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Con las
nalgas marcadas y expuestas al viento gélido de Canadá,
grupos de manifestantes vociferaban muy cerca de la casa en
Alberta donde deliberaban los presidentes de los más
poderosos países del mundo que hacen parte del G-8.
Ese gesto del pasado 26 de junio hizo parte de una serie de
protestas que tienen un lema propio: ¡No! a la globalización.
La razón: la iniquidad social y la mayor concentración
de la riqueza que estas políticas han traído
al tercer mundo, afectando la inversión social y la
salud de los pueblos más desfavorecidos del planeta.
Algunos europeos, norteamericanos y canadienses, han comprendido
que las políticas de privatización impulsadas
por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) no han cumplido el objetivo socio económico para
el cual fueron creados, sino todo lo contrario: someter el
libre albedrío de los pueblos y agudizar los índices
de pobreza y desequilibrio social que hoy afectan a mil millones
de personas en el Planeta.
Así lo reconoció –escandalosamente para
muchos- el propio economista Joseph Stieglitz, Premio Nobel
para más señas, asesor económico de la
Casa Blanca y ex economista jefe del Banco Mundial, quien
se retiró de esta entidad financiera precisamente porque
comprendió que son las leyes de mercado impuestas por
el FMI y el BM las que agudizaron los desequilibrios y la
pobreza en el mundo.
Stieglitz reconoce hoy que fue el FMI, con sus políticas
erradas, el que empeoró la crisis del Sudeste Asiático
y de Europa del Este, para reconocer con pena que los funcionarios
FMI carecen de la experiencia y los elementos de análisis
necesarios para comprender y atender la situación de
los países a los cuales prestan su ayuda.
Entre esas políticas de privatización está
incluida la salud, un área que se sometió a
las leyes del mercado, cuando su propósito es netamente
social; al prestarse al juego de la oferta, la demanda y el
pago por los servicios, sólo logró un retroceso
en las coberturas y la calidad del servicio, además
de la reaparición de enfermedades que estaban en vía
de extinción, como el sarampión, la poliomielitis
y el cólera, lo que implicó a su vez que aumentaran
los índices de morbilidad y mortalidad en todos los
países afectados por estas políticas financieras.
Neoliberales
en acción
La pretensión que esconde bajo todas sus artimañas
el neoliberalismo es quitarle cada vez más las obligaciones
financieras, asistenciales, reguladores e interventoras al
Estado, con el propósito de garantizar que éste
cuente con los recursos económicos suficientes para
pagar la deuda externa y los intereses contraidos con la banca
internacional (BM, FMI), entidades que apoyadas en las necesidades
económicas imponen a los países deudores 114
condiciones que implican intromisiones directas en las diferentes
políticas internas y hasta en las estructuras de poder
de cada Estado.
En el ámbito de la salud llegan a sorprender los resultados
de los estudios que indican la posición que debe asumir
el Estado frente a la prestación de los servicios de
salud, como lo revelan documentos del Banco Mundial en 1989,
los cuales plantean que al Estado sólo le compete la
prevención y el garantizar los derechos y las demandas
de la gente, mientras que la atención en salud debe
ser un servicio privado.
No es de extrañar entonces que un documento de la OMS,
en el cual se evalúan los Sistemas de Salud del Mundo
(junio 21 del 2000), señale que una de las fallas del
sistema radica en que "muchos ministerios de salud se
centran en el sector público y pasan por alto la atención
a la salud en el sector privado que con frecuencia es de mucho
mayor tamaño". Otra de las falencias que señala
la OMS es que "estos ministerios no logran cumplir las
regulaciones que ellos mismos crearon o que deben hacer valer
por el beneficio público" y hacen la siguiente
recomendación general: "La OMS considera que es
mejor efectuar, tanto como sea posible, pre-pagos por concepto
de atención a la salud, ya sea en forma de seguros,
impuestos o seguridad social".
