MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 314 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 ISNN 0124-4388
Varias puertas se han abierto este año buscando devolver la dignidad a los trabajadores de la salud. Entre ellas destacan el proyecto de reforma a la salud y el proyecto de reforma laboral, siendo este último, al parecer, el más viable hasta el momento.
Según afirmó el Dr. Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Empresas del Estado de Antioquia, AESA, “esta reforma laboral es una manera de recuperar los derechos que antes tenía el personal de la salud en términos de beneficios laborales”.
Y sin duda el reto más complejo para las instituciones de salud, de aprobarse esta reforma o los demás proyectos en curso, sería afrontar la tercerización. Vincular como empleados de planta con prestaciones al actual personal de salud en Colombia está calculado en $9.2 billones; de entrada, queda por fuera de las posibilidades financieras de las instituciones de salud, públicas y privadas, “a menos que se realice de forma gradual y en consecuencia con la realidad económica del país”, sostiene Sánchez.
Para el abogado laboral Carlos Ballesteros, la formalización implicará que se modifiquen múltiples contratos de prestación de servicios y otros tipos de contratos sindicales, lo cual se constituye como el reto legal más importante y difícil que tendrán las instituciones de salud con la reforma laboral.
“La mayoría de contratos que hoy existen están disfrazando relaciones laborales. Se vulneran la Constitución y la Ley, así lo señalan decisiones de la Corte Constitucional y la Sala Laboral, las cuales dicen que si existe una subordinación, estamos en presencia de un vínculo laboral que implica la obligación de pagar prestaciones sociales”, explica el Dr. Ballesteros. Y agrega que “si todos los empleados en esas condiciones demandaran, las consecuencias económicas serían sumamente graves”.
El segundo reto asociado que debe asumir cada institución de salud es definir su planta de personal y hacer un estudio para precisar cuántas personas requiere y cuál es el nivel de formación de este talento humano para definir su remuneración.
El tercero, que Ballesteros considera financieramente más difícil, es garantizar condiciones económicas dignas para los trabajadores que se formalicen y que su remuneración sea acorde con su nivel y la importancia que tienen, vital para darles un estatus en relación con su función social. “En pandemia los trabajadores de la salud fueron considerados héroes, pero no son tratados así para efectos de la garantía laboral mínima; debemos cambiar esa lógica de la Ley 100 donde el trabajador es una ficha que da más o menos utilidades”.
En suma, la formalización traería como consecuencia incrementos en costos laborales que implican pagar prestaciones sociales y los costos de garantizar el proceso de negociación colectiva.
El proyecto de reforma a la salud, de ser aprobada, integra la posibilidad de crear un régimen especial de trabajadores de la salud, facultando al Gobierno nacional por seis meses para reglamentar y hacer las gestiones concernientes que den paso a un estatuto de salud.
La idea es que este estatuto tenga en cuenta las particularidades, necesidades, riesgos que asumen y estímulos necesarios para los trabajadores sanitarios. Especialmente, se busca crear oportunidades reales de empleo en zonas rurales y dispersas, áreas que suelen ser poco atractivas para el talento humano en salud. Según el Registro de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), estas regiones cuentan con un porcentaje de infraestructura médica inferior al 1 %, como son los departamentos Arauca, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Amazonas, San Andrés y Providencia, Guainía y Vichada.
“Es un reto bastante complejo para el Gobierno Nacional, porque implicaría tratar de lograr una concertación con los mismos trabajadores de la salud quienes están muy divididos y tienen propuestas muy antagónicas”, argumenta el Dr. Ballesteros. Y concluye que el reto más grande del Estado es garantizar el derecho a la salud para toda la población, asegurando que este sea proporcionado por trabajadores tratados con dignidad.
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