Las cifras del PRASS

El 22 de julio de 2020 el gobierno nacional anunció que pondría en marcha un programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, al que denominó PRASS, y que tendría el objetivo de hacer monitoreo y seguimiento de casos y contactos de COVID-19.

La idea era que estuviera integrado a la vigilancia en salud pública consistente en hacer seguimiento a los casos confirmados y contactos para sí desacelerar los contagios, y se agregaba que la búsqueda activa se complementaría con rastreos personalizados adelantados por equipos de vigilancia epidemiológica, llamadas telefónicas y el uso de la aplicación Coronapp Pro.

El aislamiento selectivo sostenible consistía en un aislamiento obligatorio de todas las personas positivas, sus contactos, sintomáticos o no, durante la totalidad del periodo infeccioso. Como un complemento se planteó que las autoridades sanitarias podrían efectuar cercos epidemiológicos en áreas geográficas con alto número de casos, y que los afiliados cotizantes del régimen contributivo recibirían recursos económicos derivados de la figura de incapacidad laboral, con lo que se garantizaba su aislamiento extendido al grupo familiar; para el caso del régimen subsidiado se reconocería una compensación económica temporal por una única vez financiada con recursos del FOME.

En ese momento el ministro de salud y protección social, Fernando Ruiz, afirmó: “a partir de todo lo que implica la apertura económica, hemos decidido diseñar una estrategia que nos permita trabajar en el aislamiento selectivo de poblaciones”. Y agregaba: “Esto significa aumentar capacidad de pruebas, detección, aislamiento definido y una trazabilidad. Consiste en una estrategia de rastreo ampliado, que fortalece el trabajo que ya viene haciendo el Ministerio de salud, el Instituto Nacional de Salud y los entes territoriales”.

En palabras simples, el PRASS era la estrategia del gobierno para romper la cadena de contagios de coronavirus en el país, acabando con las cuarentenas generalizadas a la vez que se comenzaba una reactivación gradual de la economía. <

Esta reactivación económica en medio de la pandemia se lograría, según palabras del entonces director encargado de Epidemiología y Demografía del Minsalud, Julián Alfredo Fernández Niño, porque el aislamiento selectivo consistiría en separar solo a las personas enfermas o potencialmente enfermas (expuestas) y así reducir la probabilidad de contagiar y disminuir la velocidad de transmisión de una forma selectiva, y afirmaba: “para que sea efectiva, se requiere de una alta capacidad de rastreo de casos y contactos, pero además, garantizar el aislamiento”. El tiempo de aislamiento se definió en 14 días, y destacó que el rastreo de contactos era una de las estrategias epidemiológicas utilizadas y requeridas.

A un año del anuncio, y más de seis meses después de la implementación, EL PULSO buscó a través de un derecho de petición dirigido al Ministerio de Salud hacer un balance de los resultados del PRASS y conocer la opinión de los funcionarios responsables de la estrategia sobre el desarrollo de la misma. Al cierre de esta edición, y pasados más de 60 días, el ministerio no ha respondido ni se ha manifestado al respecto, por lo que para el presente análisis nos remitimos a las cifras que aparecen publicadas en los sitios web del Minsalud y a la opinión de diferentes actores del sistema de salud.

El PRASS en acción

Una vez conocidos los componentes del PRASS, desde diferentes sectores de la salud se resaltó su buena elaboración técnica aunque algunos comentarios señalaron las dificultades que tendría para aplicarse en Colombia debido a nuestras características socioeconómicas y las particularidades del SGSSS. La estrategia se ajustaba entre otros a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y había sido aplicada con éxito en países como Inglaterra.

Según la OMS, para enfrentar la pandemia era necesario adelantar procesos de detección, evaluar y decidir qué hacer con las personas expuestas a la enfermedad, a fin de evitar que la transmisión continuara. “En el caso del núcleo familiar. Al ser contacto de alto riesgo se debe aislar inmediatamente a todos sin necesidad de prueba, con excepción de aquellas personas con factores de riesgo” indicaba la organización, y enfatizaba que “cuando esta medida se aplica sistemáticamente, interrumpe la cadena de transmisión y representa un instrumento esencial de salud pública para controlar los brotes epidémicos”.