Así, jugando a las leyes del libre mercado, las políticas
de privatización se impulsaron por el mundo, pero las
diferencias en el desarrollo de cada país mostraron
iniquidades profundas que indican como un modelo económico,
el neoliberal, y las privatizaciones no sirve a todos países,
mucho más cuando se trata de políticas de inversión
social en sectores como la salud, la seguridad social y la
educación.
Modas
que "privan"
Thais Maingón, doctora en ciencias políticas
y socióloga e investigadora de esta problemática
mundial, asegura que "la privatización debe ser
vista en el marco de las transformaciones globales de la naturaleza
del Estado porque, en definitiva lo que se propugna es un
papel diferente del Estado que se adecue al nuevo modelo de
acumulación y desarrollo, el cual incluye como uno
de sus elementos principales la globalización y transnacionalización
de la economía".
Los procesos de privatización se iniciaron en el sector
productivo, explica Maigón, y luego se extendieron
al social, sin mayores reflexiones, lo que implica que hoy
la privatización puede que no tenga los mismos efectos
en Inglaterra con relación a los países del
Este de Europa, ni en Colombia con respecto a Haití,
ni entre los países del sur de África con respecto
de los países árabes y de estos con los del
Lejano Oriente y Australia.
Los primeros en fomentar estas políticas neoliberales,
que abarcaron también la salud, fueron Inglaterra y
los Estados Unidos, y lo lograron con éxito, pero hay
que tener en cuenta que son países desarrollados, con
una inmensa fortaleza en sus mercados de capitales y con un
fuerte respaldo al sólido sector privado, en detrimento
del sector público de servicios. Hoy, se ha logrado
que el promedio del gasto privado en salud sea del 56% en
los Estados Unidos y de un 25% en el resto de los países
industrializados (datos OMS) y la esperanza de vida entre
los mismos oscila entre 75.7 y los 78.6 años (datos
del PNUD)
Según el último estudio de la OMS, los sistemas
de salud con mayor capacidad de respuesta se encuentran en
Estados Unidos, Alemania, Canadá, Suiza, Dinamarca
Luxemburgo, Japón, Los Países Bajos y Suecia
y con niveles más altos por sus indicadores en salud
están calificados Noruega, Francia, Italia y España,
en Europa; Japón y Singapur en el Oriente; Australia
y Nueva Zelanda en el Pacífico; Cuba, Costa Rica, Chile
y Colombia en América Latina, y Omán, Arabia
Saudita, Marruecos y los Emiratos Árabes en el Medio
Oriente y África del Norte.
Los indicadores considerados por la OMS, fueron nivel de salud
global de la población, desigualdades, capacidad y
distribución de la respuesta del sistema de salud y
de la carga financiera (quién paga los costos). De
acuerdo con estos índices, los países ubicados
al sur del Sahara están en las peores condiciones,
siendo menor a los 40 años la esperanza de vida. La
OMS tiene un parámetro: "los países que
gastan en salud menos de US$60 dólares anuales por
persona encuentran que sus poblaciones no logran tener acceso
a servicios de salud insertos en un sistema que se desempeñe
adecuadamente" y por ello promueven el ofrecer seguros
en los países con mayor número de pobres, para
evitar que ante una urgencia las familias se gasten el 100%
de su escaso ingreso.
Lo curioso es encontrar que si el parámetro es lo que
tiene que gastar cada hogar para la atención en salud,
Colombia es primer país en el mundo, porque las familias
gastan un dólar anual si tiene un ingreso bajo y hasta
7.6 dólares si son altos.
Contrastes
En un informe anterior, en 1999, la OMS no titubeó
en manifestar: "Aunque se han presentado progresos considerables
a lo largo de este Siglo, hacia el acceso universal a una
asistencia sanitaria de calidad aceptable, en la mayor parte
de los países la distribución de los servicios
sigue beneficiando principalmente a los ricos".
