La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Carlos Hernán Rodríguez, presentó un informe detallado sobre los hallazgos fiscales en 24 Entidades Promotoras de Salud (EPS) relacionados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2020. En total, se identificaron irregularidades por $6 billones.

El primer hallazgo fiscal está relacionado con el uso indebido de $5.4 billones destinados a pagar servicios de salud de años anteriores con recursos de la UPC de 2020. El segundo hallazgo revela un excedente de $643 000 millones por concepto de Presupuestos Máximos cuyo uso no está documentado. Según la Contraloría, se desconoce cómo las EPS emplearon esos fondos.

El tercer hallazgo involucra pagos sin relación directa con servicios de salud. “La Nueva EPS destinó $40 000 millones de pesos de créditos bancarios para honorarios de miembros de la Junta Directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina, planes complementarios de salud, entre otros, y sus intereses fueron pagados con recursos de la UPC”, explicó Rodríguez.

El contralor subrayó que “las deudas de las EPS con las IPS no pertenecen ni al Estado ni al sistema, por lo que no debe sufragarse con recursos públicos de la salud”. Además, denunció que la Nueva EPS pagó $62 000 millones en deudas de 2008 a 2015 con recursos de la UPC de 2020, y SOS EPS destinó $86 000 millones de la UPC de 2020 para saldar obligaciones de 2003 a 2015, a pesar de que muchas de estas ya estaban prescritas.

Julián Niño Carrillo, contralor delegado para el sector salud, aclaró que “en 2020 las EPS podían usar las reservas técnicas para asumir los compromisos de vigencias anteriores, con un decreto de esa época para garantizar las demandas judiciales”.

Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, el gremio que representa a las EPS del régimen contributivo, anunció que solicitarán una reunión con la Contraloría General de la República para discutir las cifras presentadas esta semana sobre el presunto manejo irregular de fondos de salud por parte de 24 EPS.

Vesga confirmó que este encuentro se centrará en sus observaciones e inquietudes, especialmente en lo relacionado con el “principio de anualidad, que rige para los presupuestos públicos y que, en este caso, en particular, es uno de los temas que ha advertido la Contraloría por el uso de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) de un año para cubrir obligaciones de años anteriores”.

Además, señaló que se pondrá a consideración “el uso de los recursos del gasto administrativo y otro con la prescripción de las cuentas de la salud”.

La presidenta de Acemi subrayó la importancia de mantener esta discusión en espacios técnicos, afirmando que es “esencial la claridad para todos los agentes alrededor de esta revelación que ha hecho la Contraloría”.

Finalmente, Vesga expresó su confianza en que las EPS podrán aclarar muchos de los hallazgos y alertas planteados por la Contraloría. Según el ente de control fiscal, se identificaron hallazgos fiscales por $6 billones en 24 EPS debido a la indebida destinación de los recursos de la UPC durante el año 2020.

Con relación a lo anterior, Transparencia por Colombia afirmó: “Los recientes anuncios de la Contraloría y la Fiscalía, sobre el inicio de investigaciones relacionadas con el uso de recursos públicos por algunas EPS, subrayan la necesidad de una acción rápida y efectiva. Estas investigaciones deben alinearse con el debido proceso, pero basarse en información clara y bien fundamentada que satisfaga las necesidades de todas las partes involucradas”.

Es esencial que las investigaciones no solo busquen sancionar las irregularidades confirmadas, sino también implementar los correctivos necesarios para abordar la crisis en el sistema de salud. En este contexto, Transparencia por Colombia hace un llamado a:

1. Priorizar a los usuarios y pacientes: las medidas adoptadas frente a la crisis del sistema de salud deben centrarse en ellos. Es crucial que estas medidas se basen en información clara, objetiva y oportuna, asegurando un abordaje transparente, ágil y responsable, como han solicitado asociaciones de médicos y pacientes.

2. Uso responsable de las referencias a corrupción: dichos actos deben estar respaldados por evidencias y no estar influenciados por sesgos ideológicos o intereses particulares. La transparencia y claridad en las cifras que respaldan las decisiones son fundamentales, especialmente para aquellas lideradas por el gobierno para enfrentar la crisis.

- Implementar una estrategia de transparencia presupuestaria: debe cubrir todas las fuentes de financiación del sistema de salud y permitir la trazabilidad en tiempo real del uso de los recursos públicos por parte de todos los actores involucrados.

- Fortalecer los procesos de auditoría: es fundamental mejorar los procesos de auditoría de los pagos dentro del sistema, especialmente bajo un modelo de giro directo, para asegurar que no haya sobrecostos y que los servicios se presten de acuerdo con lo establecido.

El Ministerio de Salud respalda la recuperación de recursos en medio de controversia

El Ministerio de Salud y Protección Social expresó su apoyo a las acciones encaminadas a salvaguardar y recuperar los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en línea con los recientes hallazgos de la Contraloría General de la República. El Ministerio subraya la importancia de que las EPS cumplan con su deber de constituir las reservas técnicas necesarias, las cuales son fundamentales para proteger el derecho a la salud de los afiliados.

