U n nuevo escándalo de corrupción tocó al sector de la salud en Colombia, y se presentó en una de las instituciones que hasta ahora habían pasado de agache, el Invima.

Javier Guzmán señaló a los medios de comunicación que él mismo había solicitado a la Fiscalía iniciar las investigaciones hace más de un año, cuando detectó algunas irregularidades que concluyeron con la captura de 12 funcionarios y dos particulares en la última semana de agosto por presuntamente falsificar registros sanitarios.

Todo comenzó cuando el director de la institución detectó la falsificación de su firma en una certificación de buenas prácticas de manufactura. De allí en adelante la Fiscalía asumió la investigación que habría encontrado la existencia de una organización que habría cobrado por gestionar y expedir trámites con documentos falsos, alteraba procesos sancionatorios, comercializaba productos decomisados y ofrecía servicios de asesoría en preparación para auditorías del Invima, además, se encontraron evidencias de alteraciones en los sistemas de información para mostrar al público que un producto estaba aprobado cuando realmente tenía un registro cancelado o vencido.

Los funcionarios detenidos llevaban en el Invima en promedio cinco años y ocupaban cargos técnicos y administrativos, aunque no de dirección.

Por su parte los productos que venían siendo comercializados pero favorecidos por las irregularidades en sus registros sanitarios, incluye a siete medicamentos: dos antibióticos (Icncla y Bactiflox), el antihipertensivo Duoartril en tabletas, el antiparasitario Helmintaz en tabletas, un antinflamatorio de nombre Nimeflex, la desloratadina llamada Renilax tabletas y Bactrogyn óvulos. Además, de estos se encuentran además productos para dietas y de belleza, como un gel para dolencias como artritis y osteoartrosis, de nombre Abexine; una fibra supuestamente usada para la pérdida de peso llamada Fattache, y las cremas y parches Canna Pain.

El problema según indicó Guzmán es que estos productos en apariencia tienen un registro sanitario válido, pero realmente no surtieron la evaluación técnico-científica respectiva, o fueron aprobados con documentación fraudulenta, o son el resultado de una alteración del sistema de información del Invima para mostrar que existe un registro sanitario, cuando en realidad no es así.

El Invima informó que se están tomando acciones administrativas como el cierre de los laboratorios y el decomiso del producto que está en las calles.

Un hecho adicional hallado en la investigación mostraría que productos decomisados en operativos habrían sido comercializados posteriormente. La investigación no termina y por lo tanto podrían aparecer más irregularidades.