Por lo tanto fue enfática en afirmar: "La OMS
no puede respaldar criterios condicionados por las leyes del
mercado, que consisten en reservar los servicios de salud
para los que disponen de medios para sufragarlos".
En este estudio de la OMS se indica que los sistemas de salud
más equitativos son los de asunción común
de riesgos financiados con cargo a los ingresos tributarios
del Estado. Por esta razón impulsa una cobertura universal,
pero con una salvedad que debía entenderse como "cobertura
para todos y no cobertura de todo", con un número
limitado de intervenciones, pero con un énfasis: destinar
el mayor potencial para reducir la carga excesiva de morbilidad
que pesa sobre los pobres en materia de salud materno infantil,
inmunizaciones, paludismo y tuberculosis, entre otras patologías.
Un
paseo por el mundo
El Investigador Milton Terris explica en "Epidemiología
y política de salud en las Américas: el desafío
neoliberal", como bajo el rótulo de "reformas
de salud" se han establecido políticas anti-salud
en los gobiernos neoliberales a escala global. Terris considera
que las reformas de salud de las décadas anteriores
tenían un claro propósito social en materia
de cobertura y calidad en los servicios, pero durante la post-Guerra
Fría, las "reformas de salud" son lo opuesto:
"programas reaccionarios diseñados para limitar
el acceso y empeorar la calidad de los servicios de salud
disponibles para la mayoría de la población".
Las anti-reformas, sostiene, difieren en sus características
de un país a otro dependiendo de los servicios que
antes ofrecía y "el resultado de las campañas
anti-salud en cada uno de ellos dependerá de la fuerza
y de las estrategias de las fuerzas contenedoras". Por
ello pide a los epidemiólogos que documenten el daño
que se está causando con las reformas anti-salud, porque
son ellos quienes pueden documentar los efectos de los cortes
en el financiamiento de los servicios específicos preventivos
y terapéuticos, el estado nutricional de los pueblos,
las tasas de inmunización y las incidencias de las
enfermedades prevenibles.
Ahora, muchos salubristas están más dedicados
a funciones administrativas para el Estado y a mejorar la
metodología estadística de la manipulación
de los datos, que a la investigación de campo y comunitaria
que busque soluciones a los problemas de la enfermedad. Esto,
considera Terris, ha generado el curioso fenómeno de
que el control domina al salubrista en lugar del salubrista
ejercer el control, mas cuando tiene una función social
que debe contrarrestar el fenómeno actual, donde "la
palabra clave hoy es privatización; el mercado es el
rey y la ganancia es la meta primordial".
¡El
gran negocio!
Durante 1999 en los Estados Unidos, investigadores de las
universidades de Harvard, Chicago y Washington hicieron un
estudio sobre la calidad asistencial en salud en 329 entidades,
de las cuales 248 eran propiedad de accionistas que buscaban
beneficios económicos y 81 tenían como meta
esencial el buen servicio. Los resultados fueron sorprendentes:
las personas cuya asistencia médica provenía
de organizaciones con ánimo de lucro, tenían
un cuidado médico básico peor que el recibido
por los afiliados a las instituciones que no repartían
dividendos. "Aquellos usuarios, comparadas con éstos,
recibían menos vacunaciones, menos mamografías,
menos citologías vaginales, menos cuidados prenatales
y menos fármacos esenciales en caso de infarto agudo
de miocardio".
Sin embargo, la privatización de la salud es una amplia
opción de mercados para los grandes inversionistas
en el mundo. Según los análisis de Celia Iriart,
investigadora y
profesora visitante del Department of Family and Community
Medicine, School of Medicine, University of New Mexico; y
Howard Waitzkin, director y profesor de la Division of Community
Medicine, Department of Family and Community Medicine, School
of Medicine, University of New Mexico, la política
de globalización, el proceso de reforma de los sistemas
de salud, la desrregularización del sector estatal
y la seguridad social, más las políticas de
ajuste estructural impulsadas por el Banco Mundial y otras
agencias multilaterales de crédito, abrieron un abanico
nuevo de inversión para el ingreso del sector privado
nacional y multinacional en la prestación de servicios
de salud y en la administración del financiamiento
de las instituciones estatales y paraestatales dedicadas a
estos sectores de la seguridad social.
