MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 14    No. 171  DICIEMBRE DEL AÑO 2012    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Colapsarían hospitales de Antioquia
porque no les pagan $1,5 billones


“Que el Estado asuma
cartera de IPS o declare
emergencia económica y social”
Sandra Patricia Parra García - Periodista elpulso@elhospital.org.co

Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), afirmó que el gobierno puede acabar la crisis de hospitales públicos y privados a través de dos situaciones especiales: “Una es que el gobierno nacional asuma voluntaria u obligadamente la deuda que tienen las EPS, en las cuales el Estado delegó unas responsabilidades que son suyas, y que con ese argumento lo asuma voluntariamente, algo similar a lo que está haciendo hoy en el Congreso con el proyecto de ley 135, que trata de que el Estado compre la cartera de las EPS”.
El dirigente gremial indicó que están un poco escépticos de que la medida pase en el Congreso, porque casi no pasa en las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara, tiene mensaje de urgencia y hay mucho escepticismo. Agrega que hay un número importante de congresistas y legisladores que dicen que el Estado no puede asumir la deuda de un privado, “sobre todo un privado que se ha manejado muy mal, que ha manejado los recursos ineficientemente, con poca transparencia, como se evidenció en las múltiples investigaciones sobre el tema”.
Y adicionalmente, la contralora Sandra Morelli planteó que eso no se puede hacer porque el Estado no puede pagar la deuda de un particular, aflorando un problema mayor, un problema jurídico de fondo que va a impedirlo: “Voluntariamente puede que haya dificultades en ese sentido; pero obligadamente, si lo obliga un juez o un magistrado de la república, habría una salida a la situación, y para eso tendríamos que interponer las acciones jurídicas necesarias, y que sea el aparato judicial el que obligue al gobierno a asumir esa deuda, saldando de algún modo la situación”.
“El gobierno tiene que 'darse la pela' junto con
el Congreso para modificar estructuralmente el sistema
de salud, porque si no, puede solucionar la crisis actual
pero en pocos años volveremos a caer en lo mismo”.
Luis Alberto Martínez
Otra medida que se podría tener en cuenta, explicó Martínez, es la declaración de una emergencia económica y social en el sector salud, por cuanto instituciones prestigiosas, como el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, el Hospital General de Medellín, las clínicas, los hospitales pequeños de los municipios y los de mediana complejidad, están asumiendo la responsabilidad de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, sin los recursos suficientes y sin la mejor calidad.
Entonces, está todo dado para que el Estado diga, “aquí hay una situación para resolver” y que responsablemente declare una emergencia, con leyes y decretos con fuerza de ley, donde el Estado reglamente una situación excepcional e inyecte recursos a las IPS.
¿De dónde los recursos?
La pregunta es: ¿De dónde saldrían los recursos? Martínez dice que esa es la gran inquietud, pero esos recursos saldrían del Fosyga, ya que tiene alrededor de $6 billones congelados en títulos de tesorería TES: “Ahí están los recursos. Y sería una medida excepcional, porque son para el mismo sistema. Pero eso sí, el gobierno tiene que 'darse la pela' junto con el Congreso de la República para modificar estructuralmente el sistema, porque si no, puede que se solucione la crisis actual pero en pocos años volvemos a caer en lo mismo. El problema tiene que ver con el diseño y el modelo conceptual en el cual se fundamenta el sistema de salud, hoy fundamentado en la compra-venta de servicios, un diseño complejo que motiva la ineficiencia y facilita la corrupción y el despilfarro”.
Finalmente, Luis Alberto Martínez reiteró: “Si eso no se revisa y si no se materializa el discurso del presidente Santos de que la salud no sea un negocio sino un derecho, y eso empieza por no comprar y vender servicios, sino por financiar Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de manera eficiente y transparente, garantes del goce efectivo del derecho; y si no empezamos a acabar con la intermediación financiera que demostró hasta la saciedad que parasita los recursos, que especula con los recursos, que los desvía hacia otros fines; y si no empezamos a trabajar conjuntamente con otros sectores del desarrollo, no lograremos lo que pretendemos: mejorar el bienestar de la población, que es el objetivo y único fin de cualquier sistema de salud. En nuestro sistema eso se desvió, aquí el objetivo principal es mantener financieramente los actores del sistema, principalmente los agentes intermediarios”.
 
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