No es un problema nuevo. Y fue oportunamente notificado al gobierno nacional hace varios años, cuando la cartera que adeudaban los aseguradores empezaba a crecer desproporcionadamente y a plazos vencidos cada vez con más largos. Hoy, aseguradoras y pagadores que no honran sus deudas por servicios de salud fehacientemente prestados, tienen a al borde de su capacidad de aguante a hospitales y clínicas de Antioquia. Entretanto, el gobierno permanece ciego, sordo y mudo a este clamor.
En honor a la verdad, el problema es grave. Muy grave. Y no se avizoran salidas en el corto plazo; a fin de cuentas, es una situación generada en el problema estructural del sistema de salud creado por la Ley 100, un sistema paquidérmico en flujo de recursos. Y los aseguradores hicieron eco de esa dificultad, entorpeciendo más el flujo de recursos y arraigando una cultura del no pago de sus obligaciones a los prestadores.
Los directivos de clínicas y hospitales hacen gala de malabares para sortear la situación de iliquidez, y poder mantener abiertas las puertas de sus instituciones: nunca niegan el servicio al que están obligados legal, social y moralmente. Nunca han dejado de atender a sus pacientes, pese a la falta de garantías del pago por ese servicio, una obligación incumplida de aseguradores y pagadores. Éstos no respetan ni las mínimas normas de los cientos de disposiciones que procuran agilizar el flujo de recursos: simplemente, no pagan.
Tal y como lo tienen debidamente soportado los prestadores, la deuda de los aseguradores a los prestadores públicos y privados de Antioquia ascendía a septiembre de 2012 a $1,5 billones, con edad promedio de 215 días. Con toda razón se cuestionan que ningún sector económico aguanta una situación de cartera semejante. Por eso, con todos los argumentos de su lado, han reclamado insistentemente ante el gobierno nacional soluciones para tan delicada situación, sin obtener ninguna respuesta.
Y los pacientes también padecen esta situación, llegando incluso a pagar con su vida la crisis. Hoy ya se pueden empezar a investigar causas de muerte de pacientes por falta de una autorización o una remisión oportuna por parte de los aseguradores, para endilgarles las responsabilidades del caso a los empleados o instituciones que corresponda.
Como salidas, se ventilan algunas opciones. Por ejemplo, el sistema de factoring como alternativa viable que podría adoptar el gobierno para darle fluidez a los recursos en salud, apalancado en recursos del Fosyga; se podrían comprar las deudas de las aseguradoras, como sería el caso de uno de los deudores más grandes, Caprecom, descontarle un 5% como en un factoring mientras se revisa la factura o se compra ésta con descuento del 10%. Esa medida permitiría girar recursos a los prestadores en el corto plazo y que éstos puedan cubrir las altas obligaciones laborales de fin de año y pagos a proveedores (para garantizar que sigan despachando insumos necesarios para la atención de los pacientes).
Otros mencionan incluso medidas extraordinarias, como la declaratoria de emergencia económica y social, para que el gobierno dé la mano a los prestadores de servicios de salud de todo el país, en forma similar a cómo hizo en el pasado con otros sectores de la vida nacional. Salud sí que necesita este apoyo, porque más que altísimas cifras de dinero, está de por medio la vida y la salud de la población colombiana.
Por enésima vez, los prestadores siguen reclamando soluciones al gobierno nacional, pero éste no se compadece de la crítica situación que atraviesan clínicas y hospitales no sólo de Antioquia, sino de todo el país.
Señor Presidente Juan Manuel Santos: ¿Dejará Usted cerrar las clínicas y hospitales de Antioquia? ¿Clínicas y hospitales que se han distinguido nacional e internacionalmente por una gran vocación de servicio a sus pacientes, y por estar a la vanguardia en el desarrollo científico para bien de quienes los necesitan? .