|
El Fondo de Previsión Social del Congreso Fonprecon-
se debate entre la vida y la muerte. Su déficit para
cubrir los servicios de salud y la sombra de corrupción
que persigue a las entidades que tienen que ver con el Congreso
de la República, considerado por el Banco Mundial como
la entidad pública menos honesta del país, tienen
al Fondo al borde del abismo.
Fonprecon obtuvo uno de los últimos lugares en el estudio
realizado por la Corporación Transparencia por Colombia:
entre las entidades con resultado bajo, 12 obtuvieron calificaciones
inferiores a los 50 puntos, lo que las señala como
las de más alto riesgo de corrupción dentro
del grupo. Entre ellas, el Fondo de Previsión del Congreso
obtuvo una calificación total de 40,37.
Pero la explicación al problema del Fondo, en especial
la prestación de servicios de salud, puede ir más
allá de la corrupción. Fonprecon está
encargado de atender las prestaciones de cesantías,
pensiones y salud de los congresistas y jubilados del Congreso.
Según un informe presentado ante la Comisión
Séptima del Senado, los servicios de salud de Fonprecon
fueron buenos hasta que se produjo la sentencia C-17 de 1998,
que comprometió la viabilidad financiera del Fondo
en materia de salud, al obligarlo a pasar parte de sus recursos
al Fosyga.
El problema de fondo
El problema llegó cuando la sentencia C-17 de la Corte
Constitucional en febrero de 1998 declaró inexequible
el artículo 41 de la Ley 344 de 1996, que eximía
al Fondo de pasarle recursos de compensación al sector
salud y permitía manejarlos en su totalidad. Por ello,
antes de la sentencia de la Corte, podía ofrecer un
cubrimiento del plan de beneficios muy amplio y generar algunos
excedentes para ahorrar.
El golpe con la sentencia fue muy fuerte, pues los ingresos
del Fondo por cotización son grandísimos, debido
a que en promedio los congresistas y jubilados aportan cada
uno cerca de $800.000. Después de la sentencia C-17,
el Fondo comenzó a compensarle al Fosyga cerca del
75% del recaudo mensual, reservando apenas un 25% para atender
a sus casi 10.000 beneficiarios.
El número de cotizantes es 3.872 y el de beneficiarios
en promedio 5.654, para un total de 9.526 compensados. El
ingreso base de cotización es de $7.796.013, lo cual
significa un aporte anual de $935.521.646; de éstos,
el Fondo pierde por compensación aproximadamente $700
millones y recupera apenas $240 millones.
De esta manera recibe mensualmente cerca de $25.000 por persona
y debe gastar $48.000. Este déficit lo tiene andando
con la lápida colgada en el cuello.
La situación es tan grave que al momento de presentar
dicho informe a la comisión, el pasado 10 de septiembre,
prácticamente se habían cerrado todos los servicios
de la EPS, pues ya no hay contratos para la prestación
de los servicios médicos, no se están distribuyendo
medicamentos, no se atiende la odontología y no se
cancelan las incapacidades.
Un poco de historia
Fonprecon nació en 1985 cuando fue creado por la Ley
33 de ese año. Antes de eso, los servicios de salud,
cesantías y pensiones funcionaron a cargo de la Caja
Nacional de Previsión, Cajanal.
El Fondo es un establecimiento público de orden nacional
con personería jurídica, patrimonio independiente
y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. Debido a que el Fondo es una
de las entidades adaptadas después de la Ley 100, está
en un régimen excepcional y por tanto es un verdadero
híbrido jurídico, lo que no le ha permitido
estabilizarse en materia legal. Esto le propina golpes mortales
como el siguiente:
Déficit: $3.200 millones
Para este año el presupuesto total del Fondo para salud
es de $4.825'258.000, pero el gasto proyectado es de $7.200
millones, o sea que el déficit será de $3.244
millones. Los gastos que más se destacan son las enfermedades
catastróficas con $1.100 millones al año y los
medicamentos con $1.800 millones.
