El panorama financiero del aseguramiento en salud en Colombia, durante los últimos siete años (2016- 2022), se presenta como un enigma que exige una evaluación exhaustiva. Los datos más recientes, actualizados hasta junio de 2023, ofrecen una visión reveladora de la gestión económica de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y su impacto en el sistema de salud del país.

Este análisis retrospectivo se erige como una herramienta indispensable para desentrañar la compleja trama financiera que sustenta el sistema de salud colombiano. En este período de tiempo hemos sido testigos de un incremento constante de los ingresos y los gastos en salud, una paradoja financiera que demanda una profunda exploración.

El crecimiento constante tanto de los ingresos como de los gastos en salud plantea desafíos cruciales sobre la sostenibilidad financiera del sistema, uno de ellos es el costo médico o de producción de servicios de salud, el cual desempeña un papel fundamental en la gestión financiera de las aseguradoras de salud. Este costo refleja las obligaciones financieras de los prestadores de servicios por las atenciones brindadas, y se convierte en una medida numérica de las cargas financieras que enfrentan las aseguradoras.

Este desafío contribuye al aumento de las pérdidas operativas y netas, generando un impacto negativo en indicadores esenciales como la solvencia, la permanencia, el endeudamiento y la rentabilidad, lo que, en última instancia, puede resultar en el incumplimiento frente a las entidades reguladoras, como la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).

Los datos revelan un panorama complejo

Durante este período, los ingresos operativos (UPC) experimentaron un aumento del 100 %, al igual que los gastos operativos, mientras que los gastos administrativos crecieron casi un 300 %. La pérdida se incrementó en un 137 % y el patrimonio se mantuvo negativo en -$2.8 billones. Estos indicadores son síntomas evidentes de una crisis financiera que exige una reforma integral, inclusiva y desprovista de agendas e intereses que no estén alineados con el bienestar y la salud de los pacientes.

Además de las cifras mencionadas, las pérdidas acumuladas en estos siete años ascienden a -$8.6 billones, lo que representa una preocupante descapitalización del sistema de salud. Las deudas, que superan los $14 billones, ponen a numerosos proveedores de servicios en alto riesgo de mantener sus operaciones, lo que amenaza la salud y la vida de los ciudadanos.

El aumento sustancial de los ingresos operativos refleja la importancia que la sociedad colombiana concede al sistema de salud. Sin embargo, se hace necesario evaluar cómo se están gestionando estos recursos, dado que el crecimiento de los costos y gastos administrativos ha generado desafíos financieros significativos.

Resultados financieros de las EPS (2016-2022 y a junio de 2023)

Fuente: Catálogos SNS - Cálculos Jaime Alberto Peláez Quintero, Especialista en economía de la salud, UPB.

Nota 1. En 2021 los Otros Ingresos No Operacionales resultaron del neto entre Otros Ingresos No Operacionales y Otros Gastos No Operacionales, siendo positivo este cálculo.

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Este fenómeno exige un análisis detenido, ya que podría tener repercusiones cruciales para la estabilidad financiera del sistema de salud en el país. A pesar de que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han desempeñado un papel en la contención de costos mediante la autorización y ordenación de servicios, la falta de claridad en cuanto a si el nuevo proyecto de reforma incorpora mecanismos efectivos de control previo, perceptivo y posterior plantea interrogantes sobre una mayor exposición al riesgo financiero, lo que podría poner en peligro la sostenibilidad financiera a corto plazo.

Para algunos, el crecimiento constante del gasto en salud sugiere que, a pesar de asignar y dispersar más recursos en el financiamiento de la salud, la salud de la población no mejora de manera proporcional. Otros sostienen que este aumento es natural, dado el avance tecnológico, los cambios demográficos, las transformaciones económicas y sociales, así como las expectativas cambiantes de los pacientes, junto con las presiones legales que el sistema de salud enfrenta.

Un debate en curso se centra en si existe un incentivo adverso a gastar más a medida que se disponen de mayores recursos, lo que podría explicar el aparente desajuste entre los recursos y la demanda de servicios de salud. No obstante, también se argumenta que las necesidades de atención médica están en constante crecimiento y los recursos son inherentemente limitados, lo que justifica la asignación continua de nuevos recursos.

La relación entre los ingresos dispuestos (UPC) y los costos incurridos (facturación de los proveedores) se traduce en la siniestralidad, que ha permanecido constante en un 98 %. Esto significa que solo queda un margen del 2 % para cubrir los gastos administrativos, que varían entre el 6, 69 % (2016) y el 6,14 % (junio de 2023). Esta brecha resulta en una pérdida contable que supera el 4 %.

El gasto administrativo ha experimentado un crecimiento nominal del 298,31 %, pasando de $2.3 billones en 2016 a $4.6 billones en 2022. Este aumento supera considerablemente el crecimiento de los ingresos operativos y los costos de producción, lo que resulta en una pérdida contable acumulada.

La acumulación de pérdidas contables y la disminución de los patrimonios de las aseguradoras en salud son señales de alarma que requieren una atención inmediata. La reforma del sistema de salud en Colombia debe abordar con meticulosidad estas complejas dinámicas financieras. La eliminación del gasto administrativo debe ser calculada cuidadosamente, considerando las funciones esenciales para la operación del sistema y garantizando mayor eficiencia técnica y transparencia en la gestión de recursos.

En última instancia, la sostenibilidad y calidad del sistema de salud colombiano dependen de la capacidad para encontrar un equilibrio entre los recursos disponibles y las crecientes demandas de atención médica. La toma de decisiones basada en datos y cifras es esencial para asegurar el derecho de todos los ciudadanos colombianos a recibir atención médica efectiva y de calidad.