Colombia inicia 2026 con un sistema de salud bajo presión. Los indicadores con los que cerró 2025 configuran un punto de partida exigente para el nuevo año y anticipan un escenario complejo en materia de acceso, oportunidad y protección financiera. Así lo advierte el Boletín de acceso y oportunidad n.° 6 de Así Vamos en Salud, publicado el 11 de diciembre de 2025, que analizó el desempeño del sistema a partir de información oficial sobre aseguramiento, prestación de servicios, capacidad hospitalaria y gasto de bolsillo.

El documento se enmarca en los objetivos de calidad en salud y vincula el acceso efectivo con principios de equidad y justicia social, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para el centro de pensamiento, aunque millones de personas dependen diariamente del sistema para resolver necesidades urgentes, el acceso efectivo y la oportunidad en la atención continúan deteriorándose. De este modo, los resultados no solo describen el cierre de 2025, sino que delinean los desafíos estructurales con los que el sistema arranca 2026.

El boletín advierte, además, que estos indicadores deben interpretarse considerando limitaciones metodológicas. En particular, señala que la fuente primaria de información sobre atenciones —el cubo de RIPS del SISPRO— presenta un rezago de entre seis y nueve meses en la consolidación de los datos, lo que impide el análisis en tiempo real y obliga a realizar seguimientos anuales o con cortes específicos.

Afiliación: un punto de partida con señales de retroceso

El inicio de 2026 encuentra al sistema con una afiliación aún elevada, pero en descenso. Tras alcanzar una cobertura del 99,6 % en 2022, la afiliación promedio se ubicó en el 98,6 % en 2025, una tendencia que no logra estabilizarse.

Así Vamos en Salud subraya que la afiliación sigue siendo el principal punto de entrada al sistema y un pilar para la equidad. En este contexto, advierte que “su retroceso afecta la equidad del sistema”. El boletín también llama la atención sobre la disminución progresiva del régimen contributivo, asociada a la reducción del empleo formal y el crecimiento del régimen subsidiado, una dinámica que plantea retos de sostenibilidad financiera y operativa con los que el sistema inicia 2026.

Más atenciones, sin una mejora proporcional en la experiencia del usuario

El sistema comienza 2026 con una demanda de servicios significativamente mayor que hace una década. Desde 2015, cerca de 10 millones más de personas han sido atendidas en consulta externa; las atenciones por urgencias crecieron un 63 % y las hospitalizaciones, un 126 %.

El boletín explica que el seguimiento al volumen de atenciones permite dimensionar la carga real del sistema e identificar barreras de acceso. Sin embargo, el incremento sostenido de los servicios no se ha traducido en una mejora equivalente en la experiencia del usuario. Persisten fallas en la oportunidad, la continuidad y la capacidad resolutiva, que se reflejan en mayores inconformidades y en una presión creciente sobre prestadores y aseguradores.

Este diagnóstico coincide con los hallazgos del Informe Audiencia Defensorial de Salud 2025, que advierte un “agravamiento estructural del derecho a la salud en el país”, evidenciado en barreras para acceder a medicamentos y garantizar la continuidad de tratamientos esenciales, con impactos más severos en zonas rurales, comunidades étnicas y territorios con baja conectividad.

Quejas y tutelas: el telón de fondo con el que arranca 2026

Uno de los indicadores más preocupantes con los que inicia este año es el volumen de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS). Entre junio y agosto de 2025, estas aumentaron un 36,4 %, una variación que llevaría a cerrar el año con más de dos millones de quejas, el nivel más alto registrado en el sistema.

El boletín recuerda que las PQRS son un mecanismo formal de participación ciudadana y control social, regulado por la Ley 1755 de 2015. En el sector salud, su crecimiento sostenido evidencia fallas persistentes en las instancias institucionales previas de resolución y una creciente dificultad del sistema para responder oportunamente a las necesidades de los usuarios.

El análisis identifica picos críticos en las EPS intervenidas. Para Así Vamos en Salud, estas cifras confirman que “las fallas administrativas siguen trasladando a los usuarios la carga de exigir sus derechos”, una dinámica que se ha normalizado y que marca el inicio de 2026 con altos niveles de conflictividad entre ciudadanos e instituciones.

