Recientemente, se ha realizado un informe que analiza la situación de la deuda en las Empresas Sociales del Estado (IPS), utilizando datos del Sistema de Información Hospitalaria (SIHO) hasta el 31 de diciembre de 2022. Los hallazgos de este informe muestran una realidad financiera preocupante, especialmente para las IPS de carácter público.

Según las cifras del SIHO, la cartera total para las IPS públicas alcanzó la cifra alarmante de 11.8 billones de pesos. Dentro de este panorama, las Empresas Promotoras de Salud (EPS) emergen como los principales deudores, acumulando el 72,7 % de la cartera total. Les siguen otros deudores relacionados con la venta de servicios de salud (11,7 %), cuentas por cobrar por SOAT-ECAT (6,2 %), entidades territoriales departamentales (5,7 %), cuentas por cobrar por conceptos distintos a la venta de servicios de salud (3 %), y entidades territoriales municipales (0,7 %).

El análisis departamental muestra que las IPS presentaron una cartera de $4.3 billones, con un promedio de 173,8 días de mora en las EPS vigentes hasta diciembre de 2022. Destaca que las IPS del Valle del Cauca encabezaron la lista con el 12,5 % de la cartera (aproximadamente $543 mil millones), seguidas por las IPS de Antioquía (11,3 %, $489 mil millones) y las IPS de Bogotá (7,6 %, $331 mil millones). Entre las EPS vigentes, Nueva EPS lideró con el 27,2 %, seguida por Emssanar (11,0 %) y Asmet Salud (10,5 %).

Según Rafel Agreda, gerente del Hospital Gerardo Santos Unión Nariño, se debe tener una actuación pronta por parte del Estado a las IPS, porque mientras se toman decisiones importantes sobre el futuro de la reforma, las IPS se están agotando, están intervenidas y los recursos no llegan, no se cuentan con especialistas ni con el proceso de formalización laboral.

Asimismo, Ramón Graciano, del Movimiento del aire y la salud pública, pide que se tenga en cuenta en la reforma las barreras al servicio de salud, autonomía médica, deudas con las EPS y las IPS, escasez de insumos en los servicios, falta de adecuación en los programas de atención, debilitamiento crónico de la red pública y precarización de las condiciones de los trabajadores.

De otro lado, Carime Giraldo, de la IPS Hospital Ortopédico, expone: “El panorama de las IPS que atienden accidentes de tránsito, piden que se les tenga en cuenta porque tienen problemas de facturación y el flujo de recursos es muy demorado. Cómo la reforma aborda este gremio”.

Para las EPS en proceso de liquidación, se evidenció un promedio de 331,4 días de mora. Las IPS del departamento de Cundinamarca concentraron el 13,3 % de la cartera de los $2.6 billones registrados por las IPS públicas con EPS en liquidación. A estas les siguieron las IPS del Huila (11,5 %) y las IPS de Norte de Santander (9,6 %). En este caso, Medimás lideró con el 34,2 %, seguida por Saludvida (11,5 %) y Comparta (10,6 %).

Las EPS ya liquidadas presentan un promedio de 350,5 días de mora, con una cartera de 1.5 billones de pesos con las IPS públicas. Las IPS de Bogotá concentran el mayor porcentaje de esta cartera (24,8 %), seguidas por las IPS de Antioquía (9,2 %) y las IPS de Córdoba (7,9 %). En el caso de las EPS liquidadas, destacan dos bolsas denominadas “EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación” y “EPS del régimen contributivo en liquidación”, que concentran el 40,2% de la cartera total de las EPS liquidadas. Entre las EPS liquidadas, Cafesalud lideró con el 24,28 %, seguida por Emdisalud (13,4 %).

Estas cifras revelan una compleja situación financiera que afecta a las IPS públicas, con la deuda acumulada y los altos índices de morosidad, planteando desafíos significativos para el sistema de salud en Colombia. La necesidad de abordar estas deudas y fortalecer la sostenibilidad financiera de las IPS emerge como una prioridad urgente en el sector.

El panorama financiero del sector de salud en 2022 presentaba un escenario complejo, donde 30 de las 923 Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) que reportaron información en el Sistema de Información Hospitalaria (SIHO) se destacaban al concentrar el 50,5 % de la carga.

