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Así
sea indeterminado el número de muertes y no exista evidencia
en todas de la causa, fue dramática y sintomática
la alarma encendida en marzo pasado en el Bajo Atrato (Chocó),
cuando según la Defensoría del Pueblo y la Pastoral
Social de Quibdó murieron 17 niños indígenas
y afrodescendientes por desnutrición, en tanto que la
Comisión del Ministerio de la Protección Social
reportó 4 menores fallecidos en los últimos dos
meses por infección respiratoria aguda y problemas gastrointestinales,
descartando la muerte por inanición. Al parecer, también
fallecieron 2 adultos y estaban en riesgo 12 menores.
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No se trata de un drama nuevo, porque Chocó es una de
las regiones más atrasadas del país, que padece
una mezcla explosiva de pobreza, marginalidad, abandono estatal,
presencia de grupos armados y falta de vías de comunicación.
En los menores atendidos en los municipios de Carmen del Darién
y Riosucio, el diagnóstico fue “desnutrición
severa”; algunos fueron atendidos en la zona y otros remitidos
a municipios de Antioquia.
El gobierno nacional recordó la importancia que tienen
las autoridades departamentales y locales en la atención
en salud a sus pobladores, toda vez que esta función
está descentralizada a cargo del ente territorial. El
Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, se mostró
preocupado por la negligencia de la Gobernación del Chocó
y las Administradoras del Régimen Subsidiado que no adelantan
actividades de promoción y prevención. El director
de Salud de Chocó, Víctor Klinger, manifestó
que no se le informó y que los alcaldes son responsables
del primer nivel de atención. Y el alcalde de Carmen
del Darién, Luis Fredis Robledo, reconoció una
difícil situación en las comunidades indígenas
pero afirma que los niños no fallecieron por inanición,
agregó que invierte $112 millones anuales en prevención
y promoción, desmintió el gasto de $80 millones
en viáticos tal como investiga la Contraloría,
y anunció que a fines de abril estará listo el
acueducto.
Entre las acciones de emergencia emprendidas por el gobierno
nacional está el mejoramiento de la dotación del
puesto de salud, la entrega de una ambulancia acuática
y la disposición de 4 Unidades Móviles del ICBF;
se determinó que es necesaria la presencia permanente
de promotores de salud, aportada inicialmente por Antioquia.
El gobierno recordó que en 2006, Chocó fue uno
de los departamentos que más recursos per-cápita
recibió por habitante, para programas de salud pública:
de $50.760 millones, $36.781 fueron a régimen subsidiado,
$5.687 millones a subsidios a población desplazada y
$3.061 millones a actividades de prevención y promoción.
Para esta vigencia, se dispondrá de $859 millones para
atención en salud a población desplazada no asegurada.
Vale recordar que en el Chocó, según el sistema
de estadísticas vitales del Dane, la tasa de mortalidad
infantil duplica la tabla nacional de defunciones de menores
de un año. Entre 2000 y 2004 disminuyó la tasa
de mortalidad infantil, al pasar de 41,3 por mil nacidos vivos
en 2000 a 29,7 por 1.000 nacidos vivos en 2004. Sin embargo,
las cifras de mortalidad infantil siguen siendo uno de los principales
problemas que evidencian las dificultades para la prestación
de servicios de salud en esa región. |