A partir de la década de los noventa, cuando se fortaleció
la política neoliberal en el mundo, los estudios económicos
demostraron que América Latina tenía un gasto
per cápita en salud superior al de África y
Asia -con excepción de Japón- y, por tanto,
se convirtió en un importante nicho de mercado para
conquistar por las empresas que más trayectoria tenían
en este campo, especialmente las norteamericanas.
Los investigadores Iriart y Waitzkin, en un artículo
publicado por la Revista Escenario, titulado "El camino
a la privatización del sistema de salud", explican
que con un gasto en salud que se estima en 120.000 millones
de dólares en América Latina (unos 412 dólares
per cápita y por año), comenzaron a ser atraídas
a la Región las empresas estadounidenses Aetna, Cigna,
American International Group (AIG), International Medical
Group (IMG), Prudential, International Managed Care Advisors
(IMCA) y Blue Cross & Blue Shield, buscando posicionarse
en el mercado de la salud.
Su modo de operación consistió en comprar empresas
ya establecidas dedicadas a la venta de seguros o planes pre-pagos
de salud, la asociación bajo la modalidad de joint
venture y/o mediante acuerdos para desarrollar la gerencia
de las instituciones de la seguridad social o del sector público.
Así, explican, "se instalan inicialmente en el
sector privado, desde donde se expanden hacia el estatal y
paraestatal".
Los investigadores afirman que "ésta es la práctica
que siguieron en Estados Unidos, donde al llegar a su techo
de crecimiento en el mercado de los seguros de salud de los
grupos laborales y de los individuos, presionaron para lograr
cambios en las políticas sociales".
En Argentina y Chile, explican, están operando de este
modo, al desplazarse desde las empresas de prepago
-que han comprado-, hacia las obras sociales (seguridad social).
Otro mecanismo de expansión y consolidación
de sus negocios lo constituye la compra de prestadores de
servicios (hospitales, clínicas, centros de diagnóstico),
en una integración vertical, al estilo de las MCOs
de Estados Unidos.
En Suramérica su acceso fue facilitado por las "reformas
a la salud" instauradas en todos los países por
las imposiciones del FMI y el BM, por el alto PIB invertido
en el sector de la seguridad social, la concentración
de la riqueza, el deterioro general del sector estatal y de
la seguridad social, provocado por las políticas de
restricción de gastos públicos, de disminución
de cargas sociales para el sector empresarial, la desrregulación
y la corrupción, que favoreció que un amplio
sector de la población buscara cobertura de seguros
en el sector privado.
Para los estudiosos, el proceso de desrregulación "ha
conducido a que se admita legalmente la posibilidad de que
la seguridad social brinde un piso mínimo de servicios
con los aportes y contribuciones establecidos por ley, y que
los afiliados paguen de su bolsillo por coberturas más
amplias o por acceder a hospitales y clínicas más
caros".
Los afiliados a la seguridad social optan así por empresas
privadas a las que se transfieren sus aportes (Isapre en Chile),
o que el sector privado administre fondos de la seguridad
social o gerencie a estas instituciones (como en el caso de
las obras sociales en Argentina). La pregunta que surge entonces
es: ¿realmente, a quién ha beneficiado la privatización
de los servicios de salud: a la gente, al Estado o al mercado
de capitales en el mundo? Y los elementos para la respuesta
no son difíciles de deducir, aunque la sabiduría
popular dice que "no hay peor ciego que aquel que no
quiere ver". Como decía Albert Einstein: "Solo
hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana.
Y no estoy tan seguro de la primera"
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