¿Y la propuesta fiscal de la reforma a la salud?

La importancia de una financiación eficiente de la salud es poder centrar la movilización, la acumulación y la asignación de recursos para cubrir las necesidades de la población. Frente a ello, durante años se ha expuesto que los sistemas de financiación deben diseñarse específicamente para facilitar el acceso a servicios sanitarios (incluida la prevención, la promoción, el tratamiento y la rehabilitación) de calidad para que sean eficaces; y para garantizar que el uso de estos servicios no exponga al usuario a dificultades financieras.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es un imperativo ético el asegurarse de que los recursos financieros para la cobertura universal de salud se gasten en forma adecuada y transparente; lo que permite ofrecer más servicios, de mejor calidad a toda la población y en particular a los grupos en condiciones de vulnerabilidad”.

Esto entonces conlleva a comprender que la falta de financiamiento adecuado y la ineficiencia en el uso de los recursos disponibles representan retos importantes en el avance hacia el acceso y la cobertura universal en salud.

Para la OMS, “a menudo se intenta resolver la falta persistente de recursos financieros para el sector de la salud a través del uso del pago directo en el momento de la prestación de servicios. Este tipo de estrategias financieras crea obstáculos para acceder a los servicios y tiene consecuencias negativas en los resultados de salud para las personas y comunidades. Además, aumenta el riesgo de que las personas deban incurrir en gastos catastróficos al acceder a los servicios de salud, lo que a su vez puede llevar al empobrecimiento”.

La relación entre el gasto de los hogares en salud y el gasto de bolsillo depende de muchos factores, como el acceso a seguros de salud, los costos de atención médica y la disponibilidad de programas gubernamentales de atención médica. Según expuso el Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia (GES): “En general, cuanto mayor sea el acceso a seguros de salud y programas gubernamentales, menor será el gasto de bolsillo en salud. Para explicar este comportamiento es bueno tener presente que la naturaleza de la demanda de bienes y servicios en el mercado proviene, por lo general, de hechos impredecibles”.

Asimismo, el GES enfatizó que “en el caso colombiano, en promedio un hogar destina el 1,71 % de su gasto a salud, sin incluir seguros privados, siendo uno de los países del continente en donde este indicador es más bajo, incluso si se compara con países de la OCDE”.

Ahora, frente a la financiación, el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) expone en el articulado de la reforma, radicado en el Congreso, que “el sistema de salud se fundamentará en el aseguramiento social en salud como la garantía que brinda el Estado para la atención integral en salud de toda la población, ordenando fuentes de financiamiento, agrupando recursos financieros del sistema de salud de forma solidaria, con criterios de equidad, con un sistema de gestión de riesgos financieros y de salud, dirigido y controlado por el Estado”.

La entidad puntualizó: “En este contexto, se establecerá el modelo de atención; el financiamiento y la administración de los recursos; la prestación integral de los servicios para la atención en salud con la participación de las entidades públicas, privadas y mixtas pertenecientes al sector; el sistema integrado de información en salud; la inspección, vigilancia y control; la participación social y los criterios para la definición, implementación y el monitoreo de la eficacia de las políticas públicas, incluyendo las de ciencia, innovación, medicamentos, tecnologías en salud, formación y condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud. Además, se especificará la disponibilidad tanto de recursos presupuestales en el marco de la sostenibilidad fiscal de corto, mediano y largo plazos, como del recurso humano y de su capacitación y formación a través del tiempo”.

Sin embargo, a finales del 27 de febrero, la financiación de la reforma a la salud le preocupa al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al exministro de Educación, Alejandro Gaviria, a la ministra de Agricultura, Cecilia López, y al director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. Según indicaban, esto implicará enormes gastos fiscales para el Estado y no significa que se verá una mejora en el acceso a los servicios de salud.

Los funcionarios del gobierno mencionan que la Atención Primaria en Salud se duplicaría con la implementación de la reforma, pasando de $8.7 billones a $16.9 billones en 2023. Lo que significaría un impacto fiscal de $8.1 billones.

“El Ministerio de Hacienda pone en consideración que el proyecto en análisis, de ser sancionado como ley, produciría un impacto en las finanzas de la Nación”, se lee en el documento, en el cual se precisa que, con la reforma propuesta, el gasto en Atención Primaria en Salud crecería, en promedio, $2.5 billones cada año.

Ante dicha información, la ministra de Salud, Carolina Corcho, argumentó: “Evidentemente este es un documento de trabajo presentado en el núcleo del comité político por los ministros en cuestión y que fue sometido a discusión, como dice el presidente, fueron muchas horas”. Además puntualizó que la propuesta fiscal está en construcción y se conocerá el día de la ponencia del proyecto de ley.

A lo que agregó: “Seguimos avanzando en la propuesta de tipo fiscal y financiera con el Ministerio de Hacienda. Se radicó en el proyecto de ley una propuesta que todavía se está ajustando para la ponencia, pero es un proyecto que cumple la regla fiscal, la viabilidad que se requiere, por supuesto que requiere transición y tiempos, ya se están aclarando las cifras”.

Días después de conocerse el documento filtrado, el Ministerio de Hacienda también se pronunció sobre el tema, y desde allí aseguraron que la reforma costará nueve billones de pesos en el 2024. De estos, $5.49 billones corresponden a gastos directos, entre los que se cuentan los Centros de Atención Primaria en Salud (CAP), el fortalecimiento de la Red Pública, gastos de infraestructura, becas, sistema de información y saneamiento de hospitales. A lo que se suman $3.54 billones de gastos contingentes, que refieren como gastos en infraestructura y en capitalización de Nueva EPS.

¿Qué se opina desde el legislativo?

Norma Hurtado, senadora de La U y presidenta de la Comisión Séptima del Senado, también ha abordado a Ocampo. El 16 de enero le envió un derecho de petición en este sentido: “El Gobierno ha informado que en febrero radicará el proyecto de la reforma a la salud. Es vital conocer los costos detallados del proyecto y si requerirán nuevas fuentes de financiación. Se habla de desconcentración de la ADRES, colocando regionales de esta entidad, quienes harán algunas funciones operativas de las EPS. ¿Cuánto cuestan estas regionales? ¿Con qué recursos se van a financiar?”.

El 21 de febrero, Ocampo recibió otra solicitud de los senadores Humberto de la Calle, Carolina Arbeláez, Jonathan Pulido, Paloma Valencia, David Luna y Jorge Benedetti, además de los representantes Daniel Carvalho, Catherine Juvinao, Víctor Andrés Tovar y Julia Miranda.

“Le pedimos al ministro aclarar preocupaciones fiscales en la reforma a la salud. Varios rubros no cuentan con información. Preocupa que la falta de recursos asegurados ponga en riesgo el acceso a la salud de 50 millones de colombianos”, explicó De la Calle.

Ocampo presentará su informe fiscal cuando esté listo. Pero la idea es que el debate de la reforma a la salud en el Congreso se dé con un escenario fiscal claro. De lo contrario, la discusión será inocua.