El gobierno de Gustavo Petro, tras meses de especulaciones, logró nombrar al abogado Aldo Cadena como presidente de Nueva EPS el 16 de enero. La Nueva EPS desempeña un papel fundamental en el sistema de salud colombiano, extendiendo su cobertura a 1.300 municipios y manejando un presupuesto anual de 18 billones de pesos para brindar atención a la población. El Gobierno no solo tiene la intención de proporcionar fondos para garantizar su liquidez, sino también de transformarla en una de las principales Gestoras de Salud y Vida del sistema, con la capacidad de absorber a los afiliados de otras EPS que no cumplan con los requisitos para convertirse en Gestoras.

A pesar de que el Gobierno pueda asumir el control de la empresa, esta aún está sujeta al marco jurídico existente, a menos que la reforma de la salud supere los dos debates restantes en el Congreso. Una vez obtenido el control de la Nueva EPS, el desafío será otorgarle, mediante la reforma de la salud, la capacidad de transformarse en una entidad enfocada en la prevención de enfermedades.

La Nueva EPS, con presencia en los 1 103 municipios y proyectada para facturar 21.6 billones de pesos en 2024, enfrenta un panorama desafiante. Con 10.9 millones de afiliados y la expectativa de recibir ocho millones adicionales de EPS intervenidas, sus estados financieros reflejan un incremento de los costos alarmante. La entidad destina gran parte de sus ingresos a gastos administrativos y reservas técnicas, dejando un margen insuficiente para cubrir los costos reales, con un pronóstico financiero “reservado”.

La intervención estatal, al nombrar a alguien del Pacto Histórico en la gerencia, plantea un escenario paradójico. La Nueva EPS, destinada a ser la punta de lanza del nuevo modelo de salud, enfrenta dificultades crecientes y, paradójicamente, podría estar en camino a la intervención debido a su deterioro financiero.

Las proyecciones indican pérdidas significativas, con reservas técnicas lejos de lo esperado. La falta de recursos y la gestión estatal cuestionable plantean dudas sobre la viabilidad del nuevo modelo, destacando la complejidad del sistema de salud. A pesar de la retórica oficial, la crisis no se debe solo a actores privados, sino a desafíos financieros fundamentales.

El incremento de los costos, la falta de soluciones efectivas y la incertidumbre sobre el futuro del sistema de salud en Colombia plantean serias preocupaciones. La población, según expertos, podría enfrentar mayores dificultades y barreras administrativas para recibir atención médica, señalando un camino incierto y desafiante para el sector en el país.

Especulaciones en medio de cambios importantes

La Nueva EPS, surgida en el contexto del nuevo sistema de salud colombiano, representa una alianza público-privada entre las cajas de compensación familiar, como accionistas mayoritarios con el 51 %, y el Gobierno nacional, representado por la compañía de seguros Positiva.

Sin embargo, la entidad enfrenta desafíos significativos, especialmente con la reciente designación de Aldo Cadena como presidente, generando inquietudes.

El riesgo de politizar la contratación de hospitales y clínicas en diferentes regiones podría ser perjudicial para la Nueva EPS y, según algunos expertos, incluso poner en peligro todo el sistema de salud del país.

La complejidad de administrar una entidad tan grande se suma a las preocupaciones, especialmente considerando la historia problemática del nuevo presidente, Aldo Cadena, durante su gestión en la EPS Capital Salud en Bogotá.

Existe la preocupación de que, en caso de que la reforma a la salud no sea aprobada, la Nueva EPS pueda convertirse en un monopolio, concentrando la atención de todos los ciudadanos y llevando a una posible estatización del sistema de salud.

Para Alejandro Gaviria, economista y exministro de Salud, existen varias preocupaciones. “La primera es que se politice la contratación. En cada región, la Nueva EPS tiene que contratar hospitales y clí- nicas que atiendan a sus usuarios. Esa contratación tiene que hacerse en condiciones de calidad y de precio, buscando la eficiencia, pero también la buena atención a los pacientes. Si esas decisiones en los diferentes departamentos o regiones de Colombia se toman por razones políticas, ese es el comienzo del fin de la Nueva EPS y casi que del sistema de salud, porque esta es la EPS más importante del país”.

La segunda preocupación está relacionada con la dificultad que implica administrar una entidad tan grande. “Es una labor gerencial muy complicada y el nuevo presidente, Aldo Cadena, tiene una historia problemática. Cuando fue secretario de Salud de Bogotá, durante la alcaldía de Gustavo Petro, la EPS del distrito bá- sicamente se quebró bajo su dirección y tuvo que ser rescatada por la siguiente administración”.

Gaviria se refiere a la EPS Capital Salud, en la que Cadena fungía como presidente de la Junta Directiva. El funcionario recibió a la entidad con pérdidas de cerca de 20 000 millones de pesos y la entregó con pérdidas de 579 000 millones de pesos. Esta situación llevó a que la Superintendencia de Salud interviniera la entidad en octubre de 2015.

Las EPS, en general, enfrentan una situación financiera precaria. La acumulación de deudas del Gobierno a las EPS, estimada en 2.5 billones de pesos, y el ajuste del 12,01 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024, amenazan la sostenibilidad del sistema.

La falta de cumplimiento por parte de las EPS en relación con las “reservas técnicas” ha llevado al Ministerio de Salud a presentar una demanda contra 21 promotoras de salud.

