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Expectativa por futuro de
reforma al sistema de salud
Redacción
El Pulso - elpulso@elhospital.org.co |
Al cierre de edición continuaba
el tire y afloje alrededor del proyecto de ley 210 que redefiniría
el sistema de salud: mientras el gobierno insiste en continuar
el trámite legislativo y sacar avante su propuesta, en
el Congreso y en el sector salud aumentan los que proponen retirarla
y construir otra propuesta consensuada con los colombianos.
El 4 de diciembre el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró
que en una semana se tendría ponencia positiva para el
proyecto y reiteró que éste no se va a hundir,
aunque no podrá aprobarse en esta legislatura: “Estamos
trabajando con buena parte de la Comisión 7ª de
la Cámara y los ponentes, y tenemos varias ideas para
incorporar a la ponencia”. |
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Acogiendo sugerencias formuladas
en las audiencias públicas en el país en las
últimas semanas, la ponencia eliminaría el artículo
sobre prescripción de facturas por servicios de salud
a los 12 meses, suprimiría el artículo 40 que
estipula formas de contratación entre gestores y hospitales,
hace cambios al artículo de restricciones a la integración
vertical, y reforma algunas funciones de gestores y algunos
mecanismos de gobierno de Salud Mía.
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Sobre la propuesta
de la Junta Médica Nacional de que el Congreso se declare
incompetente para tramitar la reforma, para que el presidente
de la república conforme un Comité de Expertos
sin intereses particulares que construya una reforma profunda
del sistema que iría al Congreso para su discusión
y aprobación, el ministro insistió que la reforma
la tiene que hacer el Congreso: “La salud y la seguridad
social están en el núcleo del Estado moderno y
tienen que ser reformadas por el Congreso, no van a ser y no
pueden ser reformadas por un Comité Técnico”.
Ponencia negativa
Las congresistas Ángela Robledo, Alba Luz Pinilla
y Gloria Stella Díaz radicaron ponencia negativa al proyecto
de ley 210, por considerar que es regresivo, inconstitucional
y atenta contra los derechos fundamentales a la vida y la salud.
Robledo afirmó: “Este proyecto del candidato-presidente
es un reencauche total que Santos debería retirar, porque
concibe la salud como negocio, condena a los colombianos a la
continua vulneración de derechos y no contribuye a la
paz, bandera de la reelección. La reforma es más
de lo mismo”.
Ángela Robledo agregó que no se puede dejar de
mirar este proyecto también en clave del proyecto de
ley conocido como 'incidente fiscal', que amarra a la disposición
de recursos la garantía de los derechos de los colombianos;
también pidió conocer si Santos obtuvo financiación
para su campaña presidencial de dineros provenientes
del sector salud. Alba Luz Pinilla afirmó que el proyecto
“busca poner exclusiones y restricciones en los tratamientos
médicos de alto costo. Lo que no esté en Mi-Plan
y que es costoso lo tendrá que pagar el paciente por
sus propios medios, olvidando el principio de solidaridad”.
Y Gloria Stella Díaz, afirmó que “los gestores
son el nuevo mejor amigo del gobierno, pero no de la ciudadanía.
Los gestores reciben los recursos públicos y los administran
y ganan por todos lados. Se requiere una reforma estructural
al sistema, pero el texto aprobado en Senado no responde a las
necesidades reales de los pacientes y de los trabajadores de
la salud; SÍ se requiere una reforma, pero no una como
ésta”. Entre las 10 razones del Movimiento Mira
para radicar ponencia negativa, se destaca la limitación
a la tutela y el derecho de los pacientes a la atención
integral, al incluir los criterios de exclusión, priorización
y capacidad de pago (ver en www.periodicoelpulso.com las 10
razones)
Y la representante Martha Cecilia Ramírez presentará
ponencia negativa porque “esa reforma le da la espalda
a los colombianos”. Afirma que instó al gobierno
a posponer para el próximo período legislativo
la discusión de la reforma, por considerar “apresurado
y corto el debate en la Cámara de Representantes, menos
de un mes, comparado con los de Senado en donde las discusiones
duraron 8 meses”. Resaltó que esta reforma soluciona
inconvenientes en materia de recursos y administración,
“pero no los graves problemas que enfrentan los usuarios
en materia de programación de citas, consultas prioritarias,
urgencias que hoy se encuentran al borde del colapso”.
