Los trastornos de salud mental no solo aumentan el riesgo de otras enfermedades, sino que también contribuyen a lesiones tanto intencionales como no intencionales. La depresión es el trastorno mental más prevalente, siendo dos veces más común en mujeres que en hombres. Entre el 10 y el 15 % de las mujeres en países industrializados y entre el 20 y el 40 % en países en desarrollo padecen depresión durante el embarazo o el puerperio. Además, los trastornos mentales y neurológicos en los adultos mayores, como la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como la depresión, representan una carga significativa en la región de las Américas, con una prevalencia de demencia que oscila entre el 6,46 % y el 8,48 % en mayores de 60 años.

Se estima que el número de personas con demencia se duplicará cada 20 años. En cuanto a la brecha de tratamiento, los trastornos afectivos, de ansiedad y por consumo de sustancias en adultos presentan medianas alarmantes: 73,5 % en la región de las Américas, 47,2 % en América del Norte y 77,9 % en América Latina y el Caribe. Para la esquizofrenia en América Latina y el Caribe, la brecha es del 56,9 %; para la depresión, del 73,9 %; y para el alcohol, del 85,1 %. A pesar de la magnitud del problema, el gasto público mediano en salud mental en la región es apenas del 2 % del presupuesto de salud, con más del 60 % de estos fondos destinados a hospitales psiquiátricos. La OMS recomienda que la asignación del gasto en salud refleje la carga de enfermedad, promoviendo la paridad entre la atención de la salud física y mental. A nivel global, la mediana del gasto en servicios de salud mental es del 2,8 % del gasto total en salud, y en la región de las Américas, el gasto varía significativamente, desde el 0,2 % en Bolivia hasta el 8,6 % en Surinam.

Panorama en Colombia

Los datos del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) son alarmantes: en la última década, los trastornos mentales y las lesiones autoinfligidas han causado pérdidas que superan los 56 000 millones de dólares. Solo en 2022, esta cifra alcanzó los 16 800 millones de dólares, lo que representa el 4,4 % del PIB de ese año. Estas cifras no solo reflejan una crisis económica, sino también un problema de salud pública que afecta a toda la sociedad.

En 2022, cerca de 147 000 personas recibieron atención por episodios depresivos, un 38,7 % más que en 2021 y casi cinco veces más que en 2013. Los intentos de suicidio también han aumentado drásticamente, con más de 16 000 reportados en la última década entre personas de 15 a 64 años, pasando de 1 337 casos en 2013 a 29 410 en 2022.

El incremento de los casos de suicidio entre niñas, niños y adolescentes en Colombia ha encendido las alarmas en la Defensoría del Pueblo. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), entre 2019 y 2023 se registraron 51 373 intentos de suicidio en personas de entre cinco y 17 años. En el mismo periodo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó 1 601 suicidios en este grupo de edad.

Ante estas cifras, la Defensoría del Pueblo ha exigido una respuesta urgente y coordinada tanto de la sociedad como del Estado para enfrentar esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos, considerando que los factores que influyen en los intentos de suicidio o suicidios consumados incluyen aspectos familiares, individuales, comunitarios e institucionales, además de diversas formas de violencia.

Durante una audiencia con autoridades nacionales y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y adolescencia, la Defensoría presentó el informe titulado Suicidios de niñas, niños y adolescentes en Colombia: un acercamiento a una problemática invisible. En este documento, se hicieron varias recomendaciones para abordar adecuadamente el suicidio en jóvenes, entre ellas la necesidad de que el Ministerio de Salud establezca protocolos claros y mecanismos de coordinación efectivos para asegurar una respuesta integral y oportuna que atienda las necesidades de salud mental de los menores en Colombia.

El informe también reveló una preocupante carencia de psiquiatras especializados en pediatría, lo cual afecta la atención adecuada en salud mental infantil. En 2022, solo había 96 especialistas en todo el país, y ninguno de ellos estaba presente en departamentos con altas tasas de suicidio como Putumayo, Guainía, Guaviare y Vaupés. Las tasas de mortalidad por suicidio en menores de edad reflejan disparidades alarmantes, con una tasa nacional de dos por cada 100 000 niños, niñas y adolescentes, mientras que en los departamentos mencionados, las tasas son considerablemente más altas: Putumayo tiene una tasa de 8,3; Guainía, de 8; Guaviare, de 5,8; y Vaupés, de 4,3.

Frente a esta situación, la Defensoría recomendó implementar medidas para fomentar el estudio de la psiquiatría pediátrica con el fin de aumentar el número de especialistas en el país, poniendo especial énfasis en las regiones de difícil acceso.

La problemática también afecta a las comunidades indígenas, donde se ha registrado un alarmante incremento en los intentos de suicidio entre niñas, niños y adolescentes. Según la Defensoría, los casos aumentaron un 30 % en un año, pasando de 237 intentos en 2022 a 308 en 2023. La Defensoría enfatiza que esta situación debe abordarse de manera integral y sin discriminación, asegurando una atención que contemple la edad, etnia o grupo socioeconómico, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño.

Política de salud mental ante emergencia regional

El Ministerio de Salud y Protección Social señaló que busca mejorar el tratamiento que reciben los ciudadanos después de la etapa del diagnóstico. Según el viceministro de Salud, Jaime Urrego, se presentará un decreto con el objetivo de actualizar la política pública de salud mental en el país. La propuesta responde a lo que ha sido calificado como una “emergencia” en diversos países de la región en relación con la salud mental. Urrego destacó que “la salud mental da cuenta de la capacidad que tienen los seres humanos de vivir con armonía y equilibrio todas las situaciones, dificultades y las cosas buenas de la vida. Cuando se afecta esta capacidad de adaptarse y que llamamos resiliencia, viene el sufrimiento que debilita y produce una cantidad de problemas y síntomas que pueden terminar en una enfermedad mental”. Además, explicó que el decreto busca que el sistema de salud, en colaboración con otros ministerios y actores del sector, trabaje para que el tratamiento no se limite solo al diagnóstico.

El senador Carlos Julio González (Cambio Radical) también subrayó la gravedad de los problemas de salud mental en Colombia, afirmando que “hay otra pandemia que es la de la salud mental. Después del COVID-19, sin duda alguna se ha despertado una sensibilidad y se han visibilizado los problemas; por ejemplo, de cada 10 niños, 4,4 están presentando algún síntoma relacionado con el deterioro de su salud mental”.