MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 7    NO 85   OCTUBRE DEL AÑO 2005    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Propuestas para
un programa de gobierno

Luz Enidia Largo Arteaga - Periodista - elpulso@elhospital.org.co

El consultor Iván Jaramillo Pérez, en su documento “Hacia un nuevo programa de gobierno en salud: Evaluación de la gestión de Uribe en la Reforma”, de septiembre de 2005, hace 7 propuestas específicas que debería contener un programa gubernamental del orden nacional, basados en 5 aspectos fundamentales del SGSSS: salud pública, red hospitalaria, aseguramiento, recursos y financiación.
Salud pública: Propone redefinir concepto y políticas de salud pública, para recuperar las coberturas útiles de vacunación, el control del país sobre las enfermedades endémicas y epidémicas, así como sobre factores de riesgo que las generan o favorecen. Puntualiza que el Ministerio de la Protección
Social debe asumir el liderazgo y fortalecer la rectoría sobre la salud y rediseñar el papel de apoyo a la Salud Pública que deben cumplir municipios y departamentos, así como la cooperación de aseguradoras y sector privado.
Seguridad social en Salud. Para garantizar la universalidad en el aseguramiento de la población para acceder a un Plan Obligatorio de Salud integral, el gobierno debe buscar las formas, mecanismos y financiación necesaria, creando estímulos para que los usuarios con capacidad de pago se afilien el régimen contributivo e incentivando tributariamente a las EPS, para así evitar la evasión y elusión. En cuanto al régimen subsidiado, el consultor propone redefinirlo otorgando un papel más activo de gestores y administradores, al Fosyga y a los Fondos Territoriales de Salud, buscando generar economías que redunden en la ampliación de las coberturas.
Red hospitalaria. En el primer nivel de atención, reitera Jaramillo, la necesidad es garantizar la expansión de la red pública hasta las regiones más apartadas y municipios más pequeños, para garantizar la presencia del Estado en materia de salud. Indica que el gobierno nacional debe diseñar un programa de asistencia técnica a los hospitales locales, puestos y centros de salud para que cumplan adecuadamente con sus funciones, especialmente de prevención y promoción de la salud, atención de niños y maternas, y la asesoría a los alcaldes en materia de salud pública.
Frente al segundo y tercer nivel de atención, afirma que el gobierno debe proponer fórmulas que permitan pagar en forma cumplida a los hospitales la atención de población asegurada y no asegurada. Establecer, por ejemplo, un sistema de pagos anticipados de Fondos Territoriales de Salud así como de aseguradoras, para garantizar la disponibilidad de recursos.
Señala como obligación del gobierno, identificar la causa de los sobrecostos hospitalarios y formular ajustes sin recurrir al despido masivo de empleados, manteniendo una planta básica de empleados con una redefinición más económica de escalas de remuneración, en combinación con estímulos por productividad en las áreas urbanas y compensaciones por ubicación en zonas rurales.
Descentralización. En este aspecto, el experto propone al gobierno adelantar un proyecto serio de evaluación de la descentralización en salud y plantear al Congreso de la República los ajustes que sean necesarios rediseñando las competencias de municipios, distritos y departamentos, de forma que se estimule y garantice la cobertura geográfica de los servicios, el aseguramiento y la cooperación financiera territorial, de acuerdo con la capacidad de cada ente regional y local.
Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS). Según Jaramillo, es obligatorio que el gobierno nacional evalúe realmente el papel cumplido por las ARS y la conveniencia de mantener su vigencia teniendo en cuenta que el sistema de aseguramiento puede ser garantizado y atendido en forma coordinada entre el Fosyga, los Departamentos y los Municipios, previo fortalecimiento de las Direcciones Territoriales de Salud y la adecuada reglamentación de los Fondos Territoriales de Salud.
Sobre el ejercicio privado de la profesión. Aquí la tarea para el gobierno es establecer un sistema de tarifas mínimo que proteja el ejercicio privado de las profesiones en salud, y reglamentar los contratos entre los profesionales y las aseguradoras para garantizar estabilidad en la relación médicopaciente, la perspectiva de largo plazo en la contratación por capitación y por servicios, la rentabilidad para el profesional que actúa con criterios preventivos y la defensa del profesional ante los abusos de las aseguradoras.
 
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