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Hospitales, entes
territoriales y pacientes exigen
Pago inmediato
y nueva
ley de salud
Olga
Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co
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1) Que el gobierno nacional retome
el control pleno de los recursos de la salud y se suspenda el
mecanismo de compensación de la UPC con las EPS. 2) Giro
y pago directo del Fosyga y entes territoriales a prestadores
de servicios -públicos y privados-. 3) Que el gobierno
nacional congele activos de EPS morosas, ilíquidas e
insolventes, y organismos de control junto con los prestadores
se constituyan en parte civil para el embargo de bienes de las
EPS, como forma de garantizar el pago de las deudas.
4) Pago inmediato a los prestadores de servicios de salud por
las EPS, Fosyga y entes territoriales. 5) Tomar los recursos
que el Fosyga tiene colocados en TES, para el pago de las deudas
de los hospitales y compensar aquellos que se encuentran quebrados
por culpa del sistema de salud. |
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6) Inyección
financiera a las ESE para asumir la vinculación a la
planta de personal a quienes desarrollan actividades permanentes,
hoy vinculados por cooperativas u otra forma de tercerización.
7) Solicitar al gobierno establecer una mesa de concertación
con los estamentos básicos del sector para redactar una
nueva ley que entre otras, saque la salud del mercado, declare
y garantice la salud como derecho fundamental, pública,
universal, solidaria y gratuita; haga énfasis en la promoción
y prevención, fortalezca la red hospitalaria, mejore
la calidad e investigación, cuyo resultado será
presentado al Congreso de la República.
Las anteriores son las exigencias del Encuentro Nacional de
Emergencia por la Salud, que congregó en Bogotá
el pasado 25 de agosto a representantes de las organizaciones
de la Mesa Intersectorial por el Derecho a la Salud (Universidad
Nacional y de Antioquia, Movimiento por la Salud y la Seguridad
Social, Fundación Ferguson, Comosoc, Anec, Sindess, Anthoc,
Acesi, Comisión de Seguimiento a Sentencia T-760, Federación
Médica Colombiana, Veedurías de Usuarios, Pacientes
Colombia, Movimiento por la 8ª Papeleta).
Asimismo, a gerentes de Empresas Sociales del Estado (ESE) y
de IPS, gobernadores, alcaldes, secretarios de salud de entes
territoriales (departamentos, municipios y distritos), y estamentos
básicos intra y extra-hospitalarios, asociaciones de
pacientes, organizaciones de usuarios y estudiantes de profesiones
médicas, reunidos ante el colapso de la salud en el país
y la falta de respuestas efectivas del gobierno y el Congreso.
Paro nacional de hospitales y otras acciones
Para evidenciar el colapso del sector salud, trabajadores y
gerentes de hospitales públicos, y asociaciones de usuarios,
participarán en un cese de actividades en hospitales
públicos el 12 y 13 de septiembre; se garantizarán
los servicios de urgencias, pero no habrá atención
en consulta externa, medicina especializada y áreas administrativas.
Igualmente: se replicará la Mesa Intersectorial en el
nivel local; se adelantará un plan de cobro en los departamentos;
se rechazó el plan de beneficios por patologías
propuesto por el gobierno, porque se convierte en negación
a la atención integral de salud. También se apoyará
la 8ª Papeleta (Derecho a Salud y Seguridad Social), y
se exigió al gobierno nacional una reunión urgente
sobre intermediación laboral y la Sentencia C-614, que
obliga a vincular a la planta de personal a quienes desempeñan
actividades permanentes.
Declaraciones
Los estamentos consideran que el actual sistema de salud colapsó
en todo el país, ya que no hay con que pagar a proveedores
ni a trabajadores, se disminuyen servicios y su calidad, y se
arriesga la vida de los pacientes; que medidas como restricción
de servicios, recortes de derechos laborales, reestructuraciones
y reformas de salvación de hospitales, tuvieron
como verdadero objetivo el favorecimiento a las EPS.
También declararon que la intermediación financiera
sólo sirvió para enriquecer a quienes tienen la
salud como negocio y causó daños irreparables
a la población, puesto que desvía recursos de
salud a actividades ajenas a su propósito constitucional
y legal, se niega el pago a prestadores y el servicio a usuarios,
se recobra lo ya pagado, se alteran precios de medicamentos,
se arruina la red hospitalaria y se violan derechos humanos.
Denunciaron que ningún hospital público o clínica
privada podrá sobrevivir sin el pago de sus servicios,
sobre todo cuando estas deudas -que ya suman más de $5.6
billones-, se prolongan en el tiempo; que la eliminación
de recursos de oferta -sin que dejaran de existir los 'vinculados'
y los eventos No-POS- contribuyó a la quiebra de los
hospitales, ya que éstos con sus escasos recursos asumen
la responsabilidad del Estado, sin ser compensados por su esfuerzo;
que las reformas a la Ley 100/93 mantienen como propósito
el fortalecimiento de los intermediarios y el debilitamiento
de la red pública; y que la intermediación laboral
impuesta con el pretexto de ahorrar recursos no cumplió
ese propósito y esquilmó derechos a los trabajadores
que hoy la ley obliga a restituir.
Los voceros reunidos se comprometieron a trabajar de manera
unificada por la defensa de la salud como derecho fundamental;
y a no tolerar más experimentos, paños de
agua tibia, medidas engañosas y lesivas, aniquilamiento
de la red prestadora de servicios de salud (pública y
privada), sacrificio de la calidad, pauperización del
trabajo y favorecimiento a los mercaderes de la salud, encabezados
por las EPS. |
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