En el tema de la salud en nuestro país y particularmente en los temas de cartera y servicios asistenciales, hay muchas cosas que hoy por hoy, 20 años después de la Ley 100, no están claras. Eso no es grave. Lo grave del asunto es que parece que esto no importa mucho al actual al actual ministro de Salud, ni al anterior, ni al anterior del anterior, ni a ninguno de ellos; tampoco le importa al actual superintendente de Salud.

Tratándose de un funcionario de la más alta dignidad en el Estado, le corresponde iniciar todas las acciones que atañen ante los organismos de vigilancia y control en relación con las anomalías en los registros contables que haya detectado, correspondientes a recursos públicos sobre los cuales el Ministerio a su cargo -se supone-, ejerce rectoría. Por supuesto que del tema son responsables y garantes todas las entidades, públicas y privadas, que han manejado y manejan los recursos públicos con destinación específica. Incluidas las IPS, que reciben recursos de la capitación. ¡Y los revisores fiscales!
“A esa situación se ha llegado por la acumulación de varias fallas que se presentaron en el período 2006-2012”, dice el ministro. Por supuesto. Entendemos que el acumulado de la crisis se inició en la administración del presidente Uribe, cuyo ministro Diego Palacios -el eficiente- estuvo 7 años en el ejercicio protector de EPS y farmacéuticas. Pero la evidencia de las insalvables dificultades tuvo que hacerse pública en los últimos meses.
Las consecuencias para los pacientes son dramáticas y lo serán más. Muchas entidades ya dejaron o dejarán de prestar servicios a la mayoría de EPS que están en franca iliquidez. Las entidades que contrataron servicios por capitación y a las que les pagan fraudulentamente sólo una parte, restringirán más los servicios con trágicas consecuencias para los enfermos y sus familias. Todas las entidades de salud perderán una parte muy importante de su cartera, la cual ya es irrecuperable. El efecto repercutirá en el pago a los trabajadores de la salud, a los que no se les dará estabilidad laboral ni salarios dignos. Los elementos e insumos médicos serán provistos mediando pagos anticipados, puesto que la cadena de deudas impagadas afecta al conjunto del sector. Y los medicamentos serán suministrados a cuenta gotas.
Y finaliza el ministro: "No se podrá pagar todo y tocará dejar unas deudas aparte. Se podría pagar $1 billón que debe Caprecom; los $1,5 billones de EPS intervenidas; lo adeudado por Saludcoop, que tiene algo de activos para vender; las cajas de compensación, como empresas en marcha, irían cubriendo lo que adeudan. Hasta con Títulos de Tesorería (TES), el Estado honraría obligaciones”. No menciona nada sobre la recuperación de ilícitas apropiaciones y exportaciones de capital por EPS del contributivo. Y dijo que las IPS no tienen más alternativa que aceptar el duro sistema de "todos ponen".
Con este panorama en ciernes, nadie comprende que se siga insistiendo en una reforma ordinaria que hace su curso en el Congreso, con el mismo modelo de intermediación financiera sustentada en las gestoras (EPS transformadas), repartiendo utilidades y limitando el acceso a los servicios de salud de los enfermos en todas las formas imaginables. Pero esto no quiere decir que el diseño de un nuevo sistema de salud no sea una necesidad imperiosa, urgente e inaplazable, que debe tener prioridad nacional.
Mientras esperamos infructuosamente que los congresistas de la Unidad Nacional decidan rediseñar el sistema de salud de manera que responda seriamente por las necesidades de nuestros compatriotas, llegó el momento del entierro sin honores del Sistema de Salud que implantó Juan Luis Londoño. El grave problema para nosotros es que como las deudas de los muertos también se heredan, quedaremos todos como responsables de las mismas, mientras los felices depredadores del Sistema que saquearon los recursos de la salud disfrutan sus fortunas, unos en el exterior y otros en el interior de Colombia. Y otros regresan de España a pelear el botín que queda en el país.
Con las grandes deudas que nos lega el naufragado Sistema de Salud, y los nombres y apellidos de los responsables de la catástrofe en las penumbras del anonimato o de las investigaciones sin fin, no tendremos vocación para rezar con los responsos de las 9 noches del difunto, el conocido mantra que se repite en los funerales: “Que le brille para siempre la luz perpetua”.
(1). Descanse en paz

Señala además que la reforma debe reafirmar la responsabilidad del Estado frente al bienestar integral de los ciudadanos, donde “la salud no puede verse reducida a un negocio sometido a las leyes de la oferta y de la demanda”. También rechaza “cualquier tentativa de favorecer la injusta práctica del aborto” y pide al Congreso encontrar mecanismos que ayuden al control de precios de medicamentos.
