Primeras acciones para corregir el rumbo

S olucionar la crisis financiera en el sistema de salud colombiano se ha convertido en una prioridad tanto para los prestadores públicos y privados, como para los aseguradores y demás actores de la cadena. Y este problema se encuentra directamente atado a la discusión sobre la sostenibilidad, la cual debe enfocarse con una mirada humanista, en otras palabras, la capacidad financiera del sistema debe dirigirse a lograr los mejores resultados en salud y bienestar para la población, antes que a generar réditos de riqueza para quienes la facilitan.

Sin embargo, bajo un modelo como el nuestro, es evidente que la disponibilidad y buen flujo de los recursos entre los actores es fundamental para que la maquinaria funcione. Y es precisamente eso lo que ha fallado en los últimos años. Las razones son muchas, pero lo real es que la cartera de los hospitales ha llegado a niveles que no pueden ser admisibles. A los prestadores públicos se les adeuda más de 8.5 billones de pesos, y a los privados más de 8.4 billones, lo que da casi 17 billones de deuda identificada, sin embargo, si se analiza incluyendo otros parámetros es muy probable que estemos rondando los 20 billones. Inaceptable si se quiere brindar salud a todos.

El nuevo Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, señaló en una de sus primeras intervenciones que las deudas de la nación deben ser solventadas a través de la Adres “estamos planteando el giro directo a los prestadores para que haya calidad en la atención, insumos y medicamentos necesarios para los colombianos”, y es muy importante que el jefe de la cartera tenga claridad sobre este tema, y asuma las decisiones necesarias de manera pronta, porque no es posible que las tendencias muestren que “deber y no pagar” se convirtió en la ley del sector de la salud en el país.

Una deuda de esas dimensiones con los prestadores de servicios de salud socava cualquier posibilidad de continuar con un sistema que realmente funcione y menos, que cumpla con sus objetivos; pero además, al elegir el país en 1993 (sus congresistas) que el modelo que regiría estaría atado a las leyes del mercado, resulta inconcebible que se suponga que dichas leyes permiten morosidades eternas, o que simple y sencillamente a uno de sus actores no se le pague pero se le exija que marche dentro del mercado.

Cabe acá preguntar que habría sucedido si a la educación, otro componente social del estado de igual importancia al de la salud, se le hubiesen impuesto las mismas condiciones y los rectores tuvieran que salir cada mes a conseguir los recursos para comprar insumos, cancelar nóminas, pero además, que los responsables del pago no lo hicieran de manera oportuna y se atrasaran “tranquilamente” semanas, meses y años, sin que nadie interviniera para buscar soluciones. Menos mal, para la educación, los niños y el país, eso no sucedió, hasta ahora.

Pero el otro grave problema y que hace urgente solucionar de una vez y de manera definitiva el tema del flujo de recursos, es la necesidad de recuperar la confianza entre los actores. Cuando un sistema de salud no es dependiente de manera absoluta del Estado y se requiere que otros participen, es función de quien asume la gobernanza crear las condiciones necesarias para que se produzcan los niveles de coordinación y cooperación suficientes para alcanzar los objetivos, y eso también se ha perdido en Colombia. Ya nadie cree en las conciliaciones de cartera organizadas con buenas intenciones por diferentes entes de control, estas se convirtieron en otra puerta para ampliar los plazos al cumplimiento de las obligaciones. Ya nadie confía en las fechas acordadas en los planes de pagos, los usuarios no creen en el sistema, los proveedores dudan para aceptar créditos, y el etcétera se puede extender hasta infinitum.

Comienza un nuevo gobierno y de él se esperan cambios pero que sean profundos, que toquen la raíz de las deficiencias de un sistema que llega en 2018 a su cuarto de siglo, no podemos seguir con los paños de agua tibia mientras dejamos que el paciente empeore o se alivie gracias a algún poder divino. Lo triste es que las herramientas consignadas en el ordenamiento legal son más que suficientes para corregir muchas de las situaciones que han desembocado en la actual crisis, pero ha faltado voluntad política y se ha confiado demasiado en que las leyes del mercado terminarán por equilibrar las cargas, pero ya hemos visto que en este caso esos hilos invisibles no están funcionando o por lo menos, no lo hacen con el equilibrio necesario, y se hace urgente actuar.