Las patologías mentales se han transformado en uno de los retos más significativos para la salud pública a escala mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que, además del incremento constante de casos, estos trastornos generan una considerable presión sobre los sistemas sanitarios y otros sectores sociales.

En América Latina, la preocupación creció desde la pandemia de COVID-19, la cual dejó al descubierto múltiples formas de malestar psicológico en todas las edades. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la depresión y la ansiedad se dispararon tras la emergencia sanitaria. Colombia no ha sido la excepción. Entre 2015 y 2020 se registraron 5.373.027 casos de trastorno de ansiedad, 806.384 de trastorno afectivo bipolar y 579.175 de esquizofrenia, de acuerdo con el informe “Trastornos mentales y suicidio en Colombia” del Instituto Nacional de Salud. Para Lina María González Ballesteros, psiquiatra y líder de Salud y Bienestar en la Fundación Saldarriaga Concha, “la pandemia nos permitió reconocer más abiertamente estos problemas de salud y puso nuevamente en evidencia la dificultad de acceso a los servicios de salud mental”.

Ante este panorama, un proyecto esencial para la salud mental de la infancia se desarrolla en el Congreso de la República. En su tercer debate, la Comisión Sexta del Senado ratificó el Proyecto de Ley 203 de 2023, que establece la Ruta Integral de Prevención y Atención para la Salud Mental de Niños, Niñas y Adolescentes (RISMNA), fundamentándose en las instituciones de educación primaria y secundaria del país. La iniciativa, que está a un paso de convertirse en Ley de la República, fue liderada por el senador Roberth Daza Guevara, del Pacto Histórico, quien advirtió que los menores de edad enfrentan presiones crecientes como el acoso escolar, el estrés académico, la desestructuración familiar, las exigencias sociales y la sobreexposición a las nuevas tecnologías.

“Luego de la pandemia del COVID-19, se dispararon los casos de intentos de suicidio y los cuadros de depresión en niños y adolescentes. Es urgente actualizar la Ley 1616 de 2013 para responder a estas realidades con mecanismos de atención que lleguen a tiempo a los entornos escolares”, afirmó el senador.

La estrategia RISMNA sugiere que los centros educativos se transformen en áreas de protección, con profesores y personal formado para detectar precozmente señales de alerta y factores de riesgo. Adicionalmente, la legislación establece la formación de Consultorios Psicológicos Comunitarios en las escuelas de psicología del país. Estos no solo permitirían brindar atención integral a niños y adolescentes diagnosticados, sino también fortalecer la formación práctica de los estudiantes universitarios y, de paso, aliviar la escasez de profesionales especializados en salud mental que enfrenta el país.

“El Estado debe asumir un papel activo en la implementación de esta ruta. Eso implica asignar los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para establecer programas de promoción, detección, intervención y seguimiento en las instituciones educativas y en el sistema de salud”, concluyó Daza Guevara. En 2024, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dio a conocer que, en Colombia, cerca del 44,7 % de la población infantil y adolescente del país sufre de alguna afectación de salud mental, mientras que, en el mundo, son cerca de 168 millones.

Un estudio realizado por la organización KidsRights, grupo defensor de los derechos de los niños y que está ubicado en Ámsterdam, capital de Países Bajos, dio a conocer que los picos de afectación en menores de edad son preocupantes y que hay un factor que los detona.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de suicidio en el mundo para jóvenes entre los 15 y los 19 años es de seis de cada 100.000, por lo que KidsRights hace un llamado a los gobiernos del mundo para buscar soluciones prontas y crear programas que permitan que se desciendan los casos de afectaciones de salud mental.