En la misma línea, la Procuraduría General de la Nación advirtió que la persistencia de barreras administrativas y operativas está afectando de manera directa el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y llamó al Estado y a los actores del sistema a adoptar medidas urgentes para garantizar continuidad, oportunidad y calidad en la atención, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad.

La Defensoría del Pueblo refuerza este diagnóstico: entre enero y agosto de 2025 recibió 18.451 tutelas en salud, de las cuales el 24 % correspondió a la no entrega de medicamentos, confirmando que el acceso farmacéutico se ha consolidado como uno de los principales detonantes de la judicialización del sistema. Esta situación se inscribe en una tendencia ya evidenciada en 2024, año en el que se registraron más de 265.000 tutelas relacionadas con el derecho a la salud a nivel nacional, lo que demuestra que este mecanismo se ha convertido en una vía estructural de acceso para miles de personas que, pese a estar afiliadas, no encuentran una respuesta oportuna por parte del sistema.

Asimismo, en pronunciamientos públicos durante 2025, la Procuraduría alertó sobre el impacto del desabastecimiento y de las demoras en la entrega de medicamentos en la continuidad de tratamientos, e instó a las autoridades sanitarias y a las EPS a adoptar planes de contingencia para evitar interrupciones que pongan en riesgo la vida y la integridad de los pacientes.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) advirtió que estas barreras han tenido consecuencias fatales. De acuerdo con la organización, al cierre de 2025 se registraban al menos 2.436 muertes asociadas a dificultades de acceso a la atención, una cifra que, según aclara la federación, se construye a partir de reportes de pacientes, familias y organizaciones médicas, y refleja fallas sistémicas más que patologías específicas.

Diego Fernando Gil Cardozo, director ejecutivo de Fecoer, señaló a finales de 2025 en un medio nacional que el país arrastra déficits acumulados desde hace varios años, hoy evidentes en mayores dificultades para acceder a medicamentos, tecnologías y servicios indispensables, especialmente para personas con enfermedades huérfanas, condiciones crónicas complejas y pacientes de alto costo.

Capacidad instalada: brechas territoriales con las que comienza el año

El nuevo año también inicia con retrocesos en servicios esenciales. El sistema perdió 97 camas de trabajo de parto, parto y recuperación, y continúa la reducción de unidades de cuidado intensivo neonatal.

El boletín alerta sobre la ausencia total de camas de UCI neonatal en departamentos como Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, una situación que profundiza las desigualdades territoriales y limita el acceso oportuno para mujeres gestantes y recién nacidos en regiones apartadas, justo en un contexto de alta demanda y restricciones operativas.

Gasto de bolsillo: mayor presión sobre los hogares

El arranque de 2026 está marcado, además, por un deterioro en la protección financiera. El gasto de bolsillo en salud pasó del 15,8 % en 2019 al 17,2 % en 2024, acercándose al umbral del 20 % definido por la Organización Mundial de la Salud como límite para evitar empobrecimiento asociado a la enfermedad.

La Defensoría del Pueblo advierte que esta presión se traduce en decisiones difíciles para los hogares: “El 61 % de los usuarios afirmó que debe comprar los medicamentos por su cuenta”, una carga que afecta principalmente a familias rurales, personas con enfermedades crónicas y poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Un inicio de año que exige decisiones

El Boletín n.° 6 de Así Vamos en Salud concluye que los indicadores de acceso y oportunidad requieren lecturas diferenciadas por territorio. El descenso de la afiliación contributiva, el aumento simultáneo de atenciones, PQRS y tutelas, la concentración de la capacidad instalada y el deterioro del gasto de bolsillo configuran un escenario complejo con el que comienza 2026.

Más que un balance del pasado inmediato, estos indicadores plantean un marco de decisiones urgentes para el año que inicia. Para el centro de pensamiento —y en concordancia con los llamados de la Procuraduría y la Defensoría—, la sostenibilidad del sistema no puede evaluarse únicamente desde la estabilidad financiera. También deberá medirse por su capacidad de garantizar el acceso efectivo, reducir la judicialización y proteger a los usuarios frente a los riesgos económicos asociados a la enfermedad. De las decisiones que se tomen en este arranque de 2026 dependerá si el sistema logra contener estas alertas o si, por el contrario, se profundizan las brechas que hoy afectan a millones de personas.