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Vicepresidencia: no
más reclutamiento infantil
Hernando
Guzmán Paniagua - Periodista -
elpulso@elhospital.org.co
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Es incierto
el número de menores vinculados al conflicto armado,
afirmó Beatriz Linares Cantillo, asesora de la Comisión
Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de
Niños de la Vicepresidencia de la República. Ella
dijo: Importantes investigaciones de la Fundación
Maya Nassa, la Defensoría del Pueblo y Human Right Watch,
afirman que la cifra Colombia oscila entre 7.000 y 14.000 personas.
Sin embargo, el dato más cierto a la fecha es de 3.750
menores de 18 años desvinculados de los grupos armados
al margen de la ley y albergados en protección por el
programa de Atención Especializada del ICBF. No obstante,
al preguntar a cada adolescente que ha dejado el grupo armado
ilegal si con él o ella había otros menores de
edad, la respuesta en el 98% de los casos es afirmativa, lo
que implica que si bien se conoce el numero de niños
y niñas atendidas, y no hay una institución capaz
de verificar un numero exacto o aproximado de menores de edad
en las filas de los grupos armados ilegales, sí se sabe
que este reclutamiento es de dimensiones impresionantes.
Aludió a las responsabilidades específicas que
identificó el Estado sobre el problema: 1) Restablecimiento
de los derechos de aquellos niños y niñas que
abandonen de cualquier forma esos grupos, acción que
lidera el ICBF. 2) Asegurarles la reintegración social
y económica que dirigen la Alta Consejería para
la Reintegración Social y Económica, y el ICBF.
3) Reparar a los menores de edad por ser víctimas de
reclutamiento ilícito, tipificado en el articulo 162
del Código Penal, proceso a cargo de la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación, Acción
Social y la Fiscalía General de la Nación. 4)
La Internacional, en cumplimiento de la resolución 1612/05,
en cuyo mandato el Secretario General de la ONU rindió
informe en diciembre pasado y definió que el caso de
Colombia, por tener 4 grupos ilegales que reclutan menores de
18 años (FARC-EP, ELN, Cacique Pipintá y Autodefensas
Unidas del Casanare), debe ser monitoreado por su despacho;
en esta línea el gobierno de Colombia aceptó someterse
al examen del Secretario General a través de su representante
especial para la cuestión de menores en conflictos armados.
5) Prevención para que los grupos armados no recluten
menores de 18 años y les obliguen a participar de su
accionar violento. Para cumplirla, el gobierno expidió
el decreto 4690/07que crea la Comisión Intersectorial
para prevención del reclutamiento y utilización
de niños, niñas y adolescentes por grupos armados
al margen de la ley.
Y agregó: La Secretaría Técnica de
la Comisión trabaja desde febrero en 50 municipios focalizados
para 2008, 80 para 2009 y 60 para 2010, con movilización
social para rechazar y denunciar estas violaciones, acompaña
a las Alcaldías en diseño y ejecución de
políticas públicas de protección integral
a la infancia. En las Casas de Justicia y Centros de Convivencia
trabaja con grupos de adolescentes en riesgo para prevenir la
delincuencia juvenil; en los 50 municipios (con 10 ya se realizó),
definió una Cartografía de Derechos con niños
y niñas en clubes juveniles del ICBF.
Sobre la violencia intrafamiliar, la asesora dijo: De
acuerdo con el estudio mundial de violencia realizado por orden
del Secretario General de la ONU, las familias, al menos en
los 17 países de América Latina que participaron
del estudio, son hoy un factor de riesgo para niños y
niñas; para la mayoría, sus casas eran cárceles,
donde se sentían mas inseguros, donde les violentaban
física y sexualmente, los ignoraban y castigaban por
no ser como los padres y madres querían que fuesen, y
muchos otros datos que encienden para la región un gran
bombillo rojo de alerta, sobre el cual debe incidirse de manera
inmediata. Aunque no se puede negar que el Estado en algunos
casos amenaza derechos cuando no asegura por ejemplo la inscripción
de niños y niñas en el registro civil, o cuando
no son atendidos en salud, etc., es evidente que las familias
vulneran de manera severa los derechos de sus niños,
que por ser vulnerables no son percibidos como sujetos de derechos.
Y aunque la legislación internacional y nacional avanzó
sustantivamente, siguen siendo tratados como objetos. |
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