Otros factores de riesgo

Más recientemente, entre enero y mayo de 2023, 1.517.933 colombianos fueron diagnosticados con alguna enfermedad mental, según el Ministerio de Salud. Para la doctora González, “el aumento en la prevalencia de problemas y enfermedades mentales es multicausal y no podríamos asumir que haya un único desencadenante”. Entre los factores que menciona están “el cambio climático, la inteligencia artificial, las redes sociales, los retos políticos, la soledad” y el envejecimiento poblacional, sumado a “la vergüenza de lo mental y las limitaciones para acceder a los servicios”

Suicidio: síntoma de una crisis profunda

Para la OMS, “la conducta suicida se considera un síntoma de un malestar o trastorno emocional o mental y no representa un diagnóstico en sí mismo”. Aun así, sus cifras son alarmantes: entre enero y julio de 2023 se registraron 1.810 suicidios en Colombia, un aumento del 15,73 % frente al mismo periodo de 2022. Los intentos de suicidio reportados fueron 30.021, según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública.

Los adolescentes, jóvenes y habitantes de zonas afectadas por el conflicto armado son los grupos más vulnerables. Así lo confirma Así Vamos en Salud: “En 2019 el suicidio fue la tercera causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años. Por otro lado, el 58 % de casos de suicidios ocurren antes de los 50 años y las tasas se duplican en las personas mayores de 70 años”.

La OPS también advierte que, mientras en otras regiones del mundo las tasas de suicidio han disminuido, en las Américas siguen aumentando, lo que exige estrategias más eficaces de prevención.

En Colombia, las cifras del DANE evidencian una tendencia ascendente en la última década. Entre 2020 y 2022 hubo 368 fallecidos más por suicidio, lo que representa una variación del 13,39 %. En 2023, Vaupés fue el departamento con mayor tasa de suicidios (32,07 por cada 100.000 habitantes), seguido de Caldas (6,44) y Guaviare (6,15). Las tasas más bajas se registraron en San Andrés y Providencia, Arauca, Vichada, Magdalena y La Guajira.

Más allá de la salud: una tarea intersectorial

Según el artículo 166 de la Ley 2294 del año 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó la versión renovada de la Política Nacional de Salud Mental (PNSM), en concordancia con el Plan Decenal de Salud Pública 2022– 2031. Esta estrategia tiene como objetivo asegurar la salud mental individual y comunitaria a través de un cuidado integral, constante e inclusivo a lo largo de la vida, fundamentado en la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) y en la identificación de los factores sociales.

En Colombia, el derecho a la salud mental se sustenta en la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), la cual determina la responsabilidad del Estado de asegurar este derecho a través de medidas de fomento, prevención, atención y rehabilitación, y en la Ley 1616 de 2013, que define específicamente el derecho a la salud mental. Aunque la Política Nacional de Salud Mental fue adoptada por la Resolución 4886 de 2018 con un enfoque en salud mental positiva, y reforzada por la Estrategia de Promoción de la Salud Mental del Conpes 3992 de 2020, evaluada en 2023, persisten retos importantes. Factores como la pobreza, la violencia y el conflicto armado siguen impactando profundamente el bienestar emocional de la población, lo que hace urgente consolidar una respuesta intersectorial efectiva y centrada en los contextos sociales, familiares y comunitarios de desarrollo.

La prevención del suicidio y la promoción de la salud mental requieren intervenciones integrales que trasciendan el ámbito médico. Así lo plantea Así Vamos en Salud, que propone acciones como:

• Promoción de estilos de vida saludables desde la infancia.
• Atención temprana de desajustes emocionales con personal capacitado.
• Formación de trabajadores de salud primaria en detección y manejo.
• Implementación de programas psicopedagógicos en colegios.
• Enfoques terapéuticos con participación de las familias.

Política Nacional: avances y desafíos

Colombia cuenta desde 2018 con una Política Nacional de Salud Mental que reconoce esta dimensión como parte integral del derecho a la salud. Para la doctora González, esta política “fue y es una gran apuesta que tiene el país, basada en la mejor evidencia disponible y producto de un ejercicio riguroso y consensuado con todos los actores”.

Sin embargo, su implementación ha sido desigual. “Boyacá es uno de los departamentos que, desde que se promulgó la ley, ha generado acciones afirmativas en su aplicación y medición, siendo un buen ejemplo de su desarrollo. El reto es apropiarla y asegurar su implementación y seguimiento desde la intersectorialidad”, concluye.