El sector de la salud en Colombia ha enfrentado desafíos como la falta de acceso equitativo a servicios de calidad, la carga financiera para los pacientes y la necesidad de mejorar la eficiencia operativa.

La financiación de los servicios de salud es un tema crítico. Las IPS, tanto públicas como privadas, enfrentan dificultades económicas debido a problemas como los retrasos en los pagos por parte de las entidades aseguradoras y las deudas acumuladas.

Con relación a esto, y consecuente a la revisión de los estados financieros de las siete EPS líderes del sistema, que tienen afiliados a 34 millones de colombianos, se observa un incremento de los costos, pasando de 95,4 % a 98 %. Este porcentaje debería ser del 92 % para el régimen contributivo y del 90 % para el subsidiado. El patrimonio de estas EPS ha pasado de $2.6 billones en 2021 a un negativo de $778 000 millones en septiembre de 2023. Las EPS bajo control gubernamental tienen cifras alarmantes, acumulando un patrimonio negativo de cinco billones y pérdidas de $5.4 billones.

El problema subyacente se centra en la discrepancia en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que hasta el momento no ha sido adecuadamente estimada por el gobierno. Esta discrepancia ha desencadenado una falla integral en el sistema de salud. Aunque las Cortes aún no han emitido un fallo sobre este problema, hay quienes anticipan que podría ser la solución para el sistema. Ya se han realizado pronunciamientos sobre los Presupuestos Máximos y las deficiencias en el proceso de “Acuerdo Final”, exhortando al gobierno a cumplir con los pagos correspondientes. La falta de consenso entre los diferentes actores del sistema ha contribuido significativamente a esta situación. Frente a esta situación, el gobierno de Petro ha sido criticado por incumplir con el mandato constitucional de asegurar la financiación de la salud en Colombia. En un artículo publicado el 4 de julio de 2023, se destacó que este incumplimiento viola el derecho fundamental a la salud, según lo establecido en la Sentencia T 760 de 2008 y la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) estima un déficit de $9.6 billones, mientras que los cálculos basados en estados financieros indicarían $14 billones, considerando el desfase acumulado con el parámetro de cálculo de prima pura. Además, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) señala que, hasta la fecha, además del desfase, se adeudan cinco billones a las EPS en cuentas glosadas.

Esto se traduce en deudas con hospitales y proveedores, así como en la falta de prestación de servicios y suministro de medicamentos a los colombianos.

Como resultado, las EPS se ven forzadas a retirarse del sistema, ya que mantenerse activas implica acumular pérdidas y deudas con hospitales y proveedores, dependiendo únicamente del patrimonio de los propietarios para realizar los pagos. A pesar de los esfuerzos por responsabilizar a las EPS, según una encuesta de Datexco realizada el 26 de febrero, el 60 % de los colombianos señalan al Gobierno como el responsable de la crisis actual en el sistema de salud.

El Gobierno nacional, según la Contraloría, se encuentra al día con las EPS, aunque existe una deuda pendiente de tres billones de pesos por Presupuestos Máximos destinados a cubrir servicios y tecnologías en salud no financiados. La Contraloría insta al Ministerio de Salud a proceder con el saneamiento de estas deudas.

En su más reciente declaración a medios, el contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, lanzó una advertencia a los gremios de la salud y a algunas aseguradoras. El contralor destacó la importancia de la independencia de la Contraloría y recordó a Acemi y a otras agremiaciones de salud que no deben influir en las metodologías de control utilizadas por la Contraloría para vigilar los recursos públicos. Subrayó que hay aspectos del sistema de salud que requieren mejoras, identificándolos como fallas estructurales.

Zuluaga anunció que en marzo la Contraloría publicará un nuevo informe donde se establecerá legalmente cómo deben utilizarse los recursos de la UPC y se abordará la utilización de los recursos girados a las EPS durante la pandemia, así como la asignación de fondos en ese período.

En medio de la controversia sobre la asignación de recursos para la salud y su entrega, Zuluaga mencionó la intención de la Contraloría de llevar a cabo un seguimiento de los destinatarios de los fondos, mediante la revelación de la estructura corporativa de las EPS.

En los últimos meses, las Empresas Promotoras de Salud han expresado su preocupación, alegando que el gobierno de Gustavo Petro les debe $2.6 billones, sumando los años 2021 y 2022, junto con otras deudas que, según Acemi, superan los 350 mil millones de pesos.

Las deudas, según los hospitales públicos

Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos y Empresas Sociales del Estado (ACESI), subrayó la preocupación existente: “Las cuentas no cuadran, y eso nos preocupa, porque las EPS solamente están angustiadas por lo que les deben, pero jamás por lo que aún no les pagan a sus acreedores, en este caso, a las IPS públicas y privadas que les prestaron los servicios a todos los millones de colombianos que demandaron atención médica en todos los niveles”.

“Esta situación no es nueva, ya que el reporte de Minsalud indica que la deuda de las EPS con los prestadores ha aumentado significativamente entre 2021 y el año pasado”. La directora ejecutiva de ACESI resaltó que el 55 % de los 7.6 billones de deuda corresponde a montos pendientes por más de un año, indicando una práctica común de las EPS de dilatar el pago con diversas estrategias, convirtiendo las carteras en difíciles de cobrar.

La incógnita recae en la enorme diferencia entre las cifras, y la pregunta es: ¿dónde están los recursos? Con el tiempo y el actual modelo de salud en Colombia, los pagos a los prestadores se dilatan cada vez más, generando preocupaciones sobre la utilización de estos fondos destinados a garantizar la atención digna, oportuna y de calidad a los usuarios, según lo subrayó Olga Lucía Zuluaga.

Las cifras según hospitales y clínicas

Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), “de acuerdo con las categorías de deuda presentadas en el estudio, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo son nuevamente las principales deudoras, representando el 49,4 % del total de la deuda, equivalente a $7.9 billones. Les siguen las EPS-S del régimen subsidiado, con el 21,9 % de la deuda total, equivalente a $3.5 billones, y en tercer lugar, la categoría Estado, con el 9,5 % de la deuda, sumando $1.5 billones. Esta categoría incluye deudas de Entidades Territoriales de Salud, el extinto operador fiduciario del FOSYGA, la ADRES, y otras entidades estatales como fuerzas militares, policía nacional y ministerios, entre otros”.

En resumen, las EPS del régimen contributivo y subsidiado, junto con la categoría Estado, acumulan el 80,8 % de la deuda total, superando los $13 billones.

“En cuanto a la morosidad, expresada como la concentración de cartera de 60 días y más, se destaca un 65,6 % para la categoría Estado, seguido por un 60,8 % para las EPS del régimen subsidiado y un 51,9 % para las EPS del régimen contributivo. La deuda relacionada con la ADRES a junio de 2023 asciende a más de $298 000 millones y está vinculada al reconocimiento y pago de reclamaciones por accidentes de tránsito y eventos catastróficos y terroristas”, expone la asociación.

Al desglosar la deuda por EPS, se revela que estas representan aproximadamente $11.5 billones de pesos, con una concentración morosa del 54,6 %. La Nueva EPS, Medimás EPS (intervenida para liquidar), Coomeva EPS (intervenida para liquidar), EPS Sanitas y Cafesalud EPS (intervenida para liquidar) destacan como los principales deudores, encabezando el ranking en términos de cartera morosa y deudas superiores a los dos billones de pesos en el caso de la Nueva EPS.