El Ministerio coincidió con la Contraloría al señalar que, si una EPS utiliza los recursos de una vigencia para cubrir obligaciones de años anteriores, se evidencia que “no se constituyeron las reservas técnicas necesarias”, lo cual representa un incumplimiento grave de sus responsabilidades legales.

La adecuada gestión de las reservas técnicas es esencial para evitar que los recursos públicos con destinación específica se desvíen a pagar obligaciones de vigencias pasadas. Según el artículo 8 del Decreto 2702 de 2014 y el Decreto 995 de 2022, ambos compilados en el Decreto 780 de 2016, estos pagos deberían realizarse con las reservas que debieron ser constituidas en el momento en que se generaron los costos.

El 21 de diciembre de 2023, la Contraloría publicó un informe técnico que reveló que de las quince EPS revisadas, que debían tener un promedio de 15.58 billones de pesos en reservas técnicas, solo contaban con 4.9 billones. Estos datos fueron corroborados por la Superintendencia Nacional de Salud, que informó que, a marzo de 2024, solo ocho de las veinticuatro EPS cumplían con el respaldo adecuado de reservas técnicas.

En respuesta a estos hallazgos, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, interpuso una acción popular contra las EPS que incumplen con el deber legal de constituir reservas técnicas. Esta acción fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante Auto del 23 de abril de 2024, confirmado el 20 de agosto de 2024, dentro del proceso con radicado 25000234100020240030200.

La acción popular se fundamenta en los hallazgos de la Contraloría y la Superintendencia, y se sustenta en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 780 de 2016, que regulan la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta UPC es el valor asignado por cada afiliado al sistema para cubrir los servicios del Plan de Beneficios en Salud, los cuales deben ser administrados por las EPS en virtud de su rol en el aseguramiento en salud.

Por otro lado, en un oficio dirigido al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, fechado el 27 de agosto, la procuradora delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, Diana Margarita Ojeda, criticó fuertemente el informe presentado por la Contraloría.

Ojeda cuestionó la validez de las conclusiones de la Contraloría, señalando que el informe carece de “sustento legal alguno” al afirmar que, durante la vigencia de 2020, las EPS utilizaron recursos de la UPC para pagar deudas de vigencias anteriores.

La procuradora Diana Margarita Ojeda criticó la interpretación de la Contraloría sobre la aplicación del principio de anualidad en el manejo de los recursos de la UPC por parte de las EPS, señalando que contradice la forma en que la Superintendencia Nacional de Salud ha manejado situaciones similares durante más de 15 años.

Además, mencionó que esta interpretación no es compatible con el acuerdo de Punto Final, que busca resolver deudas históricas en el sistema de salud. Aunque Ojeda reconoció que los recursos de la salud son públicos y con destinación específica, no encontró una conexión clara entre esa norma y los hallazgos de la Contraloría sobre el uso indebido de fondos.

Frente a dichas declaraciones, queda el siguiente interrogante: ¿es posible que, si las deudas no se pagan, la aplicación del principio de anualidad impida el uso de recursos actuales para saldar obligaciones de años anteriores? ¿Qué consecuencias tendría esto para la situación financiera de las EPS y la resolución de deudas históricas? Según el análisis de economistas de El Pulso, el principio de anualidad, conforme al Decreto 111 de 1996, que regula el estatuto orgánico del presupuesto, y al Decreto 115 de 1996, aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, no se aplica de la misma manera a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). Este principio está diseñado para garantizar que los recursos sean utilizados dentro del mismo ejercicio fiscal en que se asignan. En consecuencia, al no tener un presupuesto público significativo, las EPS no están sujetas a las mismas regulaciones en cuanto a la aplicación del principio de anualidad.

En este contexto, si las EPS no tienen reservas adecuadas y deben usar los recursos actuales para saldar pasivos históricos, se enfrentan a varios problemas. Primero, esto puede conducir a una acumulación de pasivos y deteriorar aún más su situación financiera. Segundo, se evidenciará un deterioro financiero, lo que representa una provisión que reduce la utilidad de las instituciones, ya que se trata de una pérdida contabilizada. Por ejemplo, si una EPS X debe 30 mil millones de pesos a un hospital por deudas anteriores a 2023 y no paga esta cantidad, será necesario calcular y registrar el deterioro de estas cuentas, afectando negativamente los estados financieros. La situación es especialmente grave en regiones como Antioquia, donde más de la mitad de los hospitales enfrentan altos riesgos fiscales y financieros. Algunos ya cuentan con planes de saneamiento aprobados, pero el impacto de estas deudas no pagadas agrava aún más la situación, creando un panorama complicado para la estabilidad financiera de los hospitales.