencia Nacional
de Salud (Supersalud), le diagnosticó “deficiencias
en la prestación del servicio, ocasionadas por un déficit
financiero estructural de $500.000 millones, situación
que pone en riesgo la prestación del servicio”,
razón por la cual el pasado 15 de enero, le recetó
la cancelación de su licencia de funcionamiento.
Otro de ellos, el Ministerio de la Protección Social,
a través del decreto 055 de 2006, le indicó cómo
hacer su testamento y así transferir sus activos, valorados
en unos tres millones de afiliados, sin mayores sobresaltos.
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Finalmente, un último,
el Consejo Nacional de Política Económica y Social
(Conpes), mediante el Documento Económico 3456 “Estrategia
para garantizar la continuidad en la prestación pública
de los servicios de aseguramiento en salud, aseguramiento en
pensiones de régimen de prima media con prestación
definida y aseguramiento en riesgos laborales”, le recomendó
los herederos de sus bienes, señalándole que para
la EPS no habría mejor candidato que la alianza conformada
por las cajas de compensación familiar Compensar, Cafam,
Comfandi, Comfenalco Valle, Comfenalco Antioquia y Colsubsidio,
con el Estado a través de La Previsora Vida, en donde
las primeras tendrán una participación del 50%
más una acción y el segundo la minoría
restante.
Para la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), la heredera
sugerida fue nuevamente La Previsora Vida, que así las
cosas se lleva la mejor parte de la herencia y a corto plazo
será la dueña del mejor de los negocios y accionista
minoritaria de la EPS. Y en pensiones, bueno, como el propio
ministro Diego Palacio dijo, “queda pendiente el tema de
pensiones. Estudiamos el mecanismo que nos permita, a través
del Plan de Desarrollo, presentarle una propuesta al Congreso
que nos permita mantener el régimen de prima media pero
reestructurar los mecanismos de administración, buscando
mayor eficiencia y competitividad de las distintas entidades
que manejan el régimen en el país”. Y agregó:
“Esta no es una decisión fácil, pero es una
decisión responsable de un gobierno que le está
apostando al mejoramiento de la calidad, a la eficiencia, a
la transparencia. Es un modelo que no le está apostando
a la privatización ni a la liquidación, sino a
la eficiencia y a la efectividad de las instituciones, que permitan
mantener el aseguramiento público en nuestro país”.
Preguntas sueltas
La revocatoria de la licencia de funcionamiento de la
EPS del ISS por parte de la Supersalud, dejó, pese a
una rueda de prensa, dos teleconferencias y reiteradas intervenciones
en los medios de comunicación del presidente Uribe, el
ministro de la protección social, el superintendente
de salud y el presidente del ISS, pocas cosas claras y sí
muchas dudas en empleados, proveedores, afiliados y empresarios
vinculados al Instituto.
Queda claro que al privar al ISS de prestar el servicio de aseguramiento
en salud, y al no ser el socio mayoritario de la EPS sustituta,
el Estado pierde el control en el aseguramiento público
del régimen contributivo del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS), vital no sólo para regular aspectos
tan importantes como calidad y precios, sino para garantizar
el acceso a la seguridad social en todo el territorio nacional.
Claro también queda, que la nueva EPS tendrá en
su planta de personal, según el propio ministro Palacio
ha señalado, entre 300 y 400 empleados. La actual EPS
del ISS tiene cerca de 2.500, de tal manera que unos 2.000 trabajadores
pasarán a engrosar las cifras del desempleo en Colombia. |
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La revocatoria de la
licencia de funcionamiento de la EPS del ISS
por parte de la Supersalud, dejó, pese a una rueda
de prensa,
dos teleconferencias y reiteradas intervenciones en los medios
de comunicación del presidente Uribe, el ministro de
la protección
social, el superintendente de salud y el presidente del ISS,
pocas cosas claras y sí muchas dudas en empleados,
proveedores, afiliados y empresarios vinculados al Instituto.
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Asimismo, hay claridad
en cuanto a que los actuales afiliados a la EPS del ISS serán
transferidos en masa a la nueva EPS. A partir del traslado,
los afiliados tendrán 45 días para escoger libremente
su EPS, lapso tras el cual, quienes no hayan hecho valer su
derecho de libre elección, deberán permanecer
en la nueva EPS por lo menos un año.
