L a mayoría de los ciudadanos del mundo tenemos tendencia a ser ingenuos y a creer en nuestros líderes. A creer en lo que nos dicen. Parece ser instintivo. Parece que eso es bueno para la superveniencia de la especie.

Así, cuando nos dijeron que las drogas –ilícitas- eran un problema de salud pública y de seguridad internacional, nos sentimos bien representados y bien dirigidos cuando se declaró la “Guerra contra las Drogas”. Respiramos más tranquilos porque “el enemigo” por fin era enfrentado. Fue durante el gobierno de Reagan cuando prácticamente todos los gobiernos del mundo cerraron filas en esta guerra. Los que no quisieron sumarse a esa cruzada global pasaron a formar parte de los parias del mundo. La guerra era por la salud porque esas substancias eran capaces de acabar con la mente e incluso con la vida de nuestros hijos y había que hacer lo que fuera necesario para detener al mal.

Cualquier analista honesto tendría que aceptar que si la guerra era por la salud y por la seguridad nacional o internacional, esa guerra se perdió. Los cultivos aumentan, los adictos aumentan, el poder de los traficantes aumenta, el dinero que se mueve por el tráfico ilícito sigue creciendo. La única razón por la cual algunos líderes – cada vez menos por fortuna- se empeñan en mantener y revivir la guerra contra las drogas es que tan noble cruzada tenía en realidad otras motivaciones y otros fines. Fines políticos y fines económicos. Los fines de los que no han perdido esta guerra. Los que con la guerra ganan.

Hay toneladas de literatura que ha revelado los intereses detrás de la guerra contra las drogas. La historia del opio en China es bien elocuente sobre lo que importa la salud cuando hay dinero de por medio. Alejandro Gaviria, en su interés por llevar la contraria, nos cuenta como el Gobierno Bush criminalizó el tráfico y el consumo para dejar las cárceles repletas de negros y latinos que perdieron sus derechos civiles y ya no pudieron volver a votar. Los ejércitos revolucionarios de aquí y de allá –contra el capitalismo o contra el comunismo- se han financiado con el tráfico de estupefacientes. Los ejércitos del Paramilitarismo se han financiado con dineros de las drogas ilegales.

Mucha política. Mucho dinero

Hay quienes dicen que el énfasis obsesivo de la administración Trump por “narcotizar” las relaciones con Colombia y por regresar a la “guerra contra las drogas” es una cortina de humo para esconder el problema más serio de salud pública que hoy enfrenta la población de los Estados Unidos. Las muertes por sobredosis de drogas legales. Drogas de prescripción médica que se venden con prescripción gracias a que un influyente –y filantrópico- grupo empresarial ha conseguido que las leyes se acomoden a las conveniencias de su negocio. ¿Recuerdan a la familia Sackler, Purdue pharmaceuticals y el Oxicontyn?

Medio mundo ya acepta que el problema con las drogas es algo más complejo que los buenos contra los malos. Que la interdicción, la represión y la criminalización no han resuelto nada. En muchos países la despenalización y el abordaje desde la salud de los problemas de las drogas han reducido las muertes por sobredosis, la criminalidad, la inseguridad y el tráfico.

Pero ciertamente, algunos pocos, han hecho mucho dinero. La familia Sackler con las drogas legales, que según parece, ahora buscan nuevos mercados en países en desarrollo. Los vendedores de armas, que siempre prosperarán dondequiera que haya guerra. Los militares de aquí y de allá que siempre encontrarán espacios en los múltiples grupos de represión y de control. Y como no, Monsanto, el fabricante del Glifosato, producto del que se han utilizado toneladas y toneladas para fumigaciones aéreas.

En Colombia, gracias a los sucesivos “planes Colombia” en los que Estados Unidos apoyó a nuestro país para la guerra contra el narcotráfico, recibimos mucho dinero. Alguna parte para impulsar programas de substitución de cultivos, para promover el desarrollo en los territorios en los que había una precaria presencia del Estado. Otra parte. Pero una tajada de esa “ayuda” generosa, se destinó a comprar helicópteros y avionetas y Glifosato.

Mucho se podría decir sobre el obsesivo énfasis en el control de la producción - con fumigaciones, erradicación, criminalización – y el control al tráfico hacia las metrópolis. Todos hemos visto los programas de capturas de pequeños embarques en los “aeropuertos”. Se estima que más del 60% de los presos en Colombia están relacionados con tráfico de estupefacientes. Y que en Estados Unidos hay medio millón de personas en las cárceles por tráfico de narcóticos. Pero todos los días ingresan a los Estados Unidos – y a Europa – toneladas de estupefacientes que mueven toneladas de dinero. Estados Unidos especialmente se siente muy cómodo en el papel de víctima de traficantes que la mitología y el cine han convertido en mitos.

El exministro Gaviria prohibió las fumigaciones con Glifosato. Basó su prohibición en el concepto de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer – IARC - que llevó a que la Organización Mundial de la Salud lo clasificara como “probable cancerígeno”. Probable porque con la exposición a productos químicos, la información es probabilística.

La política exterior del Gobierno Santos, que le tocó jugar con Obama, había conseguido desnarcotizar las relaciones con los Estados Unidos y en diferentes espacios globales, Colombia se sumó a quienes quieren llevar el debate al terreno de la salud y al de los derechos de los seres humanos. Se suspendieron las fumigaciones y se dieron pasos hacia la legalización del uso de la marihuana. La información sobre el riesgo potencial pudo tenerse en cuenta para las decisiones políticas. El principio de precaución – principio de la salud pública que dice que si existe riesgo es mejor abstenerse- se impuso.

No siempre había sido así. En 1984 el Instituto Nacional de Salud apeló a la figura de los “comités de expertos” para citar una serie de encuentros con los más reconocidos toxicólogos del país con el objeto de conocer su recomendación sobre el uso de herbicidas para fumigaciones aéreas. Los expertos dijeron que, con base en el principio de precaución, no era recomendable fumigar ni con glifosato ni con ningún otro herbicida. Pero se impuso la política y se han esparcido toneladas y toneladas de Glifosato sobre cultivos de coca, sobre otros cultivos y sobre cultivadores, que por el hecho de participar en actividades ilegales, no dejan de ser seres humanos.

Pero los tiempos están cambiando. Nubarrones de regreso a las fumigaciones con Glifosato en el marco del regreso a la “guerra contra las drogas”. Ya no con avionetas sino con drones, con lo que la exposición se reduce. Pero para desgracia de Bayer – ayer Monsanto- el 10 de agosto un jurado en California condenó a estas dos multinacionales a indemnizar con la nada despreciable suma de 289 millones de dólares – 867.000 millones de pesos: 0,867 Billones- a un paciente de linfoma no Hodgking debido al uso rutinario de una bomba de espalda con glifosato.

El jurado conoció todos los estudios y experiencias. Sufrió las presiones a las que las grandes empresas nos tienen acostumbrados. Tomó una decisión ponderando todos los elementos. Es un precedente que seguramente desencadene más demandas y que debería generar en el nuevo gobierno una actitud muy cautelosa. Sería trágico que la política de nuevo se imponga sobre el principio de precaución.