|
Un controvertido
regalo de Navidad recibió el 23 de diciembre de 1993
el pueblo colombiano. Lo aceptaron asombrados, casi perplejos,
los usuarios de los servicios de salud. Lo vieron como una
presencia mefistofélica los hospitales públicos,
los médicos y los trabajadores de la salud, pero superó
cada uno de esos espantos aquel que paralizó con palidez
de muerte al Seguro Social. El preciado regalo venía
envuelto en el Diario Oficial 41.148 y contenía la
Ley 100, que despertó infinitas sonrisas en los inversionistas
privados y se constituyó en un maravilloso regalo para
el sector financiero, nacional e internacional, que encontró
grandes posibilidades entre línea y línea de
tinta y vislumbró con lupa ganancias entre los recursos
públicos y alta rentabilidad del ahorro privado de
trabajadores y empleadores durante su ardua vida laboral.
Con las políticas neoliberales estrenándose
por el mundo en los ochenta y la apertura económica
impulsada bajo estos modelos económicos en el país
al iniciarse la década del 90, la Ley 100 encajó
perfectamente en los delineamientos de los "neoeconomistas",
quienes comenzaron como buenos "yupis" a manejar
las políticas financieras del Estado colombiano que
paso a paso dejaba sus funciones de garantizar bienestar a
todos los integrantes de la Nación -como lo promulgaban
las otrora vigentes tesis keynesianas de la economía-,
para contribuir al mayor lucro del sector privado y a la mayor
concentración de la riqueza, con el beneficio de quitarse
de paso responsabilidades sociales, económicas e interventoras
que tornaban engorrosas las acciones.
El Banco Mundial (BM) con mucha previsión ya había
establecido unos delineamientos internacionales para justificar
estas acciones, que en Colombia como en otros países
se cumplían a cabalidad, y por eso no tuvo reparos
en 1989 en hacer pública su posición: "La
prestación de servicios de atención en salud
no es una obligación del sector público, por
el contrario es una cuestión privada. El Estado debería
ocuparse sólo de la prevención, de garantizar
mejor los derechos y de responder a las demandas de todos",
como bien lo recuerda la socióloga Tahis Maingón
en su análisis "Proceso de privatización
en los servicios de salud en América Latina y el Caribe:
estudio de casos".
Aunque a Colombia llegaron tarde las tesis con respecto de
otros países latinoamericanos que las iniciaron en
los ochenta -como Chile, México y Argentina-, estas
cubrieron sin freno desde el Caribe hasta el Cono Sur. El
nuevo modelo económico se impuso como política
de Estado y casi bajo los mismos preceptos que en las demás
naciones, con la diferencia de que la resistencia social impidió
la muerte definitiva del Seguro Social.
Maingón asegura que "las proposiciones de privatización
que se debaten en la década de los ochenta están
inscritas e inspiradas básicamente, en el modelo neoliberal
y en la teoría económica neoclásica que
se fundamentan en la creencia de que las fuerzas del mercado
distribuyen los recursos, salarios, bienes y servicios más
efectivamente y eficientemente que las fuerzas interventoras
del Estado". Las puertas se abrieron en Colombia por
completo al neoliberalismo, no sin algunos cuestionamientos,
en 1990 y terminaron dejando un "regalito" para
la salud en 1993 que algunos avizoraron como una caja de Pandora
que al abrirse expandiría una sombra oscura en el panorama
social nacional y una luz doradita para el sector financiero
que la asimiló como todo un tesorito difícil
de cuidar.
Cuando se entró a la moda del mercado neoliberal la
salud sufrió un cambio mágico inocultable: los
pacientes se convirtieron en clientes, los médicos
en operarios, las instituciones asistenciales en empresas
y los recursos públicos encontraron nuevos bancos intermediarios:
EPS y ARS. Para algunos fue todo un sacrilegio convertir una
inversión social y un quehacer humanitario y científico
de humanística inspiración alemana (Bismarck
1815-1898) en un cambalache "con aire francés"
de oferta y demanda, donde importaba más ganancias
y rentabilidad, que ética y ciencia para médicos,
y respeto a la vida, a la salud y a la intimidad de los pacientes.
Sin embargo, nada era ilegal y para ratificarlo en esta década
del trueque "posmodernista" se expidieron más
de 2.500 leyes (www.datasalud.com) para ordenar el proceder
de cada uno de los inquietos participantes en el mercado.
