MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 123  DICIEMBRE DEL AÑO 2008    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Vicepresidencia: no
más reclutamiento infantil
Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co

Es incierto el número de menores vinculados al conflicto armado, afirmó Beatriz Linares Cantillo, asesora de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de Niños de la Vicepresidencia de la República. Ella dijo: “Importantes investigaciones de la Fundación Maya Nassa, la Defensoría del Pueblo y Human Right Watch, afirman que la cifra Colombia oscila entre 7.000 y 14.000 personas. Sin embargo, el dato más cierto a la fecha es de 3.750 menores de 18 años desvinculados de los grupos armados al margen de la ley y albergados en protección por el programa de Atención Especializada del ICBF. No obstante, al preguntar a cada adolescente que ha dejado el grupo armado ilegal si con él o ella había otros menores de edad, la respuesta en el 98% de los casos es afirmativa, lo que implica que si bien se conoce el numero de niños y niñas atendidas, y no hay una institución capaz de verificar un numero exacto o aproximado de menores de edad en las filas de los grupos armados ilegales, sí se sabe que este reclutamiento es de dimensiones impresionantes”.
Aludió a las responsabilidades específicas que identificó el Estado sobre el problema: “1) Restablecimiento de los derechos de aquellos niños y niñas que abandonen de cualquier forma esos grupos, acción que lidera el ICBF. 2) Asegurarles la reintegración social y económica que dirigen la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica, y el ICBF. 3) Reparar a los menores de edad por ser víctimas de reclutamiento ilícito, tipificado en el articulo 162 del Código Penal, proceso a cargo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Acción Social y la Fiscalía General de la Nación. 4) La Internacional, en cumplimiento de la resolución 1612/05, en cuyo mandato el Secretario General de la ONU rindió informe en diciembre pasado y definió que el caso de Colombia, por tener 4 grupos ilegales que reclutan menores de 18 años (FARC-EP, ELN, Cacique Pipintá y Autodefensas Unidas del Casanare), debe ser monitoreado por su despacho; en esta línea el gobierno de Colombia aceptó someterse al examen del Secretario General a través de su representante especial para la cuestión de menores en conflictos armados. 5) Prevención para que los grupos armados no recluten menores de 18 años y les obliguen a participar de su accionar violento. Para cumplirla, el gobierno expidió el decreto 4690/07que crea la Comisión Intersectorial para prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley.
Y agregó: “La Secretaría Técnica de la Comisión trabaja desde febrero en 50 municipios focalizados para 2008, 80 para 2009 y 60 para 2010, con movilización social para rechazar y denunciar estas violaciones, acompaña a las Alcaldías en diseño y ejecución de políticas públicas de protección integral a la infancia. En las Casas de Justicia y Centros de Convivencia trabaja con grupos de adolescentes en riesgo para prevenir la delincuencia juvenil; en los 50 municipios (con 10 ya se realizó), definió una Cartografía de Derechos con niños y niñas en clubes juveniles del ICBF”.
Sobre la violencia intrafamiliar, la asesora dijo: “De acuerdo con el estudio mundial de violencia realizado por orden del Secretario General de la ONU, las familias, al menos en los 17 países de América Latina que participaron del estudio, son hoy un factor de riesgo para niños y niñas; para la mayoría, sus casas eran cárceles, donde se sentían mas inseguros, donde les violentaban física y sexualmente, los ignoraban y castigaban por no ser como los padres y madres querían que fuesen, y muchos otros datos que encienden para la región un gran bombillo rojo de alerta, sobre el cual debe incidirse de manera inmediata. Aunque no se puede negar que el Estado en algunos casos amenaza derechos cuando no asegura por ejemplo la inscripción de niños y niñas en el registro civil, o cuando no son atendidos en salud, etc., es evidente que las familias vulneran de manera severa los derechos de sus niños, que por ser vulnerables no son percibidos como sujetos de derechos. Y aunque la legislación internacional y nacional avanzó sustantivamente, siguen siendo tratados como objetos”.
 
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