Objeciones de la Contraloría
La contralora Sandra Morelli hizo los siguientes cuestionamientos
al proyecto de ley 210: 1) Medidas administrativas ordenadas
por la Corte Constitucional no se han cumplido y no se cumplen
con el proyecto de ley. 2) El problema no está en la
estructura y de ahí que la reforma se queda en aspectos
no sustanciales aunque costosos en su implementación;
liquidar o crear nuevas entidades no es tarea fácil.
Además, se requieren soluciones inmediatas en el sistema.
3) Nada garantiza que los gestores no reproduzcan los vicios
de las EPS. Su fortalecimiento coincide con lo que pasó
en su estructura corporativa: activos y sociedades se independizan
de la matriz o EPS, y el gobierno se queda interviniendo cada
vez menos la estructura. 4) Hay orden perentoria de salir de
las inversiones, pero no se cumple pese a lo que ordenó
la Corte Constitucional. El proyecto aplaza la solución
e ignora la realidad objetiva que esa infraestructura adquirida
con UPC, se ponga a nombre de IPS, EPS, gerentes o administradores
u otras, lo cual se debe sancionar penalmente.
5) Hay auto-provisión de bienes y servicios al interior
de un conglomerado y no se somete a la lógica del mercado,
donde la calidad y precios tienen control implícito empresarial
en salud: medicamentos, alimentación, etc. 6) Se argumenta
que no hay normas para administrar intervenciones y quiebras,
pero al respecto muy poco dispone la ley. 7) Se establece ejecución
de recursos con la entrega a los gestores, sin que se registren
hechos objetivos de causación, basta la mera entrega
del recurso sin que exista un único control. 8) También
se hace nugatoria la medida de embargo; preocupa además
el futuro de la infraestructura hospitalaria, sobre todo si
el gobierno no define un plan general de prestación de
servicios para ejecutar por entidades, públicas o privadas,
o ambas. |
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Sociedades científicas
rechazan proyecto de reforma
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La
Asociación Colombiana de Sociedades Científicas
(ACSC), que reúne a 63 sociedades de médicos especialistas,
considera que la salud requiere una reforma estructural inmediata
y rechazó el proyecto de ley ordinaria porque va en contravía
del derecho a la salud y profundiza la crisis del sistema. Exigió
el retiro inmediato de dicha iniciativa e iniciar la construcción
de un nuevo proyecto, con participación amplia y democrática,
cuya esencia sea la instauración de un nuevo modelo orientado
a garantizar el derecho a la salud, que se mida por sus desenlaces
sanitarios y de bienestar, y no por sus utilidades.
Señala que los intentos de reforma de distintos gobiernos
-incluido el actual- fueron fallidos y obraron en contra de
la mayoría de los indicadores sanitarios del país:
“El proyecto de ley ordinaria que hoy hace tránsito
en el Congreso va por la misma vía. Su articulado, aprobado
por el Senado, fortalece el modelo de aseguramiento individual
vigente, mantiene los incentivos perversos que han hecho de
la salud un negocio y no se ocupa de enfrentar los graves problemas
de acceso, oportunidad, suficiencia y calidad del servicio para
la población enferma. Tampoco se orienta a mantener sana
a la gente”.
Por ello, y considerando que los médicos tienen la indelegable
responsabilidad de velar por la salud de los pacientes, como
testigos directos de sus procesos terapéuticos y de su
lucha diaria y angustiosa contra un sistema de salud indolente,
rechazan el actual proyecto de reforma, se declaran actores
activos e interesados en la transformación de este sistema,
y en alerta ante la continuidad del trámite del proyecto
en la Cámara. |
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