La relación entre Savia Salud y las clínicas es un punto crucial para entender cómo se gestionan los pagos y la facturación, y si existen discrepancias en las expectativas o en los términos del acuerdo entre ambas partes.

Puede haber diferencias, entre Savia Salud y la clínicas, en la interpretación de los términos contractuales o en la velocidad de procesamiento de pagos, lo que podría generar tensiones en la relación.

El aumento en la cartera, es decir, el monto de dinero que las clínicas tienen pendiente recibir por parte de Savia Salud, y la discrepancia con la facturación, donde la realidad financiera difiere de las expectativas, tienen un impacto significativo en la sostenibilidad económica de los hospitales y clínicas.

Esta situación puede generar riesgos para la continuidad de los servicios médicos proporcionados por las clínicas. Un aumento en la cartera impaga puede afectar negativamente la liquidez de las clínicas, limitando su capacidad para cubrir costos operativos y mantener la calidad de los servicios ofrecidos.

El panorama de Savia Salud

Hasta ocho meses después de la intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Savia Salud, la situación financiera de la entidad no ha mostrado mejoras sustanciales, generando inquietud en diversos sectores. Existen llamados a la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional para que tomen medidas que garanticen la atención de los 1 672 455 afiliados, en su mayoría pertenecientes al régimen subsidiado.

Según cifras al cierre de 2023, la EPS, propiedad del Departamento de Antioquia, el Distrito de Medellín y Comfama, presenta un pasivo de 969 763 millones de pesos y un patrimonio también negativo de 786 734 millones de pesos, planteando interrogantes sobre su viabilidad financiera.

A pesar de la intervención, el gerente interventor, Edwin Rodríguez, ha manifestado optimismo en el desarrollo de las acciones y señala que no vislumbra una liquidación de Savia en el corto, mediano o largo plazo, asegurando que el panorama de la entidad está “tranquilo”.

La situación financiera de Savia Salud plantea preocupaciones adicionales debido a su importancia en el sistema de salud departamental, atendiendo al 24 % de la población antioqueña en más de 50 municipios, especialmente en el Valle de Aburrá, Oriente, Urabá y Suroeste.

No obstante, en una sesión conjunta del Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia, donde se llevó a cabo un debate de control político a la EPS, surgieron críticas. Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia, destacó un aumento del 40 % en la deuda de la EPS con los hospitales públicos del departamento entre 2022 y 2023, sumado al riesgo financiero de 55 hospitales públicos.

Jorge Correa, diputado, señaló que la intervención de la EPS parece haber tenido razones políticas y que, en su percepción, no ha generado cambios significativos. También denunció un aumento en los gastos administrativos y la llegada de directivos sin experiencia en el sector salud desde otras regiones del país.

La falta de recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el régimen subsidiado, que representa al 92 % de los afiliados de Savia Salud, se destaca como una problemática central. Ante este panorama, se propone aumentar el valor de la UPC para el régimen subsidiado y equipararlo con el contributivo, lo que podría generar ingresos adicionales para la EPS.

Otra opción, la capitalización por parte de los socios, se ha encontrado con obstáculos y está en revisión. El cambio en la composición accionaria, propuesto para atraer nuevos inversionistas, está en espera y se enfrenta a la complejidad de la intervención actual.

En medio de estas discusiones, se plantea la necesidad de fortalecer las redes de atención en salud en el departamento como una forma de optimizar recursos y reducir costos. La recuperación de Savia Salud se perfila como un desafío que requiere equilibrio y evaluación cuidadosa de alternativas para garantizar la sostenibilidad una vez finalice la intervención de la Supersalud en junio, si así se decide.

Impacto en Antioquia

En distintas subregiones, se han vuelto frecuentes las protestas del personal médico, acompañadas de cierres progresivos de servicios médicos esenciales en Medellín y el Valle de Aburrá.

Según Gonzalo Vélez, presidente de Asmedas, los pasivos de hospitales y clínicas en Antioquia superan actualmente los $800 000 millones. Un total de 68 hospitales públicos, de los 113 existentes, están al límite, siendo especialmente críticos aquellos que atienden complejidad, como los de Santa Fe de Antioquia, Caucasia y Yarumal. El colapso de estos hospitales tendría consecuencias regionales significativas.

A esto se añade la situación de Savia Salud, cuyo futuro se ha convertido en una disputa política. La Gobernación de Antioquia, a pesar de insistir en la capitalización durante cuatro años, anunció que no la llevará a cabo.

En medio de esta crisis, la posible liquidación de Savia Salud tendría consecuencias graves, incluyendo la crisis del Hospital Mental, donde el 80 % de los pacientes son afiliados a Savia.

La situación más crítica se vive en las ESE de Guadalupe, Anzá, Angelópolis, Vegachí y Necoclí, siendo esta última especialmente afectada por la atención de pacientes migrantes. En el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño la problemática se agudiza, donde algunas EPS no están pagando por las atenciones a los pacientes de los regímenes subsidiado y contributivo.

Cerca del 70 por ciento de los municipios de Antioquia, unos 125 en total, dependen del hospital público como único prestador de servicios de salud. Ante esta situación, se hace necesario abordar el problema antes de que cierren servicios esenciales como hospitalización, obstetricia, farmacia, consulta externa, entre otros.

Martha Ramírez, secretaria seccional de Salud de Antioquia, expresó su inquietud respecto a la situación de Savia Salud, que actualmente está bajo la supervisión de la Superintendencia de Salud, debido al aumento de las PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) dirigidas tanto a la Superintendencia como a la Secretaría de Salud.