La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) ha enviado una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que expresan su profunda preocupación por la situación financiera crítica que enfrenta el sector de la salud en el país. En esta misiva, la ACHC destaca la necesidad de tomar medidas urgentes para abordar los problemas que enfrentan los hospitales y clínicas en Colombia.

Uno de los principales puntos de preocupación de la ACHC es el impacto negativo causado por los procesos de liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). La asociación sostiene que estas liquidaciones, tanto las actuales como las futuras, deben ir acompañadas de medidas que protejan a la red hospitalaria. En este sentido, han solicitado la creación de un “Fondo de Garantías” que pueda ayudar a estabilizar la situación.

La deuda acumulada por las EPS se ha incrementado significativamente en un 14 % entre diciembre de 2022 y junio de 2023, pasando de 14 a 16 billones de pesos. Esta situación ha afectado gravemente el flujo de recursos hacia los hospitales y clínicas, que se ven obligados a continuar brindando servicios a los usuarios, independientemente de si se han recibido los pagos correspondientes o no, debido a mandatos constitucionales y de Ley Estatutaria.

La morosidad también ha alcanzado niveles alarmantes, con un promedio del 52,3 % en las IPS, lo que está teniendo un impacto directo en la capacidad de estas instituciones para brindar atención médica de calidad y en tiempo. Además, se han mencionado problemas adicionales, como demoras en las autorizaciones por parte de las EPS, reducción en los pagos acordados y obstáculos administrativos que dificultan el procesamiento de las facturas.

Esta no es la primera vez que la ACHC advierte sobre esta problemática al Ministerio de Salud. En julio pasado, ya habían planteado la necesidad de establecer un fondo de garantías como medida para asegurar el flujo de recursos hacia la red hospitalaria en medio de los procesos de liquidación de las EPS.

Además del fondo de garantías, la ACHC ha propuesto la implementación de un sistema de “giro directo” que permita a las instituciones hospitalarias obtener solvencia financiera. Han solicitado que todas las EPS sean incluidas en este proceso y que la Superintendencia Nacional de Salud intervenga para asegurar que se realicen los giros con los porcentajes adecuados para garantizar recursos suficientes para las IPS.

Otra propuesta importante es la “desinversión de las reservas técnicas” de las EPS, que según la ACHC ascienden a los 18 billones de pesos. Estos recursos podrían ser destinados directamente a las clínicas y hospitales para ayudar a aliviar la crisis financiera que enfrentan.

Ante esta grave crisis en el sistema de salud colombiano, la ACHC ha propuesto una serie de medidas al ministro de Salud: La implementación urgente del Giro Directo universal, que involucraría a todas las EPS bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud y garantizaría giros adecuados hacia las IPS; la desinversión de las reservas técnicas de las EPS para proporcionar liquidez a la red hospitalaria; La ampliación del cupo de redescuento de créditos autorizado a Findeter, dirigido a la liquidez del sistema de salud; La asignación de recursos para la compra de cartera a las IPS y la exploración de mecanismos adicionales para el pago de las obligaciones adquiridas por las EPS; La revisión y optimización de los tiempos para el cobro de las atenciones con SOAT, con el objetivo de agilizar el proceso y evitar retrasos en la emisión de certificados y a destinación de 0.5 puntos del IVA social al Sistema de Salud para mejorar la liquidez del sistema prestador de servicios de salud.

Contexto del primer semestre de 2023

Según el informe de cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), a mayo de 2023, las EPS del régimen contributivo son los mayores deudores, acumulando una deuda de $7.1 billones, con un alarmante 52,4 % en mora. Entre las entidades más endeudadas se encontraban la Nueva EPS con $2.1 billones y una morosidad del 42,7 %, Sanitas EPS con una deuda de $825 655 millones y un 40,4 % en mora, y Sura EPS con una deuda de $628 974 millones y un 29 % de deudas pendientes por más de 60 días.

