El objeto de la creación del Sistema de Seguridad Social Integral establecido con la Ley 100/93 era garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.
Este sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación.
Y los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, son regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la población al servicio en todos los niveles de atención, en un ámbito de equidad, protección integral, libre escogencia, participación social, concertación y calidad.
La misma ley estableció que para lograr estos propósitos, el Sistema debería contar con un Sistema de Vigilancia y Control, a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud. Este órgano de control se encargaría de recopilar y exigir información de los diferentes actores del sistema, solicitar información para vigilar el recaudo de aportes a salud, controlar y evaluar la calidad del servicio de salud, e imponer sanciones.
Sin embargo, desde la puesta en marcha y durante la evolución del sistema de salud, a la Súper se le critica la falta de capacidad operativa para cumplir con esas funciones; y la entidad, ha ensayado reestructuraciones y recetas con miras a optimizar el cumplimiento de esa función esencial del sistema, de Inspección, Vigilancia y Control.
Sin embargo, el devenir mismo del sistema, el fortalecimiento de algunos actores que crearon posición dominante dentro del mismo y la falta de recursos y estructura, hicieron que la gestión de la Supersalud brillara por su palidez, inoperancia y falta de resultados.
Pero, ¿cómo pedir efectividad y eficiencia en el control, a una entidad que debe vigilar 755.681 entidades de todo tipo (aseguradoras: EPS, prepagadas, adaptadas, cajas de compensación), IPS públicas y privadas, loterías y juegos de suerte y azar, licores y cervezas, entes territoriales, Etesa, Fosyga, Indumil, regímenes especiales y empleadores, con un monto de recursos de los vigilados que asciende a 7,2% del PIB (US$11.181 millones de dólares), y sólo 303 empleados, todos centralizados en sus oficinas en Bogotá?
De tiempo atrás se reclama una urgente reestructuración que transformara a la Supersalud en lo que debe ser: el órgano de control del sistema de salud, cuya capacidad sancionatoria sí "asustara" a los diferentes actores del sistema de salud y los pusiera en cintura, cuando no cumplen con sus obligaciones dentro del sistema y no contribuyen al logro de los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para garantizar la prestación del servicio de salud oportuno y con calidad a toda la población colombiana.
En esa vía, hay que destacar varios esfuerzos desde el gobierno, desde el Congreso con la Ley 1122 que otorgó facultades conciliatorias y jurisdiccionales a la Supersalud, y desde la misma gestión interna de la Súper. Sin embargo, el escepticismo y la confianza en el logro del propósito van por partes iguales entre los actores del sistema de salud. Escepticismo, por la trayectoria y el ejercicio a veces errático e insustancial del organismo en los últimos 13 años; confianza, porque se aprecia voluntad política desde el actual gobierno y la actual administración, en reorientar el rumbo y cumplirle al sistema de salud.
¿Qué se viene entonces en la gestión de la Supersalud? Resta esperar. Ojalá la espera no sea muy prolongada y que los frutos sean dulces, después de tanta falta de control.