Mas fue tal la profusión de normas y la contradicción
entre unas y otras, que los abogados se tuvieron que especializar
en el área, el Ministerio de Salud (hoy de la Protección
Social) sacó su propio portalito en la Internet para
desglosarlas año por año, y las revistas, los
bufetes y los periódicos se dedicaron a su vez a ofrecer
su propio servicio virtual en el ramo. Ante tal prolijidad
jurídica, este nuevo Gobierno no se quedó atrás
y también trajo al hombro sus 22 normas para presentar
al Congreso y leyes de más para cumplir con los implacables
requerimientos de sus acreedores, el Banco Mundial y el Fondo
Monetario
Internacional, con sus demandas de reforma laboral, pensional
y tributaria. Lo que no consiguió en el Legislativo,
lo buscó en las calles y los medios de comunicación
con el Referendo y a los otros, los trabajadores de Telecom,
los cogió de susto en junio de 2003 y les aplicó
aquello de quien pega primero, pega dos veces; pero como guerra
avisada no mata soldado, el ISS aún se mantiene en
pie como un patrimonio que los colombianos se resisten a perder,
aunque algunos le vaticinen la parca y otros lo defiendan
a morir.
Lo cierto es que antes de la aplicación de la Ley 100
la salud no estaba de maravilla y se aplicaba como si este
servicio no fuera un derecho ciudadano sino una obra de caridad
o un favor que implicaba una relación de sumisión
o de cliente-usuario frente al Estado. Como lo analiza el
médico e investigador en derechos humanos, Víctor
de Currea-Lugo, en el libro "La salud: de la caridad
al negocio sin pasar por el derecho", antes de la ley
100 "la salud también era un negocio, lo que pasa
es que ahora es sólo un negocio". Por eso no duda
en admitir que "La Ley 100 es un pacto neoliberal que,
aún así, el Estado incumplió: no sólo
por recortar sus aportes a la subcuenta de solidaridad, no
sólo por no supervisar el desarrollo de las EPS, no
sólo por escribir un POS violatorio de los principios
más elementales, sino por la indolencia con que ha
manejado la crisis hospitalaria, por la complacencia con el
capital financiero y por el afán de frenar los avances
que en materia de salud ha conseguido a través de las
sentencias de la Corte Constitucional".
Lo visible y lo invisible
Analizar lo que ha pasado en el país, en la última
década, tras la vigencia de la Ley 100, demandaría
miles de páginas escritas y serios volúmenes
a favor y en contra, pero lo cierto es que aunque el gobierno
presente como parte de sus logros un régimen contributivo
con 5'452.380 cotizantes y 7'713.083 beneficiarios (total:
13'165.463 personas), y un régimen subsidiado con 11'444.003
personas provenientes de los estratos 1 y 2, (datos del año
2002 con base en el último Informe del Consejo Nacional
del Sistema General de Seguridad Social en Salud), teniendo
como base un población de 44 millones de habitantes,
ya incumplió una de sus promesas fundamentales y uno
de los puntos esenciales desde su nacimiento: la cobertura
total en el 2001 y que según los expertos ni en el
2010 logrará alcanzar.
Las críticas se mantienen vivas y los inconformes,
con su puesta en vigencia, no cesan en cuestionarla, algunos
pidiendo que se derogue por completo y otros que se le hagan
modificaciones urgentes, pero tras los análisis hechos
en 1999 en varios foros nacionales, la conclusión fue
contundente: lo más contraproducente es acabarla, lo
mejor es mejorar su reglamentación y aplicación.
Más los únicos insatisfechos con las promesas
e intríngulis de la Ley 100 no han sido los pacientes.
Ellos de todas formas encontraron algunos un Sisbén
que bajó de estrato junto con ellos (no cobija ahora
el 3 y el 60% de la población colombiana ya está
en la pobreza) y en la tutela su único bastón
jurídico para hacer valer sus más fundamentales
derechos a la vida y la salud. Sin embargo, esto implicó
que de cada 10 tutelas instauradas, dos fueran motivadas por
necesidad de cirugías, tratamientos clínicos
de alto costo y medicamentos no incluidos en el POS. Este
último, es sin lugar a dudas un gran problema nacional,
porque 20 millones de colombianos no tienen acceso a ellos,
bien porque no están en el sistema de seguridad social
o porque no tienen cómo pagarlos por su cuenta (Revista
Semana, 5 de junio 2003). Los tribunales lo saben muy bien,
puesto que sus reportes revelan la admisión de 200
tutelas diarias en el país, el Ministerio de Protección
Social tampoco lo puede negar porque ha tenido que desembolsar,
en sólo seis meses, $23.800 millones para atenderlas
en el último año y el Seguro Social no deja
de refunfuñar puesto que tiene el mayor número
de quejosos y debe atenderlos con $7.000 millones de más.