Desde 1998, el Fondo enfrenta la misma situación presupuestal,
pero ha tapado los huecos gracias a las gestiones ante el
Ministerio de Hacienda, que solidariamente realiza adiciones
presupuestales, evitando así el desplome del Fondo.
Pero aún con esta ayuda, la situación no tiende
a mejorar.
Anteriormente se han planteado préstamos del Ministerio
de Hacienda, pero no se encontró un camino, porque
no hay soportes de garantías que respalden la deuda.
Gastos administrativos
Los gastos administrativos del Fondo tanto en pensiones como
en salud son altos y superiores a la mayoría de administradoras.
Según la información obtenida por la Comisión
Accidental sobre la situación de Fonprecon nombrada
por el Senado, el Fondo cuenta con una planta cercana a los
100 funcionarios, con una nómina de $106 millones mensuales,
que al incluir las prestaciones alcanza los $1.700 millones
al año. En total, el presupuesto del Fondo en el año
2002 es de $135.815'646.000 aproximadamente.
En cuanto a las prestaciones económicas, como el Fondo
opera con base en aportes presupuestales de la Nación,
no tiene muchos inconvenientes para pagar las prestaciones
de pensiones y cesantías. Aquí el principal
problema es la práctica del "Carrusel", que
permite que muchas personas gocen de las prerrogativas de
jubilarse como congresista habiendo estado vinculado al Fondo
durante períodos breves de la vida laboral.
Actualmente, una comisión nombrada por el Senado adelanta
una investigación para decidir el futuro del Fondo,
que a decir verdad, se encuentra muy oscuro. En opinión
del senador Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, el fondo debe
ser liquidado pues no tiene viabilidad financiera.
Posibles soluciones
En el informe entregado al presidente y los miembros de la
comisión séptima del senado, se mencionan seis
soluciones para enfrentar la situación que atraviesa
Fonprecon:
1. Permitir la paulatina extinción
del Fondo y colaborar con los actuales afiliados para su traslado
a una EPS que ofrezca algunos beneficios, dentro de lo que
sería un plan complementario.
2. Mediante una nueva ley,
liquidar de una vez por todas el área de prestación
de servicios de salud y permitir que de acuerdo con la Ley
100, los afiliados puedan trasladarse a la EPS de su preferencia.
3. Establecer un plan complementario
financiado con aportes adicionales de los afiliados y del
gobierno nacional, el cual puede ser ejecutado por el mismo
Fondo o por otras EPS.
4. Exonerar a Fonprecon mediante
una Ley que lo convierta en un régimen especial similar
al de Ecopetrol o al de las Fuerzas Militares.
5. Dar al ejecutivo facultades
extraordinarias para dar al Fondo un régimen especial.
6. Presentar un proyecto de
ley de iniciativa gubernamental en el sentido de que el servicio
de salud del Fondo del Congreso funcionará con el valor
de las UPC, y el faltante para su funcionamiento, con aportes
del sistema de salud en el presupuesto nacional.
Ahora entonces, sólo resta esperar que terminen las
investigaciones y que por fin se tome la decisión que
fue aplazada por el anterior gobierno frente a este grave
problema del Fondo. Entretanto, seguiremos viendo un negocio
que no está en marcha, pues no tiene disponibilidad
presupuestal para atender los servicios de salud, por lo que
se expone a demandas administrativas y responsabilidades de
otro orden.
En consecuencia, los empleados rasos del Congreso no tienen
servicio de salud, ya que los congresistas bien pueden financiarlos
por cuenta propia o están afiliados a alguna EPS o
empresa de medicina prepagada. Es paradójico que los
empleados de una de las entidades más importantes del
país, como es el Congreso de la República, no
puedan disfrutar del servicio de salud al que tienen derecho
y al cual le cotizan religiosamente.
|