Aunque se reconocen problemas en el sistema de salud, la preocupación es que los cambios propuestos por el Gobierno no aborden las dificultades fundamentales y se centren en aspectos como quién maneja los recursos públicos.

En medio de estas inquietudes, la Nueva EPS se encuentra en una encrucijada, enfrentando no solo desafíos operativos y financieros, sino también especulaciones sobre su papel futuro en el sistema de salud colombiano.

Estrategias y desafíos persistentes

Aunque la Nueva EPS ha tenido históricamente una población de usuarios predominantemente adulta, la entidad se embarca en la tarea de acercarse a las nuevas generaciones, al mismo tiempo que busca aliviar la congestión en sus diversas oficinas a lo largo del país.

En su afán de modernización, el lanzamiento de una aplicación móvil tenía como expectativa alcanzar 3 000 descargas entre junio y la fecha actual. Sin embargo, la realidad superó las expectativas, registrando 12 840 descargas y un promedio de 350 visitas diarias. Esta aplicación proporciona a los usuarios información sobre estados de afiliación, notificaciones y puntos de interés, como la ubicación de IPS, oficinas y farmacias en toda Colombia.

Fernando Echavarría Diez, exgerente de la regional noroccidente (Antioquia, Córdoba y Chocó) de la Nueva EPS, señaló que, a pesar de las mejoras en los canales de comunicación, algunos usuarios aún prefieren las oficinas debido a la oportunidad de socializar con amigos de mayor edad.

La regional a cargo de Echavarría cuenta con 460 000 afiliados, mientras que la EPS a nivel nacional tiene cerca de tres millones de afiliados. La concentración en el régimen contributivo es evidente, siendo Antioquia, en particular el Valle de Aburrá, una de las zonas más densamente pobladas.

Echavarría también destacó el crecimiento operativo en la región de Urabá, especialmente en Apartadó, con un aumento en las familias bananeras afiliadas, así como en Rionegro y en el oriente cercano a la capital antioqueña.

Perspectivas financieras

A pesar de enfrentar demoras en los pagos por parte del Fosyga y el incremento de las nuevas coberturas del Plan Obligatorio de Salud (POS) que impactan la facturación para las IPS, la Nueva EPS espera ingresos para este año superiores a los tres billones de pesos.

Aunque el 2023 fue uno de los años más costoso, la entidad busca mantener su sostenibilidad. Aunque no se prevé un aumento en la UPC destinada a cubrir las prestaciones del POS para los afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado.

Las problemáticas surgidas en los servicios especializados, principalmente con especialistas como endocrinólogos, neurólogos y cardiólogos, plantean dificultades en la oferta médica general, especialmente en el Valle de Aburrá y subregiones. A pesar de ello, la satisfacción del usuario se mantiene por encima del 80 %.

La región se destaca por sus avances médicos y cuenta con el mayor presupuesto debido a los costos, procedimientos y medicamentos utilizados en niveles de atención especializada. A pesar de la falta de una red propia, los indicadores de satisfacción respaldan la eficacia de la Nueva EPS, que lleva seis años operando.

Frente a los desafíos financieros, el director señaló los atrasos del Fosyga y la cadena de pagos afectada, asegurando que todos los ingresos se destinan a pagar a terceros, ya que no cuentan con una red propia. La crítica sobre la integración vertical, según él, es una expresión de la vocación de la Nueva EPS de ser aseguradores y no prestadores.

Según Ramón Abel Castaño, especialista de salud de Harvard, la propuesta presidencial tiene sentido al cumplir con las disposiciones de la Ley 1438, que establece el marco normativo para consolidar equipos de salud territoriales y mejorar la infraestructura de atención primaria. Sin embargo, advierte que esto no es una novedad de la reforma a la salud.

Castano considera viable la propuesta en municipios con alta afiliación a la Nueva EPS y en EPS intervenidas como Nueva EPS, Savia Salud, Asmet Salud, Famisanar y Emssanar. No obstante, señala que aún no está claro cómo garantizar el acceso a la mediana y alta complejidad en estas EPS y que las condiciones normativas deben desarrollarse en el proceso legislativo de transformación del sistema de salud.

Desde el ámbito académico, Tatiana Andia, profesora de la Universidad de los Andes, destaca la viabilidad de la propuesta, especialmente en el fortalecimiento de la atención primaria. Asegura que es factible mediante la articulación entre entidades territoriales, salud pública y el trabajo de las EPS, y menciona que en Bogotá ya se implementa.

La agremiación de las EPS del régimen contributivo (Acemi) concuerda en que la instrucción presidencial no es novedosa y es una implementación de la normativa actual. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, enfatiza que muchas estrategias de la reforma pueden realizarse bajo el marco jurídico actual, centrándose en la atención primaria, promoción y prevención.

No obstante, las críticas han surgido, especialmente en relación con la Superintendencia Nacional de Salud. Advierten que las EPS intervenidas no están controladas por el Estado y que la instrucción del presidente abre la puerta a demandas contra el Estado. Fabio Aristizábal, exsuperintendente de salud, cuestiona por qué, si estas EPS intervenidas no cumplen su función, no se procede con su liquidación, considerando los mensajes recientes del gobierno sobre las EPS.