Integración vertical: ¿salvación o condena del sistema de salud? Redacción EL PULSO - elpulso@sanvicentefundacion.com L a crisis actual del sistema de salud colombiano que pasa entre otros aspectos por su sostenibilidad, hace necesario replantear su funcionamiento y hay quienes opinan que la integración vertical puede ser el salvavidas. Saludcoop, Cafesalud y Medimás son solo la punta del iceberg de la crisis de la salud y el común denominador entre ellas ha sido la aplicación de una integración vertical, que no es más que la práctica donde Entidades Promotoras de Salud, EPS, puedan también ser dueños, administrar o alquilar IPS sean hospitales, clínicas, laboratorios, entre otras. Todo en medio de una voraz competencia entre las primeras y las segundas. Con la Ley 100 empezó lo que algunos académicos llaman la mercantilización del derecho a la salud, es decir, recursos destinados a mantener a la población sana tienen que generar más recursos y con ello se promovió, de acuerdo con Eduardo Guerrero, asesor del Programa de Líderes de Salud Internacional de la OPS y docente de la Universidad de Antioquia, el pluralismo estructurado y la competencia. En este modelo a quien peor les fue es a los hospitales públicos, porque les dejaron los llamados “servicios huesos”, los más difíciles de practicar y menos rentabilidad tienen, además, a la hora de la EPS definir a quién pagar los servicios prefiere darle prioridad a su propio prestador, explica Diego Montoya, gerente del Hospital de Girardota. “Es una aberración de una figura mercantilista del sistema. Deja los procedimientos más rentables a los socios y los que no son rentables a los prestadores públicos”. Integración vertical como mala práctica Luis Alberto Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA, dice que “la integración en Colombia se ha dado para múltiples cuestionamientos, los principales salen, por ejemplo, de SaludCoop donde los recursos se van contratando con su propia red y esta tiene más posibilidades de poner trabas jurídicas y administrativas y barreras de acceso a la población, lo que acolita la contención de costos por parte del intermediario financiero a costa del sufrimiento de la población”. Lo que quiere decir en plata blanca que las IPS en vez de buscar que el paciente tenga el mejor servicio posible y todos los procedimientos recomendados para su dolencia, estén buscando que la EPS no gaste tanto dinero en el paciente y ordene menos medicamentos, menos especialistas, y menos procedimientos. De esta manera la EPS genera más recursos. Lo que pasó con la permisividad de la integración vertical, en el caso de Saludcoop y de Cafesalud, fue que “con los recursos de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, compraron activos fijos que se transformaron en clínicas, estamos hablando de 650.000 millones de pesos. Además, el escándalo de los recobros que se dio en el pasado reciente que hicieron muchas EPS se dio por la vía de la integración vertical”, explica Martínez. El artículo 15 de la Ley 1122 de 2007 señala que “las EPS no podrán contratar, directamente o a través de terceros, con sus propias IPS más del 30% del valor del gasto en salud. Las EPS podrán distribuir este gasto en las proporciones que consideren pertinentes dentro de los distintos niveles de complejidad de los servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud”. Pero, de acuerdo con Martínez, no hay investigaciones serias de la Superintendencia de Salud, porque ya más que integraciones verticales se están fomentando grupos empresariales alrededor de las EPS con unas relaciones no solamente verticales sino horizontales, han llegado a montar hasta universidades para que les provean el talento humano, algunas tienen distribuidores exclusivos de medicamentos y tecnologías. El gerente del Hospital de Girardota cree que la integración vertical, como sea que se haga en Colombia, es un adefesio. Ejemplifica lo que ocurre con Medimás, que es la figura contraria: es una EPS conformada por un consorcio de prestadores, pero que se presta para la misma maraña corrupta con la diferencia de que ahora los jefes no son la EPS sino los prestadores. Para la Asociación de Empresas de Medicina Integral, Acemi, “lo que buscan algunos sectores críticos del modelo de aseguramiento establecido por la Ley 100 es la desaparición de las EPS, la abolición de la integración vertical y el pago directo del gobierno a los prestadores, a través de un gigantesco ente público muy posiblemente politizado, desde donde se controlaría todo el sistema y se harían millones de transacciones de muy difícil control. Esta fórmula, ya discutida en el Congreso, constituye una peligrosa regresión al pasado y llevaría a un enorme retroceso frente a los logros del actual modelo de salud”. Integración vs cooperación En lo que coinciden los analistas consultados por El Pulso es en que puede existir una integración vertical sin que dependa de las EPS sino solo entre los prestadores que cubra todos los niveles de servicios. De acuerdo con Martínez, esta es una fórmula probada en varios países del mundo. Pero para ello lo primero que hay que hacer, dice Guerrero, es eliminar la competencia entre los aseguradores. “Debemos definir si las EPS van a ser aseguradores o administradores de recursos públicos, si son lo primero deben asumir el riesgo financiero como cualquier aseguradora y tener un buen patrimonio de respaldo, si van a ser lo segundo, las reglas serían diferentes y su tasa de ganancia sería simplemente una cuota de administración”. Si eso se logra, aduce Guerrero, podría llegarse a un modelo de redes territoriales de prestadores que dependan de los mismos prestadores en una integración vertical o de la autoridad sanitaria territorial lo que se convertiría en una alianza no en competencia. Así el usuario quedaría con libertad de elegir no solo su EPS sino el prestador que le quede más cerca o en el que se sienta más cómodo. Las IPS tendrían que prestar los mejores servicios posibles con la mejor tecnología posible pero sin reventarse financieramente por competir teniendo la última tecnología y habría un enfoque de promoción y prevención que podría hacer que los pacientes no se enfermen sino que más bien el sistema de salud los ayude a prevenir las enfermedades. Sin embargo, Martínez es mucho más radical, considera que “la única salida es que el Estado retome el control de los recursos. Ese control tiene que estar acompañado del fortalecimiento del Estado a nivel nacional y territorial. Y desde ahí erradicar unos conceptos que hicieron carrera y que son el fundamento de nuestro sistema: segmentar la población según su capacidad de pago, es esa discriminación odiosa que se hace entre pobres y ricos, hay que llegar a la universalidad; la fragmentación de los servicios y por ahí derecho la competencia entre los diferentes actores, que la planificación no se haga según el ánimo de lucro sino según las necesidades de la población y se llegue a la cooperación en redes territorializadas; y eliminar al máximo la mercantilización de los servicios de salud”. Así que ahora que el país tiene que volver a repensar el sistema de salud para superar la crisis financiera y de confianza que atraviesa qué mejor que darle un vistazo a lo que en el mundo ha funcionado: la integración de prestadores al servicio del paciente.

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