Ahora bien: Entre las preguntas sin respuesta clara están
las siguientes: Dado que si los 44.000 pacientes de alto costo
(cuyo tratamiento le cuesta al ISS $291.800 millones al año),
pasaran directamente a la nueva EPS ésta se quebraría
automáticamente, y ante la negativa de Acemi de recibirlos,
manifestando a través de su presidente, Edgar Reina,
que las EPS privadas no estaban legalmente en la obligación
de recibir a éstos pacientes hasta tanto se hubiesen
recuperado de sus enfermedades -como son enfermos de VIH/sida,
cáncer e insuficiencia renal crónica, literalmente
no se recuperarán nunca antes de morir-, ¿qué
pasará con ellos, a pesar de que Acemi reversó
su posición?
Asimismo, dado que el artículo 9 de la recién
aprobada Ley 1122 de 2007 prohíbe el uso de recursos
de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el pago
de pensiones, motivo por el cual el ISS no podrá seguir
pagando con estos recursos los jubilados ex empleados suyos
que tiene a su cargo, ¿quién lo hará? Y
una vez culmine el período de transición, ¿qué
pasará con las Empresas Sociales del Estado -ESE- con
las que actualmente el ISS contrata la mayor parte de la prestación
de los servicios y que pese a reestructuraciones atraviesan,
como la Rafael Uribe Uribe, inmensas dificultades?
Las reacciones
Aunque el gobierno ha dado reiterados partes de tranquilidad
a pensionados, usuarios, trabajadores y empresarios vinculados
al Instituto, de que en esta situación 'no todo tiempo
pasado fue mejor', las reacciones ante la desaparición
de la EPS del ISS no se hicieron esperar. La presidenta del
Senado, Dilian Francisca Toro, insistió en la necesidad
de revisar la participación accionaria del Estado en
la nueva EPS (50% menos una acción), lo que en su opinión
“privatiza el ISS y deja al país sin una EPS pública
que regule el sistema de salud en Colombia”. Así
se lo manifestó al presidente Álvaro Uribe durante
la cumbre de la bancada del gobierno en la Hacienda Hatogrande;
la iniciativa de la senadora tuvo eco en los líderes
de los partidos uribistas que se unieron a la solicitud. Ante
la petición de su bancada, el gobierno se comprometió
a revisar la participación accionaria de la nueva EPS
que reemplazará la del ISS, pero de inmediato las cajas
de compensación con Luis Carlos Arango -presidente de
Colsubsidio- como vocero, le salieron al paso a la propuesta
de los congresistas de que la nueva EPS tuviera por lo menos
mayoría pública y descartó de plano tal
posibilidad. Al respecto señaló: “Esas fueron
las condiciones pactadas y nosotros las aceptamos. Así
que llegado el momento, preferimos retirarnos a reducir nuestra
participación". Finalmente, esa condición
fue aceptada.
El representante a la Cámara Germán Reyes rechazó
la medida gubernamental, manifestando que “se trata de
un proceso absolutamente ilegal e inconstitucional que no consultó
siquiera la opinión del Congreso de la República,
y que por el contrario aprovechó el descanso parlamentario
y la ausencia de sesiones en el Congreso”. Agregó:
“Todo conduce al desmantelamiento del Seguro Social, institución
que, prácticamente, sólo queda como aseguradora
de pensiones mientras se presenta otro proyecto de ley al Congreso
de la República para su liquidación, según
ha expresado el mismo gobierno”.
La junta directiva de la Asociación Médica Asmedas
-seccional Antioquia-, fue aún más categórica,
y en comunicado a la opinión publica manifestó:
“En su habitual juego de palabras, se cuida el ministro
de la protección social de hablar de liquidación
del ISS para hacerle el quite a la prohibición de la
Ley 790, que en su artículo 29 prohíbe la liquidación.
Entre tanto, trama una secuencia que se inicia con la cancelación
de la licencia de funcionamiento; luego crea un pánico
social que propicia en los usuarios sentimientos de desprotección,
acto seguido emite el decreto 055 que genera los mecanismos
para que los usuarios se desafilien; simultáneamente
crea una EPS para los afiliados que no sean recibidos en las
EPS existentes, y construye alternativas para la administración
de las pensiones y los riesgos profesionales; al final, lleva
al parlamento una propuesta para tomar decisiones con respecto
a lo que quede del Seguro Social: las paredes y los sindicalizados”.
Y concluye: “Si esto no es liquidación, ¿qué
otro nombre puede recibir?”. |
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