Nacionalización de la salud

Por: Francisco de Paula Gómez, Experto en Salud Pública y Seguridad Social, Economía de la Salud

elpulso@sanvicentefundacion.com

Según la definición clásica, nacionalizar es un proceso mediante el cual el Estado pasa a controlar un sector económico o a ser propietario de bienes o actividades que pertenecen al sector privado. Aunque ciertas nacionalizaciones pueden resultar beneficiosas, como el caso del National Health Service (NHS) en el sistema de salud inglés en 1948 o el de AMTRAK en 1971 para salvar el servicio ferroviario en Estados Unidos, estos procesos en Latinoamérica han sido manejados mayormente con criterios políticos o nacionalistas, con resultados discutibles.

La región está llena de ejemplos de este tipo, sobre todo en países con gobiernos populistas. Basta ver el caso reciente de Aerolíneas Argentinas, nacionalizada en 2008. Dieciséis años después, y tras una inversión de US$8.000 millones por parte del gobierno argentino, la aerolínea mantiene un déficit acumulado impagable: opera solo 81 aviones con una exagerada nómina de 1.200 pilotos, enfrenta conflictos con un sindicato insaciable y presenta problemas de servicio.

Sin haber logrado la aprobación de su reforma de salud en el Congreso, parece que el gobierno colombiano ha encontrado una manera silenciosa de nacionalizar el sector de la salud. Sin invertir dinero, sin comprar activos de las empresas privadas (mayormente EPS) ni debatir una iniciativa de nacionalización, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud han tomado el control del sector mediante la figura de “intervenciones forzosas” a EPS y hospitales.

Con argumentos como el incumplimiento de indicadores financieros y de calidad, el enriquecimiento a costa de la salud de los colombianos, el deterioro de la calidad y la negación de servicios médicos a los afiliados, la Supersalud ha intervenido múltiples EPS. Entre 2023 y 2024, han intervenido siete: Ecoopsos, SOS EPS, Famisanar, Saviasalud, Nueva EPS, Sanitas EPS y Capresoca. Además, ampliaron la intervención a Emssanar y realizaron una revocatoria parcial a Asmetsalud. En conjunto, estas EPS cubren casi 27 millones de afiliados, y se espera que más EPS y hospitales estén en la lista para futuras intervenciones.

En cada caso, se ha reemplazado a sus directivos y revisores fiscales por interventores designados por el gobierno, controlando así a más del 50 % de la población afiliada. Ahora, millones de colombianos dependen de las decisiones de política pública, financieras y operativas tomadas por funcionarios designados por la Superintendencia y el Ministerio de Salud. Recordemos que la Supersalud es una entidad adscrita al Ministerio de Salud. Además, bajo esta misma figura de intervención, hay decenas de hospitales públicos en todo el país, muchos de ellos fundamentales en sus regiones.

Como se observa, el gobierno central ha concentrado aceleradamente el poder político y financiero dentro del sistema sanitario. Con cada nueva intervención, el sistema de salud, sus fondos, empresas y decisiones quedan en manos públicas. Así, el gobierno ahora controla miles de contratos de servicios de estas entidades, decide sus nóminas y contrataciones, administra sus recursos físicos y económicos y gestiona presupuestos billonarios. Con esto, comienza el desfile de políticos y grupos de interés buscando extraer recursos y beneficios de estas intervenciones, justo antes de un año electoral.

El proceder de este gobierno en los últimos dos años ha dejado claro su objetivo de establecer una crisis en el sistema de salud. A través de una campaña para desprestigiar el modelo de aseguramiento, desfinanciar la UPC, retrasar los pagos a las EPS, extraer recursos del Plan Básico de Salud, generar escasez de medicamentos y culpar a los actores del sistema, han creado un ambiente de crisis. Este deterioro ha sido predecible: los indicadores financieros y de servicio de todo el sistema han empeorado, los pagos a proveedores se retrasan aún más y el servicio se deteriora, afectando a pacientes y enfermos.

Además, se ha creado un ambiente de incertidumbre que ha frenado la inversión en nuevos proyectos y ha generado desinversión en el sector. Ante esta situación, varias EPS reconocidas han solicitado su retiro del sistema, quedando a merced de una intervención forzosa de la Superintendencia.

No se puede negar que algunas entidades intervenidas podrían haber tenido problemas que justificaran una intervención, pero se percibe un cierto aire de venganza en algunas de estas decisiones. Parece que el propósito es tomar el control de las empresas más que solucionar sus problemas reales. Así, es probable que al final del cuatrienio ninguna intervención de la Supersalud concluya con la devolución de las entidades a sus dueños, saneadas o mejoradas. El Ministerio y la Superintendencia han elegido intervenir para administrar y mantener estas entidades bajo control. Nos encontramos, entonces, en un escenario poco conveniente: quienes regulan y vigilan el sector son ahora también quienes administran y operan. ¿Quién vigila al vigilante?

Además, es previsible que, bajo la dirección de interventores más enfocados en obedecer una agenda política del gobierno que en recuperar estas complejas empresas, el número de quejas y tutelas de usuarios, que ya ha aumentado un 11,2 %, siga en ascenso. Los indicadores financieros de las EPS intervenidas continuarán deteriorándose, como lo muestran los últimos resultados reportados, al igual que sus indicadores de servicio. Si algún día las devuelven, es probable que solo quede un cascarón.

En el caso de los hospitales intervenidos, el riesgo es que tampoco sean devueltos a sus municipios o departamentos, especialmente si tienen alcaldes o gobernadores de oposición. Con el grado de politización que se observa en la administración pública, es posible que algunos hospitales intervenidos se devuelvan, pero solo a grupos políticos aliados.