MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 272 MAYO DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
La aspersión con glifosato genera un debate que se agudiza ahora con la decisión del estado colombiano de reiniciarla para la erradicación de cultivos ilícitos. Esta vez los análisis se amplían gracias a nuevas tesis que giran en torno del herbicida, sus impactos para la salud y el medio ambiente y su uso. Con el Decreto 380 de 2021 el gobierno asegura estar cumpliendo uno de los requisitos (regular la erradicación de cultivos ilícitos) que desde 2017 impuso la Corte Constitucional para retomar la aspersión aérea con glifosato.
Para Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), este decreto significa que se abre “una oportunidad de tener una mejor aspersión aérea. El gobierno hizo un esfuerzo para que tengamos un programa de aspersión con precisión y un proceso de monitoreo y seguimiento mucho más robusto que en épocas anteriores”.
A la vez, la investigadora hizo énfasis en las responsabilidades que se le asignan en la norma al Ministerio de Ambiente, al de Salud, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y al Instituto Nacional de Salud, para que reporten periódicamente al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) los eventuales daños que pueda traer el glifosato para la salud y el medioambiente, y crea un trámite para las quejas de las comunidades expuestas al herbicida.
De otro lado, la directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), de la Universidad de los Andes, María Alejandra Vélez, dice que “el decreto se enfoca en la reacción y no en la prevención, pues explica cómo se van a tramitar las quejas de posibles afectaciones, pero no cómo prevenirlas”.
De igual forma, Isabel Pereira, coordinadora del área de drogas de De justicia, cuestionó la decisión. Según ella, “quedó en manos de unas entidades que no tienen presencia territorial muy amplia”: la ANLA y el Instituto Colombiano Agropecuario y Fonvivienda.
Según manifestó la entidad: “Bajo las condiciones de operación descritas en la modificación al Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG), el riesgo a la salud al que se hallaría sujeta la población habitante del primer núcleo potencial de aspersión es bajo”.
El INS aclaró que el concepto previo y la evaluación de riesgo aplica solo para los municipios que componen el núcleo de fumigación estudiado: Calamar, El Retorno, Miraflores, San José del Guaviare, La Macarena, Mapiripán, Puerto Rico, Vistahermosa, Puerto Lleras, Puerto Concordia y Cumaribo. Además, enfatizó que, de cambiar las condiciones de operación, por ejemplo, usar otro tipo de aeronaves, otros componentes o concentraciones de la mezcla a asperjar, utilizar boquillas que le produzcan gotas de distinto tamaño o repetir la aspersión en un mismo predio a una velocidad o altura de la aeronave sobre el suelo distintas de las contempladas, “los resultados y conclusiones derivadas de la evaluación de riesgo efectuada no podrían extrapolarse a esta nueva situación”.
Durante años el glifosato fue mercadeado como un herbicida de baja toxicidad. Sin embargo, esta baja toxicidad ha sido cuestionada en varios estudios y análisis sistemáticos que ponen en evidencia su impacto sobre la salud. Sin embargo, otras entidades colombianas e internacionales avalan su uso.
Uno de los estudios que evidenciaría los efectos negativos en la salud, fue publicado en 2015 por la Agencia Internacional de Estudios sobre Cáncer- IARC, elaborado por 17 expertos de once países que recopilaron datos epidemiológicos, bioensayos e información sobre los mecanismos de acción del glifosato. Este aborda 403 estudios que fueron publicados entre 1977 y 2015 en revistas científicas arbitradas o a versiones finales de reportes gubernamentales.
Las conclusiones señalan que existe “evidencia suficiente en animales sobre un nexo “causal” entre la exposición al glifosato y algunos tipos de cáncer. Además, existe evidencia parcial en humanos sobre una asociación entre glifosato y cáncer”.
El INS expresó que “las conclusiones obtenidas por la IARC, no llevan a un escenario real de cambio en el nivel de riesgo para la salud de la población que potencialmente pueda verse expuesta accidentalmente al herbicida, bajo sus condiciones actuales de uso en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea”.
Y agregó: “es poco probable que dicha concentración alcance niveles que representen un riesgo serio para la salud por exposición aguda”.
En cuanto a los estudios científicos, cabe resaltar que son pocos los realizados. Sin embargo, un estudio realizado para Colombia publicado después de 2015, muestra que el glifosato afecta los resultados en salud de las poblaciones expuestas y sugiere que representa un problema relevante de salud pública.
El estudio para el caso de Colombia, analiza los efectos sobre la salud de las aspersiones aéreas con glifosato de cultivos de coca entre los años 2003 y 2007, el período de mayor intensidad en las aspersiones.
Según afirmaron los autores del estudio “The health consequences of aerial spraying of illicit crops: the case of Colombia”, Daniel Mejía y Adriana Camacho, los resultados “muestran que, a mayor número de hectáreas asperjadas, mayores fueron las consultas por problemas dermatológicos y respiratorios, y mayores también los abortos espontáneos. Fueron examinados más de 45 millones de registros. Los aumentos porcentuales están cercanos al 1 % para los problemas dermatológicos y respiratorios, y al 10 % para los abortos espontáneos”. Según se argumenta en el trabajo, se produjeron miles de problemas de salud y cientos de abortos cada año.
De otro lado, el articulo “Glyphosate use in agriculture and birth outcomes of surrounding populations”, publicado en febrero del 2019 por Rodrigo Soares de la Universidad de Columbia, y sus coautores, examinan los efectos del incremento en el uso glifosato sobre algunos indicadores de salud infantil. Los autores muestran que el glifosato al contaminar las fuentes de agua, incrementa la mortalidad infantil casi en una muerte adicional por cada mil niños nacidos vivos.
En el artículo se afirma que: “En la muestra analizada, el mayor uso del glifosato está asociado con más de 500 muertes adicionales de niños, todo ello como consecuencia de mayores enfermedades perinatales y respiratorias. Además, está asociado con mayores nacimientos pre término y una mayor incidencia del bajo peso al nacer y mayor mortalidad infantil”.
Por su parte, Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes y ex ministro de salud, señala que: “los estudios disponibles muestran que fumigar una hectárea cuesta más de 70 mil dólares al año, que para erradicar una hectárea de manera permanente hay que fumigar 30, y que la resiembra es muy alta. Hay mucha mayor certeza sobre el costo de las aspersiones sobre la salud (que es muy alto), que sobre su beneficio como política antidrogas que es incierto y, según los últimos estudios, muy bajo”.
A lo que añadió: “Los argumentos utilitaristas que ponderan los costos y beneficios, y los argumentos deontológicos que establecen ciertos principios, por ejemplo, que el estado no puede dañar la salud de la gente, coinciden en este caso. Las aspersiones no funcionan, imponen un costo muy alto sobre la salud de la gente y violan uno de los principios fundamentales de la Ley Estatutaria. Las aspersiones, creo yo, poniendo la evidencia sobre la mesa, son indefendibles desde cualquier visión ética”.
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- FAO el glifosato se encuentra entre los herbicidas de menor toxicidad, junto con el Dalapon, Asulam y la Simazina.
EL PULSO como un aporte a la buena calidad de la información en momentos de contingencia, pública y pone a disposición de toda la comunidad, los enlaces donde se pueden consultar de manera expedita todo lo relacionado con el Covid-19-
Tel: (4) 516 74 43
Cel: 3017547479
diana.arbelaez@sanvicentefundacion.com