El pasado 5 de noviembre, con un total de 17 votos en contra y cuatro a favor, la Comisión Séptima de la Cámara Baja del Congreso de la República decidió hundir la ponencia que solicitaba el archivo de la reforma a la salud presentada por el gobierno de Gustavo Petro Urrego.

La ponencia fue radicada hace algunos días por los representantes a la Cámara por el Centro Democrático y Cambio Radical, Andrés Forero y Jairo Humberto Cristo, respectivamente.

Según los legisladores, dicha ponencia fue radicada toda vez que consideran que el articulado, en vez de resolver los problemas del sistema, los agrava. Precisaron en esa línea que, al fragmentar los recursos de la salud, lo que se logra es fragmentar la atención a los pacientes.

De igual forma, criticaron que existe un mayor riesgo de politización del servicio, por cuanto le da mayor protagonismo a los alcaldes y gobernadores en la conformación de las redes en sus municipios y departamentos.

Según lo explicó el Gobierno nacional, el proyecto, «Hacia un sistema de salud garantista, universal, eficiente y solidario que privilegie la vida», tiene como objetivo asegurar el derecho fundamental a la salud para toda la población, mediante un modelo basado en la atención primaria que ofrezca beneficios tangibles a cada ciudadano.

Luego, el 13 de noviembre, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó este martes la ponencia positiva del gobierno de la reforma a la salud, la cual le dio paso a la votación de dos bloques de articulado del proyecto en el primer debate que se desarrolla en el Congreso.

El primer bloque aprobado tal y como viene la ponencia, contiene los artículos 21, 23, 24, 26, 27, 46, 47, 49 y 50, que no tiene proposición, y en cuyo contenido se destaca conceder créditos blandos a clínicas y hospitales para que puedan saldar sus deudas, mantener los regímenes entre las fuerzas militares y el magisterio, así como el punto que establece que Entidades Promotoras de Salud tendrán que presentar un plan de saneamiento de la totalidad de los pasivos respaldados por acuerdos de pago con sus acreedores, en un tiempo no superior a 48 meses contados a partir de su aprobación.

Por otro lado, también fue aprobado un segundo bloque de 16 artículos y entre los cuales están los puntos: 37, 38, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y en el que se resalta el sistema de referencias y contra referencias; es decir, programar y conseguir la atención que el paciente requiere, agenciando debidamente el tránsito a través de la Redes Integradas e Integrales Territoriales de Salud.

También fue aprobado el artículo que le otorga facultades extraordinarias al presidente para que pueda definir un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud del sector público y la creación de las instituciones sociales del estado.

¿Qué propone este nuevo proyecto?

El primer artículo busca cambiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en un Sistema de Aseguramiento Social en Salud.

La reforma introduce un nuevo modelo de salud predictivo, preventivo y resolutivo. Este enfoque permite prever los riesgos en salud mediante la recopilación de datos y la aplicación de políticas que aborden los determinantes sociales de la salud. El modelo es la atención territorial, que prioriza la equidad y busca eliminar barreras de acceso, brindando un sistema más eficiente y efectivo para todas las personas en Colombia.

En la nueva propuesta se plantea financiar el sector mediante un sistema público, privado y mixto que involucre a entidades estatales y a Gestoras de Salud y Vida. El Ministerio de Salud y Protección Social asumirá un rol rector en la formulación, implementación y evaluación de políticas de salud.

El Consejo Nacional de Salud (CNS) es un organismo pensado para crear políticas, controlar la transparencia y optimizar los recursos, y fomentar la participación pública y territorial en temas de salud. Se recomienda a los sectores gubernamentales y actores del sistema sanitario que adopten políticas y programas estratégicos que aborden los elementos sociales en la salud, fomentando una gestión más eficiente y enfocada a la comunidad.

El gobierno establecerá en un plazo de seis meses la elección de los integrantes del Consejo, garantizando la alternancia y la participación equitativa. La Secretaría Técnica será independiente y contará con un equipo asignado por mérito, con un presupuesto propio y bajo la normativa establecida por el CNS.

La ADRES asumirá un papel importante en la administración de los recursos del sistema de salud. Entre sus funciones están:

1. Se recaudarán los recursos necesarios para financiar el sistema y gestionar el Fondo Único Público de Salud.
2. Pagar a los prestadores de servicios de salud y a los proveedores de tecnologías en salud, asumiendo un rol de pagador único.
3. Controlar el gasto del sistema para detectar tendencias y optimizar la sostenibilidad financiera.
4. Administrar un sistema de información que proteja los recursos públicos para la salud.

Acuerdos y desacuerdos de los actores

Frente al nuevo proyecto, el Grupo de Acuerdos Fundamentales, que tiene más de 300.000 afiliados, manifestó preocupación por el enfoque del informe de la reforma a la salud presentado en la Cámara. El grupo considera “inaceptable” que el documento contemple solo los puntos en los que coinciden los distintos actores del sistema.

Asimismo, el grupo destaca que es importante mantener la libertad de elección y la portabilidad nacional, según el artículo 6 de la Ley Estatutaria de Salud. La propuesta 135/24 propone un modelo de afiliación individual que garantice una atención integral a lo largo de la vida y a lo largo de la ruta de atención, desde servicios de primer nivel hasta servicios complejos. Frente a lo que afirman: “Las gestoras pueden representar al usuario y gestionar riesgos en salud, dando estos aspectos operativos y financieros a la ADRES”.

Además, se considera que otro tema importante es la asignación de fondos adicionales, el cual se ajusta a factores como “los cambios demográficos, el perfil epidemiológico y el avance de la tecnología”. El grupo pidió a la Comisión Séptima que incluya estos aspectos.

De otro lado, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas dijo que la reforma a la salud tiene problemas que afectan a los pacientes y al personal sanitario. “Aunque en la ponencia se quiere matizar la adscripción como un mecanismo de libre elección, claramente la misma redacción del articulado impone a cada persona la obligación de adscribirse al CAPS (Centros de Atención Prioritaria en Salud) asignado por la red de servicio e incluso, en traslados temporales o definitivos. La obligación se reafirma. Claramente, las condiciones dispuestas en el articulado evidencian la eliminación de la libre elección como principio del derecho fundamental de la salud”, aseguró el doctor Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

Además, criticaron la ausencia de un régimen laboral especial para los profesionales de la salud. “El texto actual de la reforma no contempla de manera adecuada ni al talento humano en el ámbito sanitario ni a los pacientes, lo cual obstaculiza el empleo de derechos fundamentales”. La asociación expresó que continuarán examinando la situación y se presentarán acerca de cualquier aspecto que pudiera afectar la salud pública en el país.

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Legal (Acemi) expresó su respaldo a la nueva refroma, reconociendo la importancia del diálogo en el desarrollo de la reforma. “Queremos reconocer el trabajo del Gobierno nacional, los representantes ponentes, gremios y organizaciones sociales que componen el sistema de salud, por construir un escenario de participación con alto nivel técnico. Consideramos que la disposición a escuchar debe seguir siendo el pilar orientador para lograr el diálogo y la concertación en los procesos de transformación que ocurren en el país”.

Los gremios involucrados señalaron que, a pesar de los avances, existen puntos aún por resolver: “Encontramos que aún existen asuntos de conceptualización, operatividad, transición e implementación del nuevo sistema que deben ajustarse para garantizar un tránsito adecuado y de calidad, que permita una gestión del riesgo efectiva y clara definición de las rutas de atención para los usuarios y pacientes”.