Songo le dio a Borondongo... Juan Carlos Arboleda Z. - Periodista - elpulso@elhospital.org.co Gestionar ante Fidufosyga un pago cualquiera, es, según quienes son obligados a hacer tal trámite, un trabalenguas; uno de los procesos más simples, un cobro por ECAT, es un buen ejemplo de lo que para el consultor Iván Jaramillo, es un berenjenal: “La tramitología es tal que quienes se acercan al Fondo terminan subcontratando un intermediario. Cobrar una factura al Fosyga es un galimatías. Cuando ocurre un accidente de tránsito, en los 180 días siguientes hay que presentar la factura que tiene una primera veeduría antes que le reconozcan la radicación a la factura; luego de la auditoría preliminar realizada en un lapso de 180 días, esa factura se radica y comienza un proceso de trámites hasta la captura -ejercicio de entrarla en el sistema-; después hay un paso por mallas de validación y allí es posible que la factura sea devuelta y haya que iniciar todo el ciclo de nuevo, pero suponiendo que le vaya bien, se somete a una nueva auditoría en la cual es posible que también sea devuelta; luego de aprobada, se empaquetan todas las facturas de un mismo hospital y pasados 20 días, entran en un listado y se pagan; este trámite gasta entre 6 meses y dos años, que es el tiempo necesario para cobrarle al Fosyga”. Pero el trabalenguas se extiende a la explicación del problema de cartera en el sector salud. Según el doctor Jaramillo, la deuda del régimen subsidiado con la red de prestadores del país se explica casi en su totalidad en una cadena que parte del Fosyga: ”Hay un problema en la relación de los municipios con las EPS-S; los municipios no le pueden pagar a las EPS, y las EPS no le pueden pagar a los hospitales, y ¿por qué los municipios no le pagan a las EPS? Porque el Fosyga no les puede pagar a los municipios debido al grave problema en el sistema de información, y sólo puede pagar cuando los contratos están bien hechos y los beneficiarios están debidamente identificados”. Para el doctor Jaramillo, es necesario hacerle una reingeniería de procesos al Fosyga: “Hay que simplificar esa gestión tan complicada, que las facturas cuando se presentan inmediatamente sean recibidas y se cancele el 50% de su valor como dice el decreto 4747/07; si se aplica el decreto se agiliza el flujo y el trámite engorroso demorará un tiempo para ser cobrado, pero ya solo será por el 50 por ciento”. Cadenas de intermediarios Los excesivos y engorrosos trámites ante Fidufosyga permitieron surgir una figura típica en Colombia, que se suma a la larga fila de quienes usufructúan dineros de la salud amparados en acciones que serían innecesarias en un buen sistema: los intermediarios. Si bien la ley establece que para cobrar una cuenta ante el Fosyga están “prohibidos”, y el Fidufosyga informa en su web que no son necesarios para acceder a la entidad, en la práctica parecen no solo necesarios sino como la única forma en que la red prestadora puede recuperar algo de su cartera, asegura el doctor Luis Alberto Martínez, director de Aesa: “Hay firmas intermediarias que están haciendo su agosto, cada una tiene su par dentro del Fidufosyga que en algún momento les acelera la gestión de los pagos, pero las firmas se quedan con un margen importante; hemos conocido propuestas muy indecentes donde se quedan con alrededor del 20 o 30% por hacer la gestión ante el Fidufosyga”. Desde una mirada simplista, la solución es: no contrate intermediarios, pero la verdad desborda las buenas intenciones: “Muchas veces sale más costoso ir hasta Bogotá para hacer una diligencia de un cobro por un accidente de tránsito o enfermedad catastrófica, que lo que representa la deuda para un hospital de pueblo”, asegura el doctor Martínez. Esa intermediación se fomenta desde la estructura administrativa centralizada del Fidufosyga, pues todos los trámites deben hacerse en Bogotá; ante esta situación, Aesa y Acesi solicitaron al Ministerio de la Protección Social y a la Supersalud que obligue al consorcio a abrir oficinas locales por lo menos en capitales de departamentos, sin lograr respuesta. “Como no existen oficinas locales ni siquiera para recepción y aclaración de cuentas, que sería la mínima gestión de una entidad responsable de pago, este manejo centralizado funciona como un obstáculo de acceso adicional, ya que todas las cuentas tienen que ir a Bogotá”, dice el director de Aesa. Lo curioso es que el consorcio no tendría excusa para no facilitar trámites en oficinas locales, pues sus socios tienen presencia en todo el país, y acá aparece un elemento que explicaría la “intocabilidad” del Fidufosyga. Proceso de facturación de las IPS   ¿Quien está detrás del Fosyga? El Ministerio de la Protección Social mediante resolución 004106 de noviembre 22/05, adjudicó la licitación pública MPS-07-2005 para administración de recursos del Fosyga al Consorcio Fidufosyga 2005, integrado por: Fiducolombia S.A. (GEA-Protección), Fiduprevisora S.A. (Estado colombiano), Fiduagraria S.A. (Banco Agrario), Fiducafé S.A., (Davivienda-Grupo Seguros Bolívar), Fidubogotá S.A., Fiduoccidente S.A., Fiduciaria Popular S.A., Fiducomercio S.A (estos 4 pertenecen a Luis Carlos Sarmiento-Porvenir), y Fiducoldex S.A. (Estado a través de Bancoldex). En otras palabras, en Fidufosyga están presentes los frentes financieros de varios de los grupos económicos más importantes del país y del Estado, todos con amplias redes de oficinas a nivel nacional que podrían facilitar los trámites en las regiones; de ahí que la no apertura de oficinas locales parece dar credibilidad a quienes afirman que esta es una estrategia para dificultar los pagos. “Fidufosyga es tradicionalmente un obstaculizador del flujo de recursos, y lo entendemos desde el punto de vista que es un consorcio de entidades financieras a las que interesa poner a rentar los recursos, y mientras menos fluya el dinero más rentan; de ahí que tengan estrategias como inventar glosas, no recibir cuentas y devolverlas sin abrirlas, manejan una anarquía en la comunicación; vimos casos de hospitales, incluso grandes y con facturación importante, que envían cajas con las cuentas y sellos respectivos, que luego de algunas semanas las reciben de regreso con las mismas características que fueron enviadas, como si no las hubieran abierto”, relata el doctor Martínez. Esta percepción de una estrategia planeada se confirmó en la visita de Supersalud al consorcio en 2006, que encontró por ejemplo -según consta en actas de investigadores-, que en la contratación de octubre de 2006 a marzo de 2007 se iniciaron los giros a entes territoriales sólo en diciembre de 2006, por lo que represaron más de $500.000 millones. No hay que pensar mucho para saber que pasó: esos dineros rentaron, dieron ganancias. Mismo sector, mismas reglas El otro gran problema es la falta de claridad en las normas. Por un tecnicismo jurídico, el Fosyga no está cobijado por el decreto 4747/07 ni la resolución 3047/08 que regulan el flujo de recursos en el sistema, haciendo que la legislación no sea homogénea para todos los actores e imposibilitando reglas de juego claras. La razón de esta excepción, es que en ambas normas se habla de la existencia de contratos entre las partes, y el Fosyga como tal no tiene contratos con los prestadores. Por esto, Olga Lucia Zuluaga, directora de Acesi, solicitó al gobierno expedir una nueva norma que no exija la existencia del contrato: ”Una ventaja del 4747 es que puso orden a la relación prestadores - aseguradores, generando cierta tranquilidad en las relaciones contractuales para mejorar el flujo de recursos; uno esperaría que Fosyga como principal pagador se incluyera en esta reglamentación, y aunque el ministro Diego Palacio se comprometió en unas mesas de trabajo en la Presidencia de la República a que el Fosyga se iba a incluir, sino en el 4747, sí se iba a expedir una reglamentación que le hiciera tener igual comportamiento en glosas, motivos de glosas y relaciones de pago; ese compromiso no se ha cumplido”. Lo más preocupante para la doctora Zuluaga, es que el Estado a través del Fosyga, es el primero en incumplir la normatividad: “Se supondría que debería ser quien primero gire, pero la realidad muestra que no”. En mesas de trabajo conjuntas por departamentos en algunas regiones del país se solucionaron inquietudes y se conoció la verdadera malla de validación utilizada por el Fondo, pero el inventario de cuentas -como lo llamó el Fosyga-, no tuvo como conclusión el pago de carteras. Además, se evidenciaron problemas tan graves como que hay facturas devueltas por la fiducia de manera equivocada a entidades incluso de otros departamentos -facturas del Atlántico llegan a Antioquia-, lo cual no sólo genera malestar sino que demora más los procesos y borra cualquier claridad en las cuentas; mientras en la ESE de Baranoa creen que su cuenta está en trámite, la factura puede haber sido devuelta y reposar en algún lugar del Vichada durante meses, mientras caduca y ya nadie la puede cobrar. ¿Error humano? ¿Estrategia? Vaya usted a saber.   Más información... Talanqueras para poner a rentar la plata: ¿objetivo de la fiducia? 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