AESA Caos por intermediación, ánimo de lucro y falta de control Si bien es cierto podemos hablar en términos generales y para no pasar de pesimistas, que el estado de salud de los colombianos ha mejorado, no lo ha hecho en la proporción de la inyección de recursos al sistema. La intermediación, el ánimo de lucro y la inoperante vigilancia y control, han favorecido el gran caos que hoy se vive en el sector salud, principalmente en la red de prestadores públicos y privados, y la atención a los usuarios, quienes finalmente son los más afectados”. Estas son las afirmaciones del doctor José Darío Rojas Estrada, Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia -AESA-, al referirse a la década de Ley 100. Afirma que luego de 10 años de aprobada la ley se puede hablar de una verdadera evolución, ya que han sido notorios los cambios entre el anterior Sistema Nacional de Salud, al cual accedía toda la población con algunas desventajas (la percepción de la calidad y la satisfacción por parte de los usuarios, algunas ineficiencias en el servicio y demoras en la atención); y el actual Sistema General de Seguridad Social implementado a partir de la Ley 100, que no ha podido hacer que se cumplan los preceptos constitucionales de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política Nacional: El artículo 48 dice que " La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad", y: "No se podían destinar, ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella”. Si bien este artículo de la Constitución está contemplado en el articulado de la Ley 100 y su reglamentación, aún gran parte de la población no tiene acceso al servicio y para otro gran porcentaje es muy precario y limitado este acceso. Igualmente la dirección, coordinación y control del Estado ha demostrado todo lo contrario, ya que los grandes monopolios económicos y algunas empresas no serias, han manejado los recursos para otros fines muy diferentes bajo la permisividad e inoperancia de la Vigilancia y Control del Ministerio de Salud (hoy Protección social) y la Supersalud, con la ya conocida pérdida de miles de millones de pesos que quedaron en manos de particulares, se perdieron y nunca se utilizaron en lo ordenado por la Constitución. Como fiel reflejo de lo anterior solo hay que mencionar algunos monopolios que entran en liquidación en el régimen subsidiado y bajo el mismo nombre o razón social se muestran en el régimen contributivo como las más prósperas, con grandes incrementos en número de afiliados, rentabilidad e incluso absorbiendo y comprando otras EPS, con la nefasta benevolencia de los organismos de control del Estado; y otras, entran en eternos procesos de Ley 550 o liquidación, en los cuales los recursos igualmente quedan embolatados o se recuperan en un exiguo porcentaje, explicó. En cuanto a los principios de la Ley 100, el doctor Rojas Estrada esbozó superficialmente el incumplimiento de algunos de ellos, preocupado porque después de tanto tiempo aún no se apliquen, ya que serían básicos para obtener una mejor calidad de vida: - La universalidad. Salud igual para todos: Hay grandes diferencias entre el Plan Obligatorio de Salud de los regímenes contributivo y subsidiado, ya que el Plan subsidiado no solo es un plan inferior sino que tiene limitantes para el acceso. Y la población pobre no afiliada, con los escasos recursos y el creciente número de esta población, difícilmente tiene acceso a la atención inicial de urgencias y otros servicios mínimos, frecuentemente vía tutela. - La eficiencia. Basada en la optimización de los recursos: Con sobrados ejemplos se ha demostrado la mala utilización de los recursos, el poco valor agregado de la intermediación, y peor aún, la doble intermediación impuesta unilateralmente, donde un asegurador capita con cualquier otro intermediario llámese prestador o no, y este a su vez contrata sin ningún otro valor agregado con los diferentes prestadores finales, quedándose 20-30 puntos en esta doble figura demostrada hasta la saciedad por muchos actores. En este punto hay que tocar la gran diferencia de Unidad de pago por Capitación -UPC- muy alta para el contributivo, muy baja para el subsidiado, y en todas las regiones del país paupérrima para la atención de la población pobre no afiliada, encontrándose en muchos regiones un per capita que no alcanza para cubrir ni las urgencias vitales. Las cuotas de recuperación al parecer solo existen en el contributivo, ya que en el resto de la población son de muy dudoso recaudo debido a la ambigüedad en la norma, que permite la interpretación unilateral de las aseguradoras en contra del prestador de servicios que está capitando y asumiendo el riesgo. - La solidaridad: Este aspecto si se cumple, al ser un sistema diseñado para que una alta proporción de la población afiliada al régimen contributivo alcance a subsidiar otra población en el subsidiado, pero factores como el desempleo han hecho que este principio también se quede corto. Y principios como la integralidad y la unidad, al igual que los anteriores, se quedaron cortos ante muchos problemas estructurales del sistema, indicó el director de AESA. Otros problemas En concepto del doctor Rojas Estrada, el principal problema de la Ley 100 es la alta proporción de la población sin afiliación al sistema. Igualmente, la excesiva normatividad del sistema y los vacíos jurídicos que deja esta, especialmente en competencias de planes de beneficios del régimen subsidiado. También, la falta de una cobertura total en la identificación de la población competencia de los entes territoriales caso municipios. Y por último, las actividades de promoción y prevención y la salud pública en general, que han decaído a cifras alarmantes, cuando en el anterior sistema al inicio de la Ley 100 como responsabilidad directa del Estado, eran mucho mejores, concluyó Rojas Estrada. 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