MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 287 AGOSTO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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La atención integral del cáncer ha estado sujeta a las implicaciones de los cambios normativos recientes relacionados con su atención, de ahí que el tema haya tomado relevancia en la discusión de los diferentes actores en las últimas semanas.
Son varias las discusiones que exponen los retos que hay dentro del sistema, como la necesidad latente de armonizar los recursos y sus expectativas, de fortalecer las nuevas inclusiones en el Plan de Beneficios, de realizar oportunamente los ajustes en las modalidades de pago y el giro directo y la auditoría en la compra de medicamentos.
En cuanto a los cambios normativos frente al cáncer, los principales ajustes dados para el 2022, según afirmó Jennifer Lorena Ortiz Melo, asesora del despacho del Ministerio de Salud y médica epidemióloga, estos están pensados desde “la inclusión de proveedores de tecnología en salud, la estandarización de parámetros sobre la necesidad de la oferta de acuerdo con agrupadores, la automatización del proceso de habilitación, continuidad, novedades y cálculos de suficiencia. Además de la eliminación de requisitos documentales, de la definición y criterios de operación de servicios primarios y complementarios a nivel territorial”.
Igualmente, Ortiz señaló que existen otros aspectos importantes, tales como “la definición de los tiempos para el ajuste frente a las alertas por novedades de red, la identificación de los servicios a nivel de la IPS primaria de adscripción del usuario, el cálculo de la suficiencia de red de acuerdo con las necesidades en salud de la población afiliada, la disposición de información de los indicadores relacionados con la suficiencia de red en el Sistema de Información de Redes y la validación de esta”.
En relación con los nuevos decretos y lo que esto implicará para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, sobresale el decreto 647 de 2022, en que se expone como objetivo inicial la identificación de la población menor de edad con presunción o diagnóstico del cáncer, además de la prelación del pago de las facturas. En este segundo, según explicó el Ministerio, “todas las EPS y las entidades adaptadas deberán realizar primero el pago de las atenciones en salud a la población menor de edad con presunción o diagnóstico de cáncer a las IPS”.
Cabe destacar que las EPS que no cumplan con el indicador de patrimonio adecuado de conformidad con el resultado publicado mensualmente por la Superintendencia Nacional de Salud, deberán realizar la programación del giro directo a través de la ADRES.
En 2021, los procedimientos financiados con UPC fueron 8 529, con un porcentaje del 89, 93 %, estos aumentaron para el 2022 a 9 197 (96,9 %). En cuanto a los procedimientos financiados por los Presupuestos Máximos, para el año pasado fueron de 937, con un valor porcentual del 9,88 %, estos disminuyeron para el año actual, quedando en la financiación de 237 procedimientos, lo que corresponde a un 2,9 %.
Por el lado de las exclusiones, el año pasado se cubrieron 14 procedimientos, lo que representa un 0,15 % , y aumentaron en 2022 a 18, con un 0,19 %.
También se originaron otros ajustes, como, por ejemplo, la ampliación de recursos de la UPC, en el que se incluyeron 997 grupos relevantes que presentan 21.042 CUMS- Código Único Nacional de Medicamentos. En este caso, se realizaron 702 estrategias de actualización, por número de principios activos y 4535 por número de registros sanitarios.
Para la doctora Liliana Alexandra Upegui, Coordinadora Médica Nacional de Servicios no PBS de la EPS SURA, “el reto ha sido grande, y se ha visto plasmado en el decreto, en el cual se invita a entender los ciclos completos de los modelos de atención”.
Y argumenta: “es necesario conocer y tener una aproximación a la población que se quiere ingresar dentro del modelo. Esto, a su vez, es una oportunidad para resolver las necesidades de la población, en los que los modelos no sean fragmentados”.
Otro impacto está dado en la monitorización, ya que esta cambia. Según Upegui, “se hace de una manera mucho más oportuna, de acuerdo entre las partes. Esto es significativo, puesto que se tenían unas deudas importantes y es ahí donde hemos avanzado bastante”.
Por su parte, JAIME GONZÁLEZ, secretario ejecutivo de la Asociación Colombiana de hematología y Oncología – ACHO-, expresó que: “la inclusión de medicamentos permite cerrar brechas de equidad, y se espera que el Decreto 441 de 2022 no se convierta en una norma más, de esas que pocas veces se aplican”.
González también señala que “el cambio de paradigma y la generación de negociación permite la protección del usuario y habla de resultados en salud. Sin embargo, hay una gran preocupación, pues al tener todas las terapias incluidas, somos vistos como los prescriptores del alto costo y lo que no se ve son los pacientes que están llegando con etapas avanzadas de la enfermedad. Por ello, es importante recordar que el cáncer es una enfermedad de gestión poblacional”.
Por su parte, Juan José Pérez, subdirector Administrativo y Financiero del Instituto Nacional de Cancerología INS, admite que el principal objetivo ha sido conseguir resultados en salud. “En cuanto a las oportunidades, se puede fortalecer el valor en salud, conocer los datos de las enfermedades y tomar decisiones con base en los indicadores y tener mayor eficiencia”.
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