Por otro lado, las EPS del régimen subsidiado presentaban una deuda significativa, alcanzando los $3.2 billones, lo que representa el 22,8 % del total de la deuda, con una morosidad del 61 %. Entre las EPS-S más endeudadas estaba Savia Salud con $438 183 millones y una morosidad del 31 %, Emssanar con una deuda de $410 820 millones y un 43,4 % en mora, y Asmet Salud con una deuda de $303 658 millones y un 49,8 % de deudas pendientes por más de 60 días.

Además, las EPS que estaban bajo alguna medida de la Superintendencia Nacional de Salud, como intervención, vigilancia especial o programa de recuperación, presentaban una deuda que superaba los $1.6 billones, con una morosidad que supera el 43 %.

En cuanto a la categoría Estado, que incluye las deudas de Entidades Territoriales de Salud, el extinto Fosyga, la ADRES y otras entidades como fuerzas militares, Policía Nacional y magisterio, su deuda superaba los $1.2 billones de pesos, con un 74 % en mora.

Las Aseguradoras SOAT también tenían una deuda de $271 944 millones de pesos, con el 61,7 % en mora. Las entidades más endeudadas en esta categoría eran Mundial de Seguros, la Previsora y Axa Colpatria, quienes deben un total de $151 717 millones a las instituciones hospitalarias reportantes.

Para el director de la ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia, “hay una necesidad de implementar medidas como el Giro Directo universal a los prestadores, la creación de un fondo de garantías para respaldar las deudas de las EPS liquidadas, la transparencia en la gestión de las entidades y el uso de las reservas técnicas de las EPS para el pago de deudas y la inyección de liquidez en el sistema de salud”. Además, ha destacado la importancia de que la reforma a la salud que se está tramitando en el Congreso de la República incluya cambios para mejorar la tenencia y el flujo de los recursos en el sistema y promueva la transparencia en la gestión de los recursos de la salud.

Análisis económico de la situación

La utilidad neta de una empresa se obtiene restando los gastos y costos de los ingresos. En el caso de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, sus ingresos provienen principalmente de las primas anticipadas mensuales que el gobierno entrega, conocidas como UPC. Los gastos incluyen los recursos utilizados para administrar la EPS, como salarios, alquileres, servicios y honorarios, entre otros. Los costos reflejan el valor de las atenciones en salud durante un período determinado, y son iguales a los que se reflejan en los ingresos y gastos.

Es esencial notar que las normas de Información Financiera requieren que las empresas contabilicen los costos futuros en el momento en que se conocen, esto se llama “costos anticipados”. Esto significa que los costos reflejados en los estados financieros son una combinación de costos que ya han ocurrido y aquellos que se esperan en el futuro, calculados mediante métodos actuariales. Esta práctica permite tener una visión precisa de la situación financiera de la empresa con anticipación. Si los costos se contabilizan cuando ocurren, existe el riesgo de que la empresa no tenga los recursos necesarios para cubrirlos.

Además, las normas también establecen que estos costos futuros deben reflejarse mediante la creación de reservas técnicas, que se registran como pasivos en forma de deudas o compromisos asumidos por la EPS. Para cumplir con esta norma, la ley exige que las inversiones se realicen en instrumentos respaldados y certificados por el Estado y que sean de rápida conversión. Esto garantiza que cuando los costos futuros comprometidos se hagan efectivos, la EPS tenga los recursos necesarios para cubrirlos.

La falta de inversión o un déficit en las reservas técnicas, incluso si no se cumple totalmente con la norma, puede tener un impacto significativo en los estados financieros. En este tipo de análisis, es esencial observar el panorama general de los estados financieros en lugar de considerar cada detalle de manera aislada.

Actualmente, se ha identificado una fuga de recursos, que asciende a 11.4 billones de pesos, relacionada con las EPS en Colombia. Esta fuga de capital representa dinero público que las EPS afirman haber utilizado, pero que, de manera fraudulenta, han sacado del sistema para otros fines.