La carta presenta entre otras, las siguientes consideraciones:
“1. La dignidad de la persona humana exige que la vida de cada hombre y mujer se desarrolle en el marco de unas condiciones materiales de vida que permitan el goce y el ejercicio plenos de sus derechos y de sus deberes fundamentales. De ahí que la Constitución considere responsabilidad primordial e irrenunciable del Estado y de sus instituciones tutelar los derechos de sus ciudadanos, garantizándoles los medios suficientes e indispensables para llevar una vida digna. Esta responsabilidad del Estado incluye la tutela eficaz y prioritaria del derecho fundamental a la salud.
2. Aunque reconocemos claros avances en algunos frentes, los Obispos de Colombia no podemos dejar de evidenciar los problemas estructurales que aquejan al vigente sistema sanitario”. Aquí señalan: a) Las serias dificultades pese a la ampliación de la cobertura, de acceso efectivo a servicios de salud por los ciudadanos, especialmente de los más pobres y de quienes viven en regiones apartadas; b) Las condiciones lamentables de numerosas instalaciones sanitarias, especialmente estatales, su notable escasez en el ámbito rural y la carencia en ellas de modernas tecnologías; c) El escandaloso desvío de cuantiosos recursos públicos destinados a la salud en favor de intereses privados; d) La carencia de un verdadero sistema de salud preventiva y de políticas de Estado coherentes para ello; e) La excesiva tramitología a la que se ven expuestos los usuarios y los obstáculos para acceder equitativamente a tratamientos y medicamentos requeridos; f) Nociva existencia de intereses políticos, corruptos y corruptores, caracterizados por el abuso de poder, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, la connivencia con grupos ilegales, la falta de transparencia en la contratación y otros numerosos hechos, delictivos e inmorales, que afectan gravemente la eficacia de la sanidad pública; g) El predominio de una mentalidad mercantilista que ha reducido el sistema sanitario a un negocio; h) La falta de garantías laborales para el personal sanitario; i) La promoción, con dineros públicos y el apoyo de organismos internacionales, de una mentalidad abortista y eutanásica contraria a la dignidad humana, a los valores del pueblo colombiano y a nuestros principios legales.
“Ante tales situaciones de injusticia y corrupción”, los Obispos de Colombia renovaron su apremiante llamado al Congreso “para que lleve a cabo una reforma sanitaria integral, que logre erradicar las causas profundas de la crisis del sistema vigente y permita una mejora sustancial de la prestación de los servicios sanitarios”. Luego afirman que con el deseo sincero de contribuir al bien común de la Nación e inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, el Episcopado colombiano brinda al Congreso las siguientes recomendaciones:
“a) La reforma del sistema sanitario debe partir del reconocimiento de la salud como derecho fundamental y prioritario de los colombianos, y, de la redefinición de estructuras, organismos y modelos técnicos de funcionamiento y control, debe estimular y reflejar un profundo cambio de mentalidad ética que ponga el bien de la persona, del paciente, por encima de otro interés legítimo. Para ello, es necesario entender que la salud no se agota en la dimensión biofísica sino que incorpora el bien emocional y espiritual de la persona. b) La reforma del sistema sanitario debe reafirmar la insustituible responsabilidad del Estado frente al bienestar integral de sus ciudadanos. Para ello, la participación de entes gubernamentales y entidades privadas en el sistema debe estar supeditada a la tutela prioritaria del derecho a la salud del que el Estado debe hacerse eficaz garante. La salud no puede verse reducida a un negocio sometido a las leyes de la oferta y de la demanda.
c) En un país caracterizado por notorias e injustas desigualdades, la reforma del sistema sanitario debe favorecer la equidad y la integración, valores esenciales de un Estado Social de Derecho. De ahí que los más pobres y desamparados, menores de edad y ancianos y toda persona en situación de vulnerabilidad deban recibir atención sanitaria prioritaria. d) Es necesario que el sistema de sanidad pública incorpore la dimensión preventiva, hasta convertirla en el carácter definitorio de su modelo de funcionamiento. e) Es necesario establecer mecanismos efectivos de control de precios de medicamentos, particularmente de los productos monopólicos, que en Colombia registran niveles muy superiores a los de países de América Latina e incluso de países desarrollados. f) Es urgente dignificar el trabajo del personal sanitario, brindando estabilidad y garantías que permitan un ejercicio eficaz y competente de sus responsabilidades. g) Es necesario administrar mejor los recursos públicos de modo que pueda invertirse en investigación y en la mejora sustancias de las instalaciones sanitarias.
h) La dimensión ética del personal sanitario y de las instituciones de salud debe ser una prioridad de la reforma del sistema. En efecto, solo un personal capacitado, no sólo en el campo técnico, sino también ético y moral, podrá tomar conciencia de la dignidad humana del paciente, buscando los medios más adecuados para hacer frente a sus necesidades materiales y espirituales. i) Por último, los Obispos de Colombia rechazamos cualquier tentativa de favorecer la injusta práctica del aborto u otra disposición que viole el inalienable derecho a la vida, desde la concepción hasta su fin natural”.