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La
Ley 100 se ratificó en el nuevo gobierno que se inició
el 7 de agosto de 2002. Tanto el presidente de la república,
Álvaro Uribe Vélez, como el ministro de Salud
y Trabajo, Juan Luis Londoño de la Cuesta, que antaño
hicieron lo posible para que naciera en el seno del Congreso
de la República, contra viento y marea, decidieron
que siguiera vigente con algunas modificaciones que implicarán,
entre otras acciones, la aprobación por parte del Legislativo
de 22 proyectos de ley durante este cuatrienio.
Los objetivos planteados por el nuevo Ejecutivo fueron depurar
la parte normativa, mejorar el flujo de recursos en el sistema,
ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios
de salud. Todo esto acompañado por otras reformas claves
para el Gobierno que hacen parte de los acuerdos con el Fondo
Monetario Internacional -FMI-y el Banco Mundial -BM- para
lograr sus créditos, como son impulsar las reformas
pensional, laboral y tributaria (al cierre de esta edición
las dos últimas estaban listas para sanción
presidencial), las cuales tendrán serias implicaciones
en la vida de la Nación, no sólo en el ámbito
social durante el cuatrienio, sino muchos años más
en el aspecto económico, por el incremento que los
préstamos solicitados a esta banca multilateral acarrearán
a nuestra creciente deuda externa.
Dado que el 78.7% de los créditos externos (US$13.500
millones de US$16.500 millones solicitados se dedicarán
a cancelar vencimientos de créditos pasados), estas
acciones han sido interpretadas como "malos negocios"
por algunos críticos y expertos en economía,
como Eduardo Sarmiento, quien ha planteado que "el país
está haciendo un pésimo negocio, para garantizar
el pago de la deuda, porque el negocio le conviene más
a los bancos". Sarmiento explica que el préstamo
del FMI no se puede utilizar para nada diferente a enfrentar
una "situación de crisis y a la necesidad de cumplir
con las obligaciones externas", es decir, que en Colombia
se hacen préstamos a la banca, para no quedarle mal
a la banca, aunque entre las múltiples condiciones
impuestas para otorgar estos créditos se hagan reformas
cruciales como las anteriormente señaladas que contribuyen
a aumentar el desempleo, la recesión económica
y a disminuir las condiciones reales de la calidad de vida
de la gente más humilde (no hay que olvidar que un
68% de la población del país vive hoy en la
pobreza, lo que equivale a 28 millones de habitantes.)
Es de recordar que al FMI se le solicitaron US$2.000 millones,
inicialmente, pero a la banca internacional se le han pedido
cerca de US$9.000 millones que incluyen solicitudes de crédito
desde el BID hasta la banca japonesa y dichas entidades no
le soltarán un sólo dólar a Colombia
hasta que el FMI no le aprueba primero su crédito al
país, y éste a su vez no lo hace si nuestro
país no cumple con sus condiciones entre ellas las
reformas laboral, pensional y tributaria, bajo una lupa encima
que verificará el desarrollo de estos acuerdos trimestralmente.
Ley 100 ¡vivita y coleando!
El Gobierno y el ministro Londoño de la Cuesta se mantienen
en su línea: "No hay reforma de la Ley 100. A
la Ley 100 hay que desarrollarla y regularla, para que sean
sus principios y no sus defectos los que primen en las relaciones
con sus actores". Sin embargo, las acciones que se emprendan
pueden sufrir reveses con la avalancha de reformas que se
aproximan y con sus implicaciones socioeconómicas,
y acaso puede suceder lo mismo que con Penélope en
la espera de su Ulises: que las leyes se tejan de día
y se deshagan en las noches para evitar colapsos sociales
y económicos.
Ahora es necesario analizar las metas que en materia normativa
se trazó este Gobierno en el marco de su Plan Estratégico
de Salud 2002-2006 y las que se han realizado hasta los últimos
días del 2002, para que nuestros lectores saquen sus
propias conclusiones y le puedan tomar el pulso diario al
panorama que le espera a la salud del país en el año
2003:
Para adelantar en los primeros 100 días el gobierno
Uribe se propuso: un Proyecto de Acuerdo al CNSSS para unificar
todas las disposiciones expedidas a la fecha, eliminado las
normas superfluas o aquellas que han sido derogadas o modificadas;
y un Manual Operativo de Compensación para resolver
problemas de financiación y operación del régimen.
Para los primeros seis meses (agosto 2002-enero 2003): Ley
Estatutaria, Decreto y Resolución unificados; estos
últimos implicaban revisar, aclarar y precisar las
normas para evitar conflictos entre las mismas.
Para el primer año de gobierno (agosto 2002-agosto
2003): Expedición del Estatuto Orgánico del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo cual exige
aprobación en el Congreso de la República en
una sola legislatura y por mayoría absoluta.
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