Violencia infantil: desafío para una atención integral

Por: Sara Torres Hincapié

elpulso@sanvicentefundacion.com

Cuando una niña o un niño llega a un hospital en Colombia como víctimas de violencia, la atención médica es solo una parte del reto que tienen las autoridades frente a estos casos. La tarea más importante, y quizás la más difícil, es la activación de las rutas de protección, la atención psicológica y la coordinación eficaz con otras instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las EPS, las comisarías de familia y el sistema educativo.

La violencia infantil puede adoptar diversas formas, y cada una afecta el desarrollo físico, emocional, psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. Estos son los tipos de violencia infantil, según organismos como la OMS, Unicef y el ICBF: violencia física, violencia sexual, violencia psicológica o emocional, negligencia u omisión de cuidados, violencia institucional, violencia en línea o ciberacoso y violencia entre pares o bullying.

En el año 2024, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó más de 43.000 casos de violencia contra menores; entre ellos, se registraron 375 homicidios y 11.871 exámenes médico-legales por presunto abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la tardanza institucional agrava la vulneración de los derechos fundamentales de quienes enfrentan esta problemática social.

Este es el caso de muchas personas en el país, quienes, para obtener solución a los casos de violencia o abuso infantil, deben esperar el tiempo institucional. “Yo sabía que no iba a tener respuesta por parte del jardín ni de ninguna entidad, y dije: si mi chiquita no es la única, por eso creé un grupo de WhatsApp con los papás que tenía, envié dos textos y un audio de lo sucedido. Justo ahí otras mamás se enteran del abuso a sus hijos”, manifiesta Marlly Espinel en el pódcast Más allá del silencio, madre de una menor de edad víctima de presunto abuso sexual por parte del docente Freddy Castellanos, del Hogar Infantil Canadá, ubicado en la localidad de San Cristóbal Sur, al sur de Bogotá. Ella acudió de inmediato a las autoridades, pero encontró lentitud en el esclarecimiento del caso y por eso decidió actuar por sus propios medios.

En otras ocasiones, sucede que los familiares de las víctimas no realizan la denuncia a tiempo, lo que impide el desarrollo adecuado del caso y, por ende, una solución legal justa. María Fernanda Paredes, defensora de familia del ICBF en Cundinamarca, señala: “Recibimos los reportes, pero a veces ya ha pasado demasiado tiempo desde la agresión. Si el caso no llega con evidencia clara o si no hay red de apoyo familiar, se complica todo. No damos abasto”.

Asimismo, las comisarías de familia —encargadas de imponer medidas de protección inmediatas— son otro eslabón crítico. También cuentan con un alto número de casos, pero enfrentan las mismas dificultades administrativas. En algunas regiones del país, operan con apenas un comisario, sin psicólogos ni trabajadores sociales.

Según la Defensoría del Pueblo, el 62 % de los municipios colombianos no cuenta con comisarías con capacidad plena. Diana Roa, vocera de la entidad, denuncia: “Las rutas intersectoriales están desarticuladas. Cada entidad hace lo que puede, pero no hay un sistema que obligue a coordinar, ni una base de datos unificada que permita hacer seguimiento”.

La salud mental, una deuda del Estado

Las consecuencias psicológicas de la violencia en la infancia son profundas y duraderas. Sin embargo, acceder a salud mental infantil en Colombia es un desafío impresionante.

Laura González, psicóloga y consultora de Save the Children Colombia —organización sin ánimo de lucro que trabaja por el desarrollo y la protección integral de la niñez— lo resume así: “Tenemos un sistema enfocado en lo curativo, no en lo preventivo. La salud mental infantil no es una prioridad. No hay suficientes especialistas, y los tiempos de espera para una consulta en EPS pueden ser de meses”.

Entre estos retos también está el de garantizar a las zonas rurales la atención necesaria en cualquier caso de violencia infantil. En departamentos como Putumayo, Guainía y Vichada no hay psiquiatras infantiles, y muchos municipios no cuentan con psicólogos vinculados al sistema público de salud.

No obstante, la Corte Constitucional solicitó a las EPS participar de manera activa y eficiente en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, trabajando de forma articulada con instituciones educativas para acompañar a estudiantes víctimas de acoso y violencia física o psicológica.

Un sistema desconectado con posibles soluciones

Uno de los mayores inconvenientes es la desarticulación institucional. No existe un sistema digital unificado que permita saber si una niña, niño o adolescente ya fue atendido por salud, si el ICBF abrió un proceso, o si la comisaría impuso medidas cautelares.

Asimismo, la falta de capacitación en las instituciones educativas sobre cómo actuar frente a señales de maltrato infantil también retrasa la intervención. Organizaciones como Red PaPaz han liderado campañas para orientar a docentes y cuidadores, pero aún no existe una política nacional fuerte de prevención desde el ámbito escolar.

El protocolo indica que cualquier profesional de la salud que atienda a un menor con sospecha de agresión debe reportar el caso al ICBF y a la comisaría de familia. Pero en la práctica, esto rara vez ocurre a tiempo.

Desde el Ministerio de Salud, María Paula Restrepo, asesora de la Dirección de Promoción y Prevención, reconoce la brecha: “Hay una falta de capacitación en muchos niveles de atención primaria. No solo es detectar, sino saber a quién notificar, cómo llenar los formatos, cómo proteger la evidencia. En eso estamos fallando”.

Distintas entidades coinciden en que la solución no es solo técnica, sino también política y presupuestal. Debe haber una formación obligatoria que permita a todos los actores del sistema de salud en Colombia la detección y el reporte de violencia infantil. También se requiere el fortalecimiento de la salud mental infantil con psicólogos y psiquiatras. Otras medidas urgentes incluyen un presupuesto estable para las entidades, el seguimiento interinstitucional de los casos y la participación efectiva de padres, amigos e instituciones educativas.

De esta manera, en Colombia un menor de edad víctima de algún tipo de violencia enfrenta no solo el daño de su victimario, sino también el abandono de un sistema que no lo protege con prontitud ni le brinda los cuidados necesarios. Mientras las entidades involucradas no se articulen con fuerza, la violencia infantil seguirá siendo una emergencia en el país.