Sin embargo en el país las cosas no marcharon tan bien como se esperaba. Los cercos epidemiológicos territoriales fueron implementados por muy pocas autoridades locales, destacándose Bogotá como la ciudad más activa en esta tarea, y algunas acciones en Cartagena, Cali, Buenaventura, y unos pocos lugares más. En cuanto al rastreo de casos, como lo ha señalado en varias oportunidades el doctor Julio Alberto Rincón director ejecutivo de Cosesam, funcionó muy al principio cuando estuvo asignado como tarea a los entes territoriales, sin embargo después la responsabilidad se trasladó a las EPS y allí el seguimiento perdió continuidad y trazabilidad.

El cambio del rastreo hacia las EPS se dio a pesar de los comentarios del alto gobierno con funcionarios como el viceministro de salud pública Luis Alexander Moscoso Osorio quien manifestó que: “los departamentos con los municipios y distritos son los líderes y operativizadores del programa en conjunto con las EPS. Este es un trabajo articulado entre todos: la nación, que dará un apoyo a través del call center y seguimiento, pero también a través de los entes territoriales que van a hacer seguimiento de las cadenas de contactos, grupos de riesgo y los hipercontagiadores”.

Cifras poco alentadoras

Partiendo de las declaraciones del gobierno que señalan la importancia de un buen rastreo de casos positivos como de contactos, las cifras no resultan alentadoras.

El seguimiento a los viajeros resulta especialmente importante en la medida en que si bien el SARS-CoV-2 circula en el país desde marzo de 2020, controlar la llegada de nuevas variantes es fundamental para evitar el agravamiento de la pandemia. Países como Australia, Nueva Zelanda, mantienen sus fronteras cerradas casi completamente, y otros europeos como España y Francia las han cerrado selectivamente frente a los países (Colombia incluida) donde hay presencia de las nuevas cepas.

Según las declaraciones entregadas por viajeros a Migración Colombia y con corte al 29 de mayo de 2021, de los extranjeros llegados al país un 87,95 y un 78,03 de nacionales se habían practicado una prueba PCR en el lugar de origen del viaje, sin embargo en el transcurso del año ha habido cierta variabilidad. El 10 de enero el porcentaje de extranjeros era de 67, 37 y el de nacionales de 45,87; la cantidad más alta registrada por los extranjeros fue el 13 de febrero con 94,41 mientras la de nacionales el 14 de abril con 78,27 %.

Solo el 0,85 de los extranjeros y el 2,49 de los nacionales, que llegaron sin pruebas, manifestaron tener intención de realizársela en el país, con lo que no se cumple ni mínimamente el control sobre el grupo de personas que han circulado por el territorio sin saberse si eran portadores o no, esto debido a que la prueba se dejó a la voluntad de cada persona. De ese mismo grupo solo un 7,63 % de los extranjeros y un 12,38 % de los nacionales manifestaron que realizarían un aislamiento en Colombia.

En cuanto al rastreo de contactos, el 29 de julio la mediana era de 2,0 siendo en el percentil 25 de 1,0 y en el percentil 75 de 3,0; la mediana más alta se registró el 29 de mayo con 9,0 siendo igual en los percentiles de 25 y 75; la razón de contactos reportada por el PRASS es de 1,92 en 2021, 1,89 en 2020 para un total de 1,86.

El porcentaje de casos con seguimiento en el país asciende al 91,34 %, sin embargo en la población no afiliada este solo llega al 53,97 % y en los sospechosos SIVIGILA al 81,74 %. Por entes territoriales los únicos que tienen un comportamiento calificado como regular (60 – 79 %) son el Chocó y Vichada, con 77,71 y 78,36 respectivamente. La mayoría de los departamentos superan el 90 %.