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Aunque
a las carreras, el gobierno cumplió el plazo para tramitar
la Ley 776, que revivió los 18 artículos del
decreto 1295 que habían sido declarados inexequibles
por la Corte Constitucional. De lo contrario se hubiera entrado
en un limbo jurídico que dejaría sin bases legales
los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales
y las pensiones de invalidez.
El plazo que dio la Corte para que el Congreso expidiera una
nueva ley vencía el pasado el 17 de diciembre, y precisamente
ese día fue firmada por el presidente de la república;
por eso la urgencia del señor ministro Juan Luis Londoño,
para radicar el proyecto de ley que evitaba el caos en el
Sistema General de Riesgos Profesionales -SGRP-. La nueva
ley permitió superar el vacío en el SGRP e incluir
mejoras fundamentales en el decreto 1295. El ministro afirmó
que con la decisión del Congreso, los trabajadores
colombianos cuentan a partir de ahora con la estabilidad jurídica
para las prestaciones económicas.
El proyecto recogió sugerencias de los sindicatos,
las agremiaciones, Ministerios de Hacienda y Trabajo, representantes
del sector asegurador, entre otros, lo cual facilitó
su tránsito en el Congreso, dado el plazo otorgado
por la Corte Constitucional.
Entre las modificaciones se destacan la cobertura de la cotización
y el traslado en el sistema, pues desde ahora los trabajadores
podrán quedar afiliados al SGRP el mismo día
de la vinculación laboral, evitando de esta manera
la desprotección en casos de empleos que requieran
la afiliación inmediata al sistema.
Otras modificaciones
Un empleador afiliado a la ARP del ISS solo se podrá
cambiar de administradora cada dos años y los afiliados
a otras ARP cada año. La cotización al SGRP
dependerá de la actividad económica de la empresa,
de la siniestralidad, de los programas anuales de prevención
y del índice de lesiones incapacitantes. Así
se garantiza la continuidad en los programas de prevención
de riesgos y se estimulará con la disminución
de la cotización para los empleadores, a las empresas
donde no se presenten accidentes de trabajo.
El plazo para que las ARP cancelen las facturas presentadas
por IPS y EPS será de un mes, el mismo que se aplica
la calificación de las contingencias. Esto mejora el
flujo de recursos al SGSSS y agiliza trámites de calificación,
todo en beneficio del trabajador.
Uno de los vacíos del decreto 1295 era la falta de
claridad sobre lo que era un accidente de trabajo: la nueva
ley da facultades al gobierno para determinar un listado de
enfermedades que se presumirán como profesionales,
lo que agilizará los procesos de reconocimiento y los
derechos del trabajador.
La nueva norma también señala que en una incapacidad
temporal se reconocerá el 100% del salario mientras
el trabajador se reincorpora a su labor, y quedan definidos
los tiempos para el pago de las prestaciones económicas
por parte de las ARP; además, se introduce el concepto
de incapacidades permanentes parciales por pagos mensuales
y pensión de invalidez integrada, o sea que además
de pensionar al trabajador inválido, la ARP también
asume la cotización al Sistema General de Pensiones.
Así, se integran los sistemas de Seguridad Social de
Pensiones y Riesgos, garantizando los derechos de los trabajadores.
La pensión por invalidez que reconocen las ARP, será
de entre el 60% y el 75% del salario del empleado afectado
y la pensión para sobrevivientes de un trabajador que
muera en un accidente de trabajo será del 75% de su
salario.
Otro cambio en la administración del sistema plantea
que a futuro, las ARP deberán tener como objeto único
de su negocio los riesgos profesionales, así como la
prestación de sus servicios con recursos propios y
unificación en la conformación de reservas para
todos los aseguradores. Con esto se busca un mayor compromiso
de las ARP y definir una verdadera realidad contable del sistema
y condiciones similares de competencia.
A partir de la expedición de la nueva ley, la Dirección
Técnica de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales
debe asumir dos funciones adicionales: Crear y definir un
Sistema Único de Información del SGRP y, además,
crear y divulgar el Sistema de Garantía de Calidad
de la Gestión de las ARP.
El Fondo de Riesgos Profesionales podrá, mediante análisis
actuariales, determinar si el sistema es viable o no; y hacer
análisis financieros y técnicos, así
como aplicarle a esta contratación las normas vigentes
de contratación pública, garantizando así
una mayor transparencia en la destinación de los recursos
del Fondo.
El pago de prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, le significan a los trabajadores beneficios
anuales por 4 billones de pesos: "con la aprobación
de la reforma se pondrá en cintura a las ARP, para
que paguen a tiempo, respeten los derechos de los trabajadores,
y se agilice y promueva la prevención de riesgos profesionales",
comentó el ministro Juan Luis Londoño.
Colmena Riesgos Profesionales mostró satisfacción
por la ley y dijo que a partir de ahora los trabajadores seguirán
gozando de un alto beneficio en el cumplimiento de sus labores
cotidianas.
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