MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 156  SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Hospitales, entes territoriales y pacientes exigen
“Pago inmediato
y nueva ley de salud”
Olga Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co

1) Que el gobierno nacional retome el control pleno de los recursos de la salud y se suspenda el mecanismo de compensación de la UPC con las EPS. 2) Giro y pago directo del Fosyga y entes territoriales a prestadores de servicios -públicos y privados-. 3) Que el gobierno nacional congele activos de EPS morosas, ilíquidas e insolventes, y organismos de control junto con los prestadores se constituyan en parte civil para el embargo de bienes de las EPS, como forma de garantizar el pago de las deudas.
4) Pago inmediato a los prestadores de servicios de salud por las EPS, Fosyga y entes territoriales. 5) Tomar los recursos que el Fosyga tiene colocados en TES, para el pago de las deudas de los hospitales y compensar aquellos que se encuentran quebrados por culpa del sistema de salud.
6) Inyección financiera a las ESE para asumir la vinculación a la planta de personal a quienes desarrollan actividades permanentes, hoy vinculados por cooperativas u otra forma de tercerización.
7) Solicitar al gobierno establecer una mesa de concertación con los estamentos básicos del sector para redactar una nueva ley que entre otras, saque la salud del mercado, declare y garantice la salud como derecho fundamental, pública, universal, solidaria y gratuita; haga énfasis en la promoción y prevención, fortalezca la red hospitalaria, mejore la calidad e investigación, cuyo resultado será presentado al Congreso de la República.
Las anteriores son las exigencias del Encuentro Nacional de Emergencia por la Salud, que congregó en Bogotá el pasado 25 de agosto a representantes de las organizaciones de la Mesa Intersectorial por el Derecho a la Salud (Universidad Nacional y de Antioquia, Movimiento por la Salud y la Seguridad Social, Fundación Ferguson, Comosoc, Anec, Sindess, Anthoc, Acesi, Comisión de Seguimiento a Sentencia T-760, Federación Médica Colombiana, Veedurías de Usuarios, Pacientes Colombia, Movimiento por la 8ª Papeleta).
Asimismo, a gerentes de Empresas Sociales del Estado (ESE) y de IPS, gobernadores, alcaldes, secretarios de salud de entes territoriales (departamentos, municipios y distritos), y estamentos básicos intra y extra-hospitalarios, asociaciones de pacientes, organizaciones de usuarios y estudiantes de profesiones médicas, reunidos ante el colapso de la salud en el país y la falta de respuestas efectivas del gobierno y el Congreso.
Paro nacional de hospitales y otras acciones
Para evidenciar el colapso del sector salud, trabajadores y gerentes de hospitales públicos, y asociaciones de usuarios, participarán en un cese de actividades en hospitales públicos el 12 y 13 de septiembre; se garantizarán los servicios de urgencias, pero no habrá atención en consulta externa, medicina especializada y áreas administrativas.
Igualmente: se replicará la Mesa Intersectorial en el nivel local; se adelantará un plan de cobro en los departamentos; se rechazó el plan de beneficios por patologías propuesto por el gobierno, porque se convierte en negación a la atención integral de salud. También se apoyará la 8ª Papeleta (Derecho a Salud y Seguridad Social), y se exigió al gobierno nacional una reunión urgente sobre intermediación laboral y la Sentencia C-614, que obliga a vincular a la planta de personal a quienes desempeñan actividades permanentes.
Declaraciones
Los estamentos consideran que el actual sistema de salud colapsó en todo el país, ya que no hay con que pagar a proveedores ni a trabajadores, se disminuyen servicios y su calidad, y se arriesga la vida de los pacientes; que medidas como restricción de servicios, recortes de derechos laborales, reestructuraciones y reformas de “salvación de hospitales”, tuvieron como verdadero objetivo el favorecimiento a las EPS.
También declararon que la intermediación financiera sólo sirvió para enriquecer a quienes tienen la salud como negocio y causó daños irreparables a la población, puesto que desvía recursos de salud a actividades ajenas a su propósito constitucional y legal, se niega el pago a prestadores y el servicio a usuarios, se recobra lo ya pagado, se alteran precios de medicamentos, se arruina la red hospitalaria y se violan derechos humanos.
Denunciaron que ningún hospital público o clínica privada podrá sobrevivir sin el pago de sus servicios, sobre todo cuando estas deudas -que ya suman más de $5.6 billones-, se prolongan en el tiempo; que la eliminación de recursos de oferta -sin que dejaran de existir los 'vinculados' y los eventos No-POS- contribuyó a la quiebra de los hospitales, ya que éstos con sus escasos recursos asumen la responsabilidad del Estado, sin ser compensados por su esfuerzo; que las reformas a la Ley 100/93 mantienen como propósito el fortalecimiento de los intermediarios y el debilitamiento de la red pública; y que la intermediación laboral impuesta con el pretexto de ahorrar recursos no cumplió ese propósito y esquilmó derechos a los trabajadores que hoy la ley obliga a restituir.
Los voceros reunidos se comprometieron a trabajar de manera unificada por la defensa de la salud como derecho fundamental; y “a no tolerar más experimentos, paños de agua tibia, medidas engañosas y lesivas, aniquilamiento de la red prestadora de servicios de salud (pública y privada), sacrificio de la calidad, pauperización del trabajo y favorecimiento a los mercaderes de la salud, encabezados por las EPS”.
 
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