Tampoco se ha quedado atrás en penas el sector de los
trabajadores de la salud que se ha visto sometido a todos
los bemoles del mercado: inestabilidad laboral, subempleo,
despidos, afrenta a su tiempo de trabajo, congelación
o disminución en sus ingresos, pérdida de derechos
adquiridos, restricciones al ejercicio liberal de su profesión
y a su autonomía profesional, más la sujeción
a la presión indebida de algunas EPS que dificultan
la atención integral, interdisciplinaria y oportuna
de los pacientes a su cargo y de los hospitales a los cuales
pertenecen; mientras gremios y universidades intentan defender
el ejercicio ético y digno de la medicina y la autonomía
y la libertad de cátedra en las instituciones de salud
que hoy se sienten amenazadas por nuevos proyectos de Ley
como el 017.
Las IPS también han sufrido los embates de las leyes
que obligan a buscar rentabilidad y a sostenerse contra viento
y marea. Los titulares de prensa han dejado constancia para
la historia como han sufrido esta crisis hospitalaria más
de 90 hospitales en el país, como desaparecen en Bogotá,
Cali, Cartagena y otras ciudades instituciones de amplia trayectoria
científica, educativa y asistencial, como el Lorencita
Villegas de Santos, y como las deudas no pagadas o no canceladas
a tiempo por ARS y EPS los someten a las sombras siniestras
del cierre y a la quiebra, y de esa terrible proyección
no se escapan ni las entidades públicas ni las privadas.
El Ministerio de Salud tiene en Colombia reportados 3.063
hospitales y clínicas, 23.312 consultorios y 1.455
centros de diagnóstico, de los cuales el 70% por ciento
son establecimientos privados y entre ellos, según
un reporte del diario El Tiempo del 10 de octubre de 2001,
los que hacen parte de la red hospitalaria nacional están
en quiebra, con un déficit en los públicos de
$1 billón, mientras en los privados se superan los
$500.000 millones, y la Defensoría del Pueblo recuerda
que otro medio billón de pesos "se esfumó"
entre los intermediarios de la salud y las cuentas bancarias
de los municipios. A todo ello hay que sumarle otras dificultades:
recortes fiscales, competencia desleal por tarifas entre entidades
públicas y privadas, aumento de los gastos, los costos
extras por urgencias, enfermedades catastróficas y
trauma mayor.
De todas formas negocio que no es rentable se acaba y perece,
y eso no parece el caso de la salud en Colombia, según
el mismo artículo de El Tiempo: "Entre dirigentes
del sector corre la voz de que la plata de la salud terminó
siendo solo un buen negocio para las ARS y EPS. De hecho,
una evaluación realizada por la Universidad Nacional
sobre el negocio del aseguramiento, concluye que la colocación
de recursos de salud en el sistema financiero les ha permitido
a las EPS privadas incrementar significativamente sus utilidades.
La rentabilidad en 17 EPS privadas pasó de 0,87% a
1,30% y en 8 EPS y ARS públicas subió de 4,56%
a más otro 0,07%".
Así no hay porqué extrañarse que ahora
el Ministerio reconozca que las EPS privadas controlan el
72.6% de los usuarios y hasta tengan sus propias clínicas
Saludcoop-, mientras los hospitales públicos se enredan
en glosas esperando meses y meses a que las EPS y ARS les
paguen lo que tan bien trabajaron.
Lo paradójico es que el eterno inconforme con el regalo
navideño de la Ley 100 de 1993 es la banca multilateral.
A pesar de los rentables resultados, están tras bambalinas
y a la espera, insatisfechos a pesar de exigir reformas laboral,
pensional y tributaria, porque a la Ley 100 le faltan otras
reformas para llegar a privatización total. Según
la investigadora Decsi Arévalo Hernández, docente
de las universidades Los Andes y Externado de Colombia, para
"el Banco Mundial, en su informe Envejecimiento sin Crisis,
la Ley 100/93 debía ser considerada como de transición
y se espera pasarla al imperio del monopolio privado",
es decir, desaparecer al Seguro Social. Así, aunque
hoy su ex presidente Joseph Stigliz se de golpes de pecho
mirando atrás, sus colegas del Banco Mundial saben
que eso demandará en Colombia una o dos reformas más.
|