Dentro de este grupo de 30 IPS, 20, clasificadas como nivel 3 de atención, concentran el 38,2 % de la cartera total. Notablemente, Bogotá emerge con un peso significativo, ya que seis de estas IPS capitalinas registraron una deuda combinada de un billón. El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, de Cali, lidera el panorama como la IPS con mayor cartera total, alcanzando $290 806 millones, representando el 3,4 % del total de la cartera a diciembre de 2022. Le siguen el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con $269 276 millones (3,1 %) y el Hospital Universitario Erasmo Meóz de Cúcuta con $262 361 millones (3,1 %).

En cuanto a la antigüedad de la deuda, se observa que el 68,9 % de la cartera total de estas 30 IPS se clasifica como improductiva, con vencimientos superiores a 181 días. En cifras, esto se traduce en tres billones de los $4.3 billones de la cartera total. La cartera con más de 360 días de mora asciende a $4.4 billones, y las 30 IPS mencionadas concentran el 54 % de esta cifra, representando $2.3 billones.

Dentro de las IPS con vencimientos mayores a 360 días, el Hospital Universitario Erasmo Meóz de Cúcuta encabeza la lista con una cartera de $204 689 millones (4,7 %), seguido por la Subred Integrada de servicios de salud norte E.S.E. de Bogotá con $161 115 millones (3,7 %), y el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con $122 953 millones.

Pasando a la perspectiva de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las cuentas por pagar son un indicador crítico. Según el formulario FT004, al cierre de 2022, las EPS reconocieron un total de cuentas por pagar de casi $23 billones. El grueso de estas obligaciones, equivalentes al 75 %, se concentra en la prestación de servicios de salud, acumulando $17.17 billones.

Según la Contraloría General de la República, la situación financiera de 26 EPS acumulan una deuda total de $25 billones con las IPS y proveedores hasta octubre de 2023, incluyendo cuentas por pagar, reservas técnicas y pasivos administrativos.

Según el informe, el 61,5 % de estas EPS presenta indicadores de margen de solvencia insatisfactorios, y lo más alarmante es que no cumplen con la provisión ni con el Régimen de Inversión de las reservas técnicas, lo que implica un incumplimiento de los requisitos para operar.

Los estados financieros reportados revelan otras situaciones preocupantes:

• La deuda total con las IPS asciende a $11.3 billones.
• De un pasivo de Reservas Técnicas de $13.7 billones, solo $1.3 billones están respaldados en inversiones, incumpliendo el requisito de invertir el 100 % de los recursos.
• Solo cinco EPS cumplen con la provisión e inversión de sus reservas técnicas: Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud.
• El 80,7 % de las EPS no cumplen con la provisión ni inversión de sus reservas técnicas, representando un riesgo para el sistema de salud.
• Solo el 38,4 % de las EPS tienen indicadores de liquidez y margen de solvencia satisfactorios, lo que garantiza su capacidad para prestar servicios de salud a sus afiliados.

La constitución y la inversión de las reservas técnicas son fundamentales para respaldar las obligaciones en salud y cumplir con los requisitos para operar en Colombia, junto con el capital mínimo y el patrimonio adecuado.

Para Sergio Prada Marín, de la Clínica Materno Infantil de San Luis Bucaramanga, “está la necesidad de crear el subsidio a la oferta y fortalecer el sistema hospitalario. Dado que ellos son los que sufren por las deudas que tienen las EPS, se necesitan más controles y proponer más mesas técnicas para fortalecer la reforma”.

En contraste, Wilson Arias, senador de la República, enfatiza en las cifras que la senadora Marta Peralta expuso sobre las deudas de las EPS a los hospitales, lo que evidencia un preocupante panorama, teniendo en cuenta que incluso esas cifras podrían ser más altas y alarmantes, por lo que se necesita tomar acciones.

Este escenario de deudas vencidas compromete la sostenibilidad financiera de los proveedores y prestadores de servicios de salud. La falta de pagos oportunos afecta negativamente a profesionales sanitarios, mantenimiento e inversión en infraestructura, y la continuidad en la atención, generando un impacto significativo en el